Este martes comenzó la discusión en el Senado de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensionespresentado por el Ejecutivo durante la semana pasada y que pretende generar un mecanismo para solicitar la deuda alimentaria que tiene tres meses impagos o cinco meses de pagos parciales a la corte.

El debate tuvo lugar en la Comisión de Mujer e Igualdad de Género, con la presentación del proyecto por parte de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien señaló que nueve de cada 10 solicitantes son mujeres y que el 65% de las personas que no reciben pensión alimenticia corresponden a la población de menores ingresos de nuestro país.

El mecanismo de la ley funcionará a partir de una investigación que realizarán los juzgados de familia sobre los bienes del deudor, a través del sistema de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Servicio de Impuestos Internos (SII), cuentas bancarias e instrumentos de inversión, entre otros servicios del Estado. No obstante, en caso de que no exista patrimonio disponible, la deuda podrá ser cargada al fondo de pensiones por el monto total de la deuda.

Entre las preocupaciones expresadas por los senadores que integran la comisión se encuentran el gran número de solicitudes de liquidación que tendrán los juzgados de familia para hacer efectivos los pagos.

La senadora Paulina Núñez (Renovación Nacional), señaló sobre la agilización de los procesos judiciales para recibir y realizar los pagos. Los cuales, según el proyecto, tendrán un plazo de 48 horas para oficiar a las instituciones desde que se hace la solicitud por parte del afectado, mientras que cuentan con 10 días para reportar los saldos, movimientos e información para el pago efectivo. De la deuda.

“No me gustaría que aprobáramos esta ley y nos quedáramos del otro lado, desde los juzgados de familia, con un vacío desde el punto de vista de tener que hacerse cargo. Porque aquí ya no vamos a operar de manera excepcional, como eran los retiros, el trabajo que tenían que generar los juzgados, sino que tenemos un estándar medio lento, pero va a costar”, dijo el senador.

Al respecto, la ministra Orellana Señaló que si bien el trabajo que requieren las liquidaciones es alto, el poder judicial ya trabaja en la automatización de este proceso.

“De hecho, respecto a la retención del 10%, se abrió la posibilidad de saldar la deuda como un trámite fácil con clave única y a partir de noviembre de 2022 esta liquidación tendrá que ser de oficio por los tribunales, por lo que la automatización ya es un proceso en marcha, ” él explicó.

En cuanto a la posibilidad de Si se necesita un cambio en la ley de presupuesto para el próximo año, la ministra mencionó que “estoy totalmente de acuerdo en que aquellos servicios de los que depende el día a día de las mujeres son una prioridad, es en ese sentido que estamos tratando de construir la presupuesto 2023”.

El proyecto seguirá con su discusión con audiencias programadas para el próximo lunes.