En enero de 2020, solo meses después del llamado estallido social, un grupo transversal de diputados presentó un proyecto con el fin de sistematizar los delitos económicos y los ataques al medio ambiente y dar cumplimiento efectivo a las sanciones que de ellos se derivan. La iniciativa, respaldada por el Ejecutivo, ha avanzado rápidamente en el Congreso en los últimos meses; al punto que la Cámara Baja lo despachó este lunes, cuando los diputados aprobaron casi todo el texto proveniente del Senado por unanimidad con 132 votos.
La norma, en la que trabajó un grupo de importantes académicos encabezados por el penalista José Pedro Silva, busca mejorar significativamente las normas referidas a los delitos denominados popularmente de “cuello y corbata” y el cumplimiento real de las sanciones que les corresponden, ya que las señales que la opinión pública recibe respecto a estos delitos es que generalmente quedan impunes. Para avanzar en esta materia se consolidaron dos iniciativas y su principal impulsor en el Congreso ha sido el actual senador Matías Walker, pero con un apoyo transversal.
La determinación de la multa y su monto se hará bajo el sistema de “día-multa”, de manera que la multa sea proporcional a la gravedad del delito; y, finalmente, se introducen algunas inhabilitaciones especiales para el ejercicio de una función o cargo.
La iniciativa establece categorías de delitos, para tipificarlos como “delitos económicos”, y les aplica el estatuto diferenciado de penas: delitos que siempre serán económicos (delitos contra el Mercado de Valores o delitos bancarios); una segunda categoría determina que serán considerados delitos “económicos” cuando se cometan en el ejercicio de un cargo, función o cargo dentro de una empresa o cuando se cometan en beneficio de la misma (tales como delitos fiscales o delitos contra la ambiente); Una tercera categoría establece que serán considerados delitos económicos cuando sean cometidos por un funcionario público, siempre que haya intervenido alguien en el ejercicio de un cargo, función o cargo de una empresa o en beneficio de la misma (como el desfalco de fondos públicos, o soborno); y una cuarta categoría determina que el blanqueo y la recepción de dinero serán considerados delitos económicos, cuando tengan como base ilícita un delito considerado “económico”.
Catálogo de “delitos básicos”
Un segundo aspecto importante de la iniciativa es que establece un régimen especial para la determinación y sustitución de penas y la determinación del monto de las multas e inhabilitaciones especiales: Determinación de penas (agravantes y atenuantes): en un delito considerado económico, se aplicarán penas especialmente diseñadas por delitos económicos cuya gradualidad va de “simple” a “altamente calificada”, según su intensidad; régimen especial de cumplimiento sustitutivo: se aplica un catálogo especial de penas sustitutivas como la remisión condicional, la reclusión parcial en el domicilio y la reclusión parcial en establecimiento especial; la determinación de la multa y su cuantía se hará bajo el sistema novedoso -para nuestro país- de “días-multa”, de modo que la multa sea proporcional a la gravedad del delito; y, finalmente, algunas inhabilitaciones especiales para el ejercicio de función o cargo público y para el ejercicio de cargos directivos.
En cuanto a la creación de nuevos delitos, no hay tantos como algunos imaginan, lo que está claro es que los delitos medioambientales se están incluyendo en el catálogo de delitos económicos, como los “ataques contra el medio ambiente”, ya que se incorporan a los segundos. categoría de delitos económicos y pasan a formar parte de los delitos de los que puede ser responsable una persona jurídica.
La iniciativa también contempla que la condena por delitos económicos conlleva el decomiso de utilidades y, además, regula la existencia del decomiso sin condena previa en determinados casos.
En lo que respecta a las personas jurídicas, la medida amplía el catálogo de “delitos base” que pueden dar lugar a responsabilidad por el incumplimiento de los deberes de vigilancia y supervisión de la empresa. En este sentido, se establece que todos los delitos contemplados en las cuatro categorías de delitos económicos, más ilegales como la financiación del terrorismo, podrían dar lugar a responsabilidad penal empresarial. También pueden ser sancionadas penalmente las personas jurídicas religiosas de derecho público, los partidos políticos y las empresas, sociedades y universidades del Estado. Y, quizás lo más relevante, es que en determinados casos podría existir una pena de prisión efectiva.
Con la suscripción de más de 18,7 millones de nuevas acciones ordinarias en la compañía REE Uno, equivalentes al 20% de la propiedad, y por un monto de US$ 29,1 millones pagados al contado y otros US$ 9,7 millones que quedan pendientes, el 16 de abril el Grupo CAP concretó su alianza con Aclara Resources, firma que desarrolla en la zona de Penco un proyecto de tierras raras.
El pasado 16 de abril, la acerera chilena y la firma canadiense suscribieron también el pacto de accionistas de REE Uno. Esta compañía es filial de Aclara y dueña del proyecto Módulo Penco, que busca extraer tierras raras en esta localidad de la Región del Bío Bío, demandando una inversión en su primera fase de US$ 130 millones.
Según explicó la compañía norteamericana, CAP tiene una opción para invertir US$ 50 millones adicionales en REE Uno para obtener así una participación accionaria extra del 20% en esta compañía una vez que se obtenga el permiso ambiental requerido para el Módulo Penco. Una vez finalizada, esta inversión adicional permitiría a CAP alcanzar una participación del 40% en REE Uno. Esta segunda adquisición supone una valoración pre-money de REE Uno de US$ 150 millones, indicó Aclara Resources.
“El vehículo Tesla Cybertruck tiene tres motores que utilizan tierras raras, convirtiéndolo en un auto más potente y eficiente”, dijo el director ejecutivo de Aclara Resources.
Según la minera, “aprovechando la amplia experiencia de CAP en permisos ambientales de múltiples proyectos mineros en Chile, Aclara anticipa un mayor apoyo para la próxima solicitud de permiso de Evaluación de Impacto Ambiental con respecto al Módulo Penco”, señaló la firma. Y es que “la participación de CAP incluye una revisión exhaustiva y contribuciones constructivas a la preparación de la solicitud, así como acompañar a Aclara durante todo el proceso de revisión y aprobación por parte de las agencias ambientales chilenas”.
Nuevos productos
CAP y Aclara crearon, además, otra compañía, REE Alloys, donde CAP tendrá el 50% de la propiedad y desembolsó en ello US$ 3 millones adicionales esta semana.
Esta última firma creada por Aclara y Grupo CAP, tiene como objetivo desarrollar productos en base a aleaciones de hierro y tierras raras. De esta forma, el conglomerado chileno invirtió en total US$ 41,8 millones en estas dos compañías de tierras raras.
Aclara Resources -listada en la Bolsa de Toronto y en la que está presente el grupo peruano Hochschild- tiene además del proyecto en Penco, otro en Carina, estado de Goiás, Brasil, que es 10 veces más grande, pero está en una etapa más temprana de desarrollo. El acuerdo con CAP posibilita a la acerera acceder a estos estratégicos elementos en los dos países.
Además, CAP tiene la opción de entrar a directamente a la propiedad de Aclara Resources con el 19,9% de la participación accionaria y con ello la acerera tendrá derecho a nominar a un miembro de la junta directiva.
Tesla Cybertruck
Por su parte, Ramón Barúa, director ejecutivo de Aclara, detalló que mientras la mayoría de los yacimientos de estos materiales tiene neodimio y praseodimio, en Chile se encuentran principalmente disprosio y terbio, tierras raras escasas, pero al mismo tiempo críticas para combatir el cambio climático.
“El proyecto que estamos desarrollando en Penco tiene el potencial de convertir a Chile en un proveedor clave de tierras raras limpias, minerales esenciales para la descarbonización junto con el cobre y el litio”, dijo Barúa en su exposición en el marco de la Cesco Week Santiago. El ejecutivo destacó que las tierras raras tienen usos múltiples, pero se utilizan principalmente en los motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y robótica. “Un gran ejemplo es el vehículo Tesla Cybertruck, que tiene tres motores que utilizan tierras raras, convirtiéndolo en un auto más potente y eficiente”, afirmó.
Barúa precisó que la demanda global por disprosio y terbio crecerá más del doble en la próxima década, pasando de 3.410 toneladas a 7.965 toneladas, lo que generará un déficit que podría suplirse en parte con la producción de Aclara.
Mallplaza concretó una colocación de bonos por UF 3 millones (cerca de US$ 116 millones) en el mercado local este jueves. La emisión constó de dos series y fue realizada bajo el modelo de Subasta Holandesa.
La primera fue de UF 1,5 millones a 4,5 años plazo y se colocó a una tasa de 3,99% con un spread de 104 puntos base (pb) y una demanda de 3,5 veces; mientras la segunda fue de UF 1,5 millones a nueve años plazo, y alcanzó una tasa de colocación de 4,21%, con un spread de 117 pb y una demanda de 2,7 veces.
Los fondos provenientes de esta colocación se utilizarán para el refinanciamiento de pasivos y para financiar inversiones en proyectos.
Falabella avanza con venta de activos: Mallplaza lanzará OPA para quedarse con todos los centros comerciales del grupo en Perú“Tuvimos una exitosa colocación de bonos lo que da cuenta de la valoración que el mercado está haciendo de la acción y del desempeño financiero de Mallplaza. Lo anterior, es una señal también de la confianza que nuestra estrategia de negocios está proyectando y que se ve reflejada en los positivos resultados obtenidos y en los pasos que estamos dando para nuestro crecimiento en la región”, declaró a través de un comunicado Derek Schwietzer Tang, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Mallplaza.
La transacción contó con las asesorías de los bancos de inversión Banchile- Citi y Santander, y Prieto Abogados como asesor legal.
Editorial Santillana compareció este jueves ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), que llamó a la instancia para actualizarse sobre una gama de problemáticas sobre el trato de la compañía respecto de los consumidores, principalmente la no entrega oportuna de textos escolares pasados más de dos meses desde que se inició el período escolar en Chile.
El Sernac citó a declarar a los representantes de Santillana para que entreguen información actualizada sobre el estado de las entregas y las medidas para subsanar los problemas generados a madres, padres y apoderados que adquirieron textos escolares, y que los recibieron tardíamente, o bien, aún tienen pendiente la entrega de los libros, según un comunicado oficial del servicio.
“La instancia de comparecencia permite al Sernac contar con información actualizada, y profundizar sobre una serie de antecedentes relevantes relacionado con diversos materias problemáticas”, dice el comunicado. Este año el Sernac ha recibido alrededor de 750 reclamos de consumidores por este tipo de incumplimiento.
Detalló que entre las problemáticas se encuentran “la no entrega oportuna de los textos escolares comprados por madres, padres y apoderados por medio del sitio web www.tiendasantillana.cl y otros canales de venta disponibles; la eventual venta atada de los textos; recopilación y tratamiento de datos personales de personas menores de edad; la demora de los despachos, sus avances y soluciones”.
El 14 de marzo la entidad fiscalizadora envió un oficio a Santillana para que explicara los motivos por los cuales no ha cumplido con los plazos comprometidos con las personas consumidores que han adquirido sus productos.
“Para nuestra institución es de vital importancia abordar la problemática que genera la tardía entrega de textos escolares, pues si bien quienes adquieren estos productos son los apoderados, quienes mayor afectación padecen son los niños, niñas y adolescentes que ejercen su legítimo derecho a la educación”, dijo el director nacional del Sernac, Andrés Herrera.