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Lío supremo: la trama tras la fallida compra de los 22 Lexus que enredó a la corte y la enfrentó con el gobierno

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A primera hora del viernes 2 de febrero, justo después del tradicional juramento de abogados, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, llamó al resto de los magistrados del máximo tribunal a una reunión. Fue en ese momento cuando Blanco comentó que este año correspondía comprar autos nuevos para los 21 supremos y el fiscal judicial, pero tenía una aprensión. “Me preocupa que esto sea leído como la compra de autos de lujo”, afirmó Blanco, según cuentan algunos ministros ahí presentes.

Solo algunas semanas atrás, a mediados de enero, en una reunión del consejo superior en el edificio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), ubicado detrás de los juzgados de familia, se les avisó a los ministros presentes que fueran a ver unos autos. En el estacionamiento había un Lexus ES300H estacionado, listo para ser exhibido. Los ministros lo vieron, entendieron que eran parte de la renovación de la flota automotriz del pleno y siguieron con sus labores. Días después, a inicios de febrero, los autos llegaron hasta el Palacio de Tribunales. Ahí se les avisó a los ministros que fueran al estacionamiento a escoger el color. Tres eran las opciones: negro, gris y grafito. Algunos de los ministros en vacaciones dejaron el recado de que les asignaran cualquiera, el que sobrara.

Hace menos de cuatro meses, en noviembre del año pasado, la CAPJ había informado a la Suprema que el Ministerio de Hacienda -a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres)- autorizó añadir al Presupuesto 2024 más de $ 20 mil millones, correspondientes al saldo inicial de caja. La noticia fue recibida con mucha satisfacción por el pleno, ya que eso permitiría resolver temas de infraestructura, gasto para personal de apoyo, sobre todo en tribunales de familia, la adquisición de inmuebles, entre varios otros asuntos que apremiaban a la judicatura. Las mejoras incluían, además, la renovación de los 22 autos del máximo tribunal.

La flota automotriz de la Suprema tiene 10 años de antigüedad. Fue en 2014 cuando se compraron 22 autos híbridos modelo Toyota Camry, en línea con la política de sustentabilidad de la magistratura. Una década después, los vehículos presentan varias fallas, como, por ejemplo, defectos en las baterías, cuyos reemplazos, dicen en la Suprema, resultarían menos convenientes que el recambio completo.

Cuando el 2 de febrero Blanco tocó el tema, los supremos que forman parte del consejo superior de la CAPJ -María Angélica Repetto, Mario Carroza, Diego Simpertigue y María Teresa Letelier- dieron más contexto y explicaron que luego de un largo proceso de búsqueda, la CAPJ cotizó 64 marcas de autos que fueran híbridos, que tuvieran un estándar de seguridad adecuado, y concluyó que la mejor opción era el modelo Lexus ES300H, cuyo costo unitario era de casi $ 57 millones. Es decir, un costo total de casi $ 1.154 millones. Todo con un descuento del 7,99% -válido hasta marzo-, otorgado vía compra directa por la automotora Portillo.

Algunos supremos presentes reiteraron que no les importaba el modelo ni la marca, pero sí que fueran autos seguros. Otros plantearon la duda de por qué había que cambiar de modelo, ante lo cual se respondió que, según había informado Toyota, ese ejemplar está discontinuado en Chile desde 2021. Ante el debate y el disenso suscitado, Blanco tomó la determinación de dejar hasta ahí la reunión y convocó a un pleno para las 13 horas de ese mismo viernes.

Al ser febrero, varios de los ministros titulares figuraban de vacaciones. Por eso a la instancia solo asistieron 12 de los 18 magistrados. A la cita llegaron Blanco, Repetto, Carroza, Simpertigue, Letelier, Andrea Muñoz, Manuel Valderrama, Arturo Prado, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mauricio Silva, Cristina Gajardo y Soledad Melo. Luego de seguir discutiendo, el pleno votó y por mayoría aprobó la “adquisición de vehículos marca Lexus para renovar la flota de automóviles actualmente disponibles”. Los únicos disidentes fueron Blanco, Muñoz y Silva. “La renovación debe realizarse mediante la adquisición de vehículos de la misma marca y modelo que se encuentran en uso actualmente”, consignaron los magistrados.

El acuerdo se tomó, pese a la ausencia del resto de los ministros titulares: Sergio Muñoz, Eduardo Fuentes, Leopoldo Llanos, Gloria Ana Chevesich y Jean Pierre Matus. Diez días después, la decisión de la Corte Suprema se transformó en una bomba de tiempo, un conflicto que terminaría enfrentando a los miembros del máximo tribunal entre sí, al pleno con el gobierno y la CAPJ. En suma, un bochorno del cual, en menos de una semana, los supremos tuvieron que retroceder y decir adiós a los Lexus.

El lunes de esta semana, cuando La Tercera reveló el acuerdo de los Lexus, la polémica estalló de inmediato. En plena reconstrucción de las zonas afectadas por los feroces incendios en la Región de Valparaíso, la decisión -tomada antes de la tragedia- provocó un escándalo. Por lo mismo, el ministro Blanco, quien siempre estuvo en contra, tomó la determinación de controlar la crisis y encauzarla para que el pleno reculara en su decisión.

El primer pleno extraordinario se citó para el martes. Ese día había 11 ministros titulares presentes, casi los mismos que habían aprobado comprar los Lexus. Esta vez se incorporó Chevesich, quien estaba incómoda con el acuerdo del pleno. Tanto así que se preocupó de que quedara claro que ella no había participado de la decisión. Ministros que estuvieron en ese pleno comentan que varios de los magistrados recalcaron que el acuerdo ya estaba tomado, que no existían irregularidades y se enmarcaba en un proceso realizado por la CAPJ analizando la oferta disponible de automóviles.

A esa altura la presión iba creciendo y venía desde el mismo gobierno. Mientras en privado el máximo tribunal aseguraba que los recursos estaban aprobados y provenían del saldo inicial de caja, desde Hacienda rápidamente afirmaron lo contrario. “Dipres no ha visado recursos para la renovación de flota de automóviles del Poder Judicial”, respondió. Pese a que la directora, Javiera Martínez, se encontraba de vacaciones, el organismo quiso aclarar el asunto, sobre todo por la molestia que se generó luego de que el máximo tribunal los involucrara directamente en la polémica.

Hasta el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se sumó al tema. Aclaró que el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto y, ante consultas de la prensa, lanzó un misil que provocó la indignación de varios magistrados. “Yo tengo un vehículo del 2015, con 260 mil kilómetros recorridos, y todavía funciona bien”, dijo Marcel. A pesar de la presión del gobierno, en el pleno del martes la Suprema no tomó una decisión.

El miércoles, el ministro Blanco convocó a otro pleno extraordinario. Esta vez el máximo tribunal citó al director de la CAPJ, Ricardo Guzmán -quien dirige el organismo desde fines de 2014-, para que explicara la situación. La gran duda que tenía que despejar era si Hacienda había autorizado o no los $ 1.300 millones para la compra de los Lexus, algo que todos los ministros entendían que sí había ocurrido.

Testigos de ese pleno cuentan que Guzmán repasó el procedimiento de evaluación de los vehículos. Reiteró que durante la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024 Dipres se comprometió a aumentar los recursos, incorporando el saldo inicial de caja en dos tandas. Primero con $ 3 mil millones para comprar herramientas de seguridad informática y luego con $ 20 mil millones para distintos fines, entre los que estaba, según la Suprema, la renovación de los autos.

Ese compromiso, dijo Guzmán, se explicitó por Martínez en la comisión mixta de presupuesto el 9 de noviembre, luego de que el 2 de noviembre, en una reunión en Hacienda junto con el consejo superior de la CAPJ, se llegara a dicho acuerdo. Tanto así, expuso Guzmán, que luego de esa cita lo acordado habría quedado expuesto en un correo enviado por el jefe de finanzas de la CAPJ, Antonio Rojas, a la subdirectora de la Dipres, Sereli Pardo.

Luego de esa explicación llegó el dato que sorprendió al pleno. El 26 de enero de este año, Guzmán envió un oficio a Martínez solicitando que se dicte el decreto correspondiente para incorporar al presupuesto del Poder Judicial la suma de $ 2.480 millones, dentro de los cuales se incluían $ 1.380 millones para comprar los 22 Lexus.

Esto en el marco del acuerdo para incorporar los $ 20 mil millones del saldo inicial de caja. Sin embargo, hasta la fecha, dicho oficio nunca fue respondido. “Fue una sorpresa muy desagradable”, reconoce un supremo. Fue en ese momento cuando el pleno se dio cuenta de que no había otra opción más que dejar sin efecto el acuerdo del 2 de febrero. Sin embargo, la comunicación de dicha decisión la dejaron para el día siguiente.

A esa altura, varios ministros estaban disconformes con la gestión de la CAPJ. Algo que se arrastra de antes. Dicha corporación, que administra y gestiona los bienes de la judicatura, tiene que hacerse cargo del presupuesto del Poder Judicial, el que este año asciende a casi $ 700 mil millones. Sin embargo, algunos supremos no están conformes con su gestión y afirman que situaciones como el manejo de la renovación de los autos del pleno son un reflejo de eso, más aún cuando no quedó claro por qué la compra no se hizo a través de una licitación pública.

Algunos comentan otras situaciones. Por ejemplo, durante sus visitas anuales a las jurisdicciones, algunos supremos han constatado deficiencias en cosas tan simples como la falta de sillas. Otro ministro comenta que “es incomprensible” que la corporación no pueda resolver temas cotidianos como las falencias en el sistema de aire acondicionado.

Para ejemplificarlo, cita lo ocurrido a fines de enero en la Corte de Apelaciones de Santiago. El 31 de enero se expuso ante el pleno de dicho tribunal de alzada una serie de problemas en el sistema de climatización de los tribunales civiles de Santiago y el tribunal de familia de Pudahuel. Las falencias fueron calificadas como “graves” y arrastradas durante años. Lo insólito, comentan altas fuentes de la Suprema, es que la solución, en vez de arreglar el desperfecto, fue que la Corte de Santiago autorizó el teletrabajo hasta el 31 de marzo de todos los juzgados civiles de Santiago, el tribunal de familia de Pudahuel y todas las unidades administrativas que funcionan en el edificio Manuel Montt Torres. La situación, comentan en la Suprema, es reflejo de que hay falencias y desorden en la gestión de la corporación. Otros ministros consultados matizan la molestia y afirman que en el pleno no hubo reparos a la gestión de la CAPJ.

La desazón también salpicó al ministro Blanco. Varios supremos no entienden por qué el presidente del máximo tribunal -cargo que asumió en enero- hizo que el tema llegara hasta el pleno. Comentan que el Código Orgánico de Tribunales es claro en señalar que la adquisición de bienes para el funcionamiento de los servicios judiciales es responsabilidad de la CAPJ y no del pleno. “No tenemos por qué estar decidiendo qué cosas comprar”, añade una de las altas fuentes de la Suprema consultadas.

Lo que más resintieron es que Blanco haya involucrado al pleno en una decisión respecto de la cual nunca existió dinero para ejecutarla. “Fue todo un absurdo”, dice otra fuente. Algunos ministros, incluso, añaden que lo que más les disgustó es que el gobierno haya desconocido los compromisos adquiridos en materia presupuestaria.

El jueves, el ministro Blanco volvió a convocar al pleno. La decisión ya estaba tomada, pero había que comunicarla. Para eso el relator preparó un comunicado que envió a Blanco. La máxima autoridad de la Suprema luego compartió con el resto de los ministros una primera propuesta. En base a eso, los magistrados hicieron modificaciones. Algunos supremos fueron enfáticos en que se tenía que destacar que la decisión de comprar los Lexus se basó en antecedentes “técnicos y de seguridad”. Además, volvieron a recalcar, contradiciendo otra vez al gobierno, que los recursos sí estaban comprometidos por la Dipres.

El disgusto del máximo tribunal fue evidente. Tanto así que la decisión de echar pie atrás no fue unánime. En el acta del último pleno se dejó constancia que las ministras Vivanco y Letelier hicieron una prevención. “La decisión de dejar sin efecto lo acordado es sin perjuicio de evaluar otras opciones en su oportunidad”, se lee en el documento. Además, el ministro Valderrama fue el único disidente y votó por mantener el acuerdo de la compra de Lexus.

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Colombia le empata a Perú y evita que Chile sea colista de las Eliminatorias

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A raíz de la mala campaña en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, Chile necesariamente debe estar pendiente de otros resultados, con la calculadora en la mano. En ese sentido, una particular atención debía tener con lo sucedido en Lima, en el duelo entre Perú y Colombia, que cerró la séptima fecha clasificatoria. La Bicolor es uno de los rivales directos de la Roja, en la disputa del sexto cupo y el repechaje, por lo tanto era necesaria (desde los intereses nacionales) una ayuda de los cafetaleros. En la capital peruana, fue un empate 1-1 que terminó siendo un alivio para el Equipo de Todos, por el devenir del cotejo.

Sin el castigado Jorge Fossati al borde de la cancha, Perú salió a la cancha buscando su primera victoria en estas Eliminatorias, para salir del fondo de la tabla. Además de esa presión, requería cambiar la imagen luego de una deslucida Copa América, en la cual quedó en el camino en la fase grupal. La novedad fue la vuelta de Renato Tapia, portando la jineta de capitán, quien se perdió el certamen en Estados Unidos con una polémica de por medio.

La Selección Colombia, subcampeona de América y uno de los elencos que mejor fútbol exhibe en este lado del mundo, goza de una generación que destaca en Europa y que cuenta con una holgura que le ayuda en el tránsito de las Clasificatorias. El DT Néstor Lorenzo se guardó a James Rodríguez para el segundo tiempo. El 10 colombiano, flamante refuerzo del Rayo Vallecano de España, venía con inactividad.

El primer tiempo fue tan dinámico como impreciso. Colombia tuvo un dominio relativo. Si bien registró el 68% de la posesión durante el lapso inicial, Perú tuvo un par de acercamientos hacia la meta de Camilo Vargas que despertaron a la efervescente hinchada local. En los 11′, un cabezazo de Alex Valera obligó a la gran intervención de Vargas, quien despejó. Luego, en los 24′, se anula un gol a Gianluca Lapadula, por fuera de juego.

En líneas generales, Colombia tuvo un mayor afán de protagonismo, que se acentuó en el complemento. Perú, en casa, apostaba a salir de contragolpe. La Blanquirroja dio un sorpresivo golpe en el partido abriendo la cuenta gracias a una acción de pelota detenida. En los 66′, el zaguero Alexander Callens pone el 1-0, desatando una algarabía contenida por mucho tiempo en el país vecino. Luego de un centro, el defensor va a la segunda jugada y conecta el balón.

Este resultado mandaba a Chile en el último lugar de la tabla, al tener peor diferencia de gol que los peruanos. El peor escenario imaginable para el fútbol criollo. Rozando el papelón.

Colombia mejoró, haciendo figura al portero Pedro Gallese. En el epílogo, llegó el empate, que se festejó tanto en Bogotá como en Santiago. Con un cabezazo, Luis Díaz puso el 1-1, entregándole algo de justicia al partido y devolviendo a Perú al fondo de la clasificación. Una sensación de alivio inconmensurable en Pinto Durán.

De esta manera, Perú se mantiene en el fondo con solo 3 puntos. Es el único elenco sin victorias en el proceso rumbo a 2026.

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Las distintas realidades financieras de las constructoras

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Una semana después de que acabara el primer semestre, el gerente de una constructora de edificios residenciales dijo que lo peor de la crisis que ha sufrido su sector ya pasó y que se estaba viendo la luz al final del túnel. Ahora, cuando las empresas del rubro que cotizan en bolsa ya dieron a conocer sus estados financieros, es posible indagar para saber cuánto de realidad tenía esa afirmación. Y lo cierto es que, a la luz de los balances, todavía parece ser pronto para dar por acabada esta negativa etapa, azuzada por la debilidad del consumo, el endurecimiento del crédito y las altas tasas de interés, que provocó el brote inflacionario.

El problema fundamental se centra en las compañías mayoritariamente volcadas al segmento inmobiliario. En cambio, algunas de las mayores constructoras del país trabajan también en grandes obras civiles, lo que les reporta diversificación y más solidez. El nuevo presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, resumió este momento apuntando a que se deberá poner “énfasis en los sectores que están más afectados, como la vivienda privada”.

Así, el estado financiero de cada firma depende de cuánto peso tienen sus áreas de negocio y cuán diversificada se encuentra. Esto, en un contexto macroeconómico que aún muestra un bajo dinamismo este año. “El crecimiento del PIB tiene un fuerte impacto en el sector construcción en Chile, y si bien se espera una expansión este año, se espera que haya una evolución de los resultados del sector, pero será de manera gradual”, comenta Paula Acuña, analista senior de la clasificadora de riesgo Humphreys. Por tanto, que estas empresas “mantengan una amplia diversificación de sus negocios morigera el riesgo de pérdidas en periodos desfavorables”, agrega.

Pero la preocupación en el mercado financiero se centra en el nivel de deuda que carga la construcción. Las firmas abiertas en bolsa suman una deuda financiera de casi US$2.400 millones, donde cuatro de ellas representan casi el 80%: Socovesa, con US$723 millones; SalfaCorp, con US$470 millones; Paz, con US$422 millones, y Besalco, con US$306 millones. Por eso, algunas empresas se han dedicado fuertemente a trabajar con el gran objetivo de reducir su deuda, como Moller & Pérez-Cotapos, que la disminuyó en un 30%.

En este contexto, se puede dividir el rubro en tres grupos, de acuerdo a cómo están enfrentando este periodo complejo.

Construcción, edificios, departamentos, propiedades.

Aún sin risas, pero al menos dejando el tono sombrío que las ha caracterizado en el último tiempo, de entre las siete compañías constructoras que cotizan en bolsa, hay dos que dan muestras de una mayor firmeza. Se trata de Besalco y Salfacorp, que poseen un área de obras civiles potente y que, según los especialistas, fundan su fortaleza en la diversificación de sus negocios, puesto que también participan en montaje industrial y en el rubro inmobiliario.

De hecho, los ingresos de ambas subieron 20,6% y 17,2%, cada una, en la primera mitad del año, lo que se correspondió con sus Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, una medida de su flujo de caja operacional), que aumentaron 2,4% y 13,2%, respectivamente. Pero donde se denota su mayor solidez es en sus indicadores de endeudamiento, que han mejorado.

La deuda financiera sobre patrimonio en Besalco, controlada por la familia Bezanilla, cayó a 0,9 veces desde 1, lo mismo que su pasivo financiero frente al patrimonio, a 1,2 desde 1,3 veces, y la proporción de su deuda financiera de corto plazo sobre el total, que se redujo 13,5 puntos, a un 38,9%.

“La diversificación de la compañía es uno de los pilares más relevantes que ha explicado el comportamiento menos cíclico de su desempeño respecto a la industria en la que opera, justificando el rating relativamente alto en comparación a otros incumbentes con exposición a rubros en los que Besalco tiene participación”, explicó en junio pasado la clasificadora de riesgo ICR al otorgarle perspectiva “estable” a la nota A- de su solvencia.

En el caso de Salfacorp, ligada a Andrés Navarro, disminuyó la relación de pasivo financiero versus patrimonio a 1,0 veces desde 1,1 veces y su deuda financiera de corto plazo sobre el total en 7,7 puntos, a un 49,8%.

“La amplia gama de actividades de la entidad, con una diversificación y complementariedad entre áreas que le otorgan una mayor capacidad relativa para generar sinergias (…) sumado a su vasta experiencia en gestión de proyectos de construcción de obras de gran tamaño y alta complejidad, le han permitido compensar las caídas de actividad en algunos sectores durante los últimos periodos”, dijo la agencia Feller Rate en mayo, al subirle su calificación de solvencia a BBB+.

Edificios Construccion
Edificios departamentos en construcción.

Hay otras dos compañías que, aunque no denotan tensión urgente, venían de cifras más o menos positivas y tuvieron malas noticias a mitad de año.

Echeverría Izquierdo, por ejemplo, anotó una caída de 16,2% en sus ingresos, de 17,9% en su Ebitda y de 38,8% en su utilidad. Y la empresa ligada a los hermanos Fernando y Bernardo Echeverría y a Álvaro Izquierdo, cuenta con un antecedente que la apremia: la deuda financiera de corto plazo respecto a todos sus pasivos, que subió 7,2 puntos, a un 89,2%. Es decir, debe responder en poco tiempo a muchos compromisos. Pero su índice de deuda financiera sobre patrimonio aún no es preocupante: de 1,2 veces. Y los expertos lo avalan: “Se deben considerar las características propias del negocio inmobiliario, donde parte relevante de este vencimiento de deuda se enfrenta con la venta del inventario liquidable o susceptible de liquidar, como las viviendas terminadas y obras en etapa de ejecución”, señala Acuña, de Humphreys. Incluso, la analista recuerda que la compañía cuenta con terrenos para futuros proyectos que podría dar en garantía o vender, y que podría utilizar para reforzar su liquidez.

La otra empresa que no tuvo un buen pasar al exhibir sus resultados semestrales fue Ingevec que, junto con su negocio inmobiliario, cuenta con ingeniería y construcción (I&C), renta residencial y administración hotelera. La firma de Francisco Vial, José Antonio Bustamante y Enrique Besa, redujo sus ingresos en un 21,5%, pero elevó ligeramente su Ebitda y sus utilidades en un 3,9% y un 8,8%, respectivamente. De entre las constructoras, es la más conservadora en términos de endeudamiento, ya que su relación de deuda financiera neta sobre patrimonio es la menor, con 0,8 veces, pero tiene sus ojos puestos en los pasivos bancarios de corto plazo que casi se duplicaron respecto al año pasado. En todo caso, la mirada de los especialistas es “positiva”. “El cambio de perspectivas -de estables a positivas- refleja la amplia experiencia y especialización en el segmento de edificación con que cuenta Ingevec. Ello, en conjunto con una conservadora política financiera en su principal actividad, le ha permitido mantener indicadores crediticios en la unidad de I&C por debajo del promedio de la industria, pese al desafiante escenario del segmento”, comentó Feller Rate en junio al ratificar su clasificación de solvencia BBB.

Las tres compañías del rubro abiertas a la bolsa con un desempeño y un escenario deuda más complicados son Socovesa, Paz y Moller & Pérez-Cotapos. Ahora, de todos modos, es una situación que se ha morigerado respecto a lo que mostraron a fines del año pasado.

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Construcción de viviendas

Socovesa, focalizada en viviendas, mostró en el primer semestre una recuperación operacional que le dio cierto aire. Elevó sus ingresos un 69% debido a una fuerte venta con descuento de su cartera y triplicó su Ebitda, pero dado su interés por saldar deudas, elevó sus costos financieros, lo que la obligó a seguir mostrando pérdidas. La compañía controlada por la familia Gras continúa siendo la que tiene peores ratios de endeudamiento, con una deuda financiera neta de 1,9 veces su patrimonio, pasivos financieros totales de dos veces su patrimonio y una deuda de corto plazo que es el 99,5% de todos sus pasivos financieros.

En mayo pasado, la agencia ICR puso “en observación” la nota BB+ de solvencia de Socovesa, que “captura la incertidumbre respecto al proceso de recuperación financiera de la compañía, teniendo en cuenta las dificultades que seguiría presentando el sector en el corto y mediano plazo”. El futuro de la firma, dice ICR, depende de que se dé “un alza sostenida en la demanda de viviendas nuevas, siempre y cuando la empresa mantenga el adecuado acceso al financiamiento bancario”. La agencia espera una normalización de sus resultados hacia 2026, “dado que los controles de oferta implementados para responder al nivel actual de demanda implicarían contar con un menor stock disponible para escriturar en 2025″.

Paz, por su parte, ligada a la familia homónima, mostró mejoras en sus ingresos del 10,9% y en su Ebitda, del 20,7%, pero sus utilidades cayeron a la mitad, ante un aumento al doble de sus costos financieros. Sus ratios de apalancamiento también son altos, con una deuda financiera neta de dos veces su patrimonio y un pasivo financiero total de 1,7 veces. Pero redujo en 1,7 puntos su deuda de corto plazo, a un 74,8% de su pasivo total.

El futuro de esta compañía, centrada en la vivienda en edificios, tal como en el caso de Socovesa, depende de las condiciones macroeconómicas futuras. Las perspectivas de la agencia Feller Rate son “estables” para una nota de solvencia de BBB+, un escenario que depende de que la firma continúe “con una estrategia conservadora tanto en términos de ejecución de proyectos como de lanzamientos, y en los requerimientos para la generación de promesas, que se traduzcan en adecuados niveles de escrituración para alcanzar un equilibrio inmobiliario similar a lo histórico en el mediano plazo”, sostuvo, lo que permitiría una reducción en sus niveles de deuda.

En el caso de Moller & Pérez-Cotapos, la preocupación por la deuda es evidente. Así, el gran esfuerzo del primer semestre de la compañía, que tiene una base en el negocio de la vivienda, pero que ha crecido en obras civiles en las últimas décadas, fue achicar sus ratios de apalancamiento financiero. Y consiguieron reducirla un 30%. “Cabe destacar la relevante reducción de la deuda financiera que ha venido realizando la compañía en estos últimos años”, resaltó la propia empresa en su balance al primer semestre. Moller cuenta con una cartera acotada de proyectos y no está en busca de terrenos para desarrollar más, lo que le ha permitido disminuir sus gastos de administración. Con todo, logró que sus ingresos crecieran un 7,1%, aunque su Ebitda y su resultado final cayeron 75,4% y 54,2%, cada uno, afectados por menores márgenes en el sector inmobiliario y una menor actividad en construcción de obras mayores. En sus resultados, Moller resumió lo que concuerdan las constructoras respecto al futuro, especialmente en lo referido al sector hipotecario, central para las perspectivas del negocio inmobiliario: “En el sector hipotecario, las tasas de interés se han mantenido estables en un rango elevado, aún lejos de los niveles anteriores a la pandemia, sin embargo, la situación para el segundo semestre parece más prometedora gracias al control de la inflación. Esto permite anticipar una posible reducción en las tasas de interés tanto hipotecarias como de financiamiento. Se estima que la industria podría experimentar una mejora hacia finales del segundo semestre de 2024 y principios de 2025″, auguró.

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PIB per cápita crecerá en torno a 1,3% en la próxima década

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Para este año, el panorama que entregó el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (Ipom) no fue auspicioso: un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,25% a 2,75%, una inversión cayendo 0,8% y un crecimiento del consumo privado bajo 2%. Además, proyectó una mayor inflación para 2024 pasando de 4,2% a 4,5%.

Pero el escenario sombrío que delineó el ente rector no solo fue para el corto plazo, sino que también para el mediano: un crecimiento tendencial de 1,8% en promedio hasta el 2034, por debajo del 1,9% que previó en diciembre pasado.

En su mensaje al Senado, la propia presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, levantó la alerta: “Crecer a las tasas de mediano plazo que proyectamos no permite satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones, entonces es algo de lo que debemos hacernos cargo. Enfrentar este desafío y superarlo requiere de políticas públicas bien diseñadas, requiere de la creatividad y esfuerzo tanto del sector privado como del público. Requiere de instituciones sólidas”.

En ese sentido, Costa dijo que existen oportunidades, pero ello “exige prepararse en forma oportuna”, pues “enfrentamos desafíos ante avances tecnológicos que requieren capacidad de adaptación. Es necesario mejorar la calidad de nuestra educación, destinar recursos a proyectos que permitan aumentar la productividad, avanzar en iniciativas que favorezcan la inversión, fomenten la competencia, la profundidad de los mercados financieros, y por cierto aprovechar las ventajas que se nos presentan”.

Si entre 1995-2004 la economía creció 5%, entre 2005 y 2014, bajó a 4,3% y entre 2015 a 2024 siguió descendiendo hasta 2%. Y ahora entre 2025 y 2034 la proyección apunta a una expansión de 1,8%.

El PIB tendencial es la capacidad de crecimiento de mediano plazo que tiene la economía sin generar efectos adversos como la inflación. En el largo plazo, las tasas de crecimiento potencial y tendencial convergen al mismo número.

Esta fuerte desaceleración de la actividad económica ha impactado un indicador que sirve para cuantificar qué tan cerca o lejos está el país de alcanzar ingresos de naciones desarrolladas, como es el PIB per cápita (el PIB dividido por la población).

Un efecto directo sobre las personas es precisamente ese: si se considera la proyección oficial del INE de un crecimiento de la población del 0,5% por año, el PIB per cápita del país se expandiría a una tasa levemente por encima del 1% (1,3%), lo que para los economistas es insuficiente para mejorar la calidad de vida de las personas.

Los analistas coinciden que una de las principales implicancias de crecer bajo 2% en la próxima década es no poder satisfacer las demandas sociales como salud, educación, seguridad pública y pensiones. A ello se suma la desigualdad y la pobreza.

Alejandro Fernández, economista de Gemines consultores, lo explica así: “El problema del bajo crecimiento es mucho más complejo que, simplemente, tratar de invertir un poco más o aumentar algo la productividad, ya que está involucrado el sistema político, la educación, la regulación laboral, etc. Desde esta perspectiva los que dicen que el país se jodió con la reforma tributaria de Alberto Arenas, están siendo reduccionistas. Ven solo una parte del problema y este viene de mucho antes y se agrava después”.

Hermann González, coordinador Macroecómico de Clapes UC y socio de Valtin Consulting, se suma al análisis y menciona que “en el marco de la regla fiscal vigente en Chile, un bajo crecimiento tendencial limita las posibilidades de expansión del gasto público de forma responsable. Esto implica que necesidades no cubiertas de la población en materia de educación y salud pública, vivienda o seguridad, tendrán que esperar más tiempo para ser satisfechas, con el potencial riesgo de aumentar el malestar social”. Otra implicancia entrega el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann: “El sueño de alcanzar estándares de país desarrollado, como planteábamos hace pocos años atrás, es hoy, bajo las actuales condiciones estructurales del país, inalcanzable”.

Y Tomás Flores, economista de LyD, apunta que “un crecimiento de 1,8%, que supera levemente el aumento de la población, genera una condición en donde tras una década prácticamente no se observará ningún progreso en bienestar, ya que el crecimiento per cápita tan reducido solo mantiene los niveles de ingresos actuales”.

Uno de los factores que explica el estancamiento de la expansión del PIB per cápita es el deterioro de los factores que están detrás del crecimiento potencial del país. Uno de ellos es que la tasa real anual de la inversión pasó de crecer 10% (2004-2013) a una expansión de 0,8% entre 2014 y 2023. Asimismo, la productividad está estancada desde hace más de una década.

Los expertos también mencionan que este escenario de menor crecimiento se explica por un deterioro del sistema político, el que califican como “polarizado, fragmentado” y ya no es capaz de lograr acuerdos en las reformas sociales y económicas necesarias para mejorar el bienestar de la población.

El bajo crecimiento económico genera mayor pobreza y desigualdades.

La pobreza en el país ha venido bajando de manera sostenida desde 1990 a la fecha. En la última medición, Casen 2022, la pobreza por ingreso se redujo a 6,5%. Esto, según los expertos, se debe principalmente al mayor crecimiento y las políticas sociales impulsadas por los distintos gobiernos, quienes lo han podido financiar gracias al mayor crecimiento de la economía.

“Uno de los riesgos de este bajo crecimiento es que se revierta parte de los avances alcanzados hasta ahora. La pobreza se ve impactada por el menor crecimiento del empleo y de los salarios reales, que implica un escenario como este, pero también por una menor capacidad del Estado de invertir en áreas que permitan apoyar a los hogares más vulnerables para salir de esta situación”, argumenta González.

Esa misma visión es complementada por Lehmann: “Con el crecimiento tendencial que hoy registramos, no lograremos avances relevantes en mejoras en la distribución del ingreso y reducción de la pobreza. Para ello, es necesario acelerar el crecimiento y abordar cuestiones de carácter estructural que hoy frenan el crecimiento y desarrollo de la economía”.

Fernández menciona que “se hace muy difícil reducirlas, porque la única forma es quitándole a los que están mejor en vez de aprovechar los beneficios del crecimiento, si este fuera más rápido. De hecho, se imposibilita reducirlas y, peor aún, es probable que ocurra lo contrario”.

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y actual académico de la Universidad de Chile, argumentó que “lo principal es el impacto que tiene en el poder adquisitivo de las personas” Y lo ejemplifica así: un crecimiento hoy día de 1,8% de largo plazo dada nuestra tasa de crecimiento de la población es de 1,2% de crecimiento del PIB perca. Y si esto lo llevamos a los años 90, el crecimiento per cápita hubiera sido 0% por el mayor aumento de la población”.

ALEJANDRO MICCO.
Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda.

Otro ejemplo: “Si hoy gano 100 pesos, de aquí a 10 años estaré ganando 120 pesos. Es un aumento, pero pobre. O una persona que gana $600 mil y en 10 años subirá a $$720 mil. Es poco el aumento en el bienestar que tendrán las personas y eso afecta a todas las personas. Esta debe ser una señal de alerta para la política, ya que puede generar frustración y tensión social”. Para Micco, parte del estallido social de octubre de 2019 se debió a que el “país no creció nada durante la última década, pese a que el Fisco gastó más en protección social, el país no creció”.

González acota que “en un país que crece menos existe menos movilidad social y el Estado tiene menos herramientas para reducir las brechas que hay entre sus habitantes, todo lo cual amplia las desigualdades existentes”.

Tomás Flores sostiene que “los motores del crecimiento son la inversión, el empleo y la productividad”. Sin embargo, dice que “no se observa una agenda consistente que busquen acelerar esos tres motores y de hecho en algunos casos la discusión pública lleva a ponerlos en reversa”.

Flores
Tomás Flores, economista y exsubsecretario de Economía.

Para Fernández, “hay que hacer muchas cosas más o menos al mismo tiempo, pero reformar el sistema político es imprescindible”.

Y González apunta a que “se requiere un Estado más ágil y eficiente, un sistema político menos fragmentado y más competencia en los mercados. Además, posiblemente, tendremos que generar incentivos tributarios y garantizar estabilidad de las reglas del juego para reencantar a los inversionistas nacionales y extranjeros con nuestro país”.

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