En el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el denominado caso líos de platas, este jueves efectivos de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron órdenes de entrada y registro, de manera simultánea, a ocho seremis y Servius a lo largo del país.
Se trata de las dependencias de las regiones de Arica, Atacama, Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Los Ríos y La Araucanía.
Esta vez, el operativo se produjo tras la arista iniciada por la Fiscalía Regional de Tarapacá, donde se pesquisan transferencias a las fundaciones EnRed y Enlace Urbano por parte de las sedes allanadas.
“Son dos fundaciones de las que iniciamos la investigación en el mes de agosto del año 2023: la fundación Enlace Urbano y EnRed Social. Desde aquel momento hemos estado realizando una serie de diligencias en nuestra comuna, en Iquique. Sin embargo, a partir del mes de diciembre, el fiscal nacional (Ángel Valencia) entregó la responsabilidad al fiscal regional de Tarapacá, don Raúl Arancibia, y a quien habla, para que continuáramos a nivel nacional la investigación de ambas fundaciones, lo cual implicaba involucrar a nueve regiones”, explicó el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos.
Según detalló, la mañana de este jueves se realizó el allanamiento en “ocho regiones del país, de manera simultánea, por la Policía de Investigaciones, un equipo multidisciplinario, lo cual tiene que ver con el ingreso a la seremías Minvu, también a Servius, con el objeto de ubicar información relevante para estos casos, diligencia que viene a ser muy relevante con el objeto de establecer toda la línea documental y antecedentes administrativos de los procesos de asignación de convenios en ambos casos”.
El fiscal Ríos precisó que aún no hay detenidos ni formalizados en el caso, cuya investigación cubre nueve regiones y “3.500 millones de pesos en términos de convenio, una gran cantidad de información documental que está siendo aún procesada, y la captación del día de hoy nos viene a aumentar la cantidad de información, de manera que cuando todo esto esté procesado, tendremos que tomar las decisiones jurídicas respectivas”.
“Sumados son 3.500 millones de pesos en todas las regiones que estamos comentando”, reiteró.
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