Debido a la lamentable situación de estudiantes que aún se encuentran sin matrícula, el Sistema de Admisión Escolar (SAE) ha sido sometido a un fuerte escrutinio por parte de algunas voces que han llamado a modificarlo totalmente o, incluso, a eliminarlo. Ciertamente, todas las políticas públicas deben ser evaluadas en términos técnicos y sociales, especialmente por la ciudadanía, en base a lo cual las autoridades deben realizar ajustes. Sin embargo, para que esta discusión sea genuina y apunte a mejorar la experiencia de las familias en su proceso de postulación a escuelas, se requiere que los argumentos se presenten de manera honesta en el debate público.

Sobre el SAE, hay controversias desde su diseño e implementación paulatina en 2016. El objetivo de terminar con la selección, el copago y el lucro en el sistema escolar con financiamiento público enfrentó resistencias políticas y técnicas de distintos sectores, pero también concitó el respaldo de quienes mostraban preocupación por la creciente segregación socioeconómica de nuestro sistema escolar. Algunos de esos discursos opositores a esta política educacional ahora sostienen que la falta de matrículas se relaciona con el funcionamiento del SAE. Sin embargo, sabemos que éste solamente asigna las vacantes disponibles en las escuelas, no puede crear cupos adicionales en zonas saturadas ni mucho menos asignar a estudiantes en escuelas con sobredemanda.

El SAE fue construido teniendo a la vista un horizonte de justicia educacional. El sistema centraliza las postulaciones de forma transparente y evita las discriminaciones arbitrarias a las que eran sometidas las familias, ampliando así sus posibilidades de elección. De esta manera, resguarda la libertad de enseñanza y asegura el cumplimiento del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Sus resultados son, hasta ahora, positivos y un alto porcentaje de las familias (más del 70%) logra un cupo en alguna de sus preferencias.

No obstante, existen aún preocupaciones legítimas de las familias, las que deben ser atendidas por los distintos actores. Por ejemplo, en investigaciones realizadas en la Universidad de Chile, hemos detectado que para muchos padres y madres el sistema de postulación online se hace impersonal, a veces estresante y que la información es escasa o confusa. Sin embargo, las familias valoran la igualdad de oportunidades al momento de postular y perciben que efectivamente están ejerciendo el derecho de educar a sus hijos e hijas. También existen observaciones de especialistas en educación sobre el funcionamiento de la plataforma o sobre la necesidad de considerar la distancia a escuelas alternativas en caso de comunas rurales, entre otros aspectos, los que pueden ser incorporados en la discusión sobre cómo mejorar el SAE. Además, persiste la necesidad de informar oportuna y correctamente sobre el proceso, para que las familias puedan sacar el mejor provecho de su postulación y, así, dotar de legitimidad social al sistema.

Nada de lo anterior se relaciona, entonces, con la actual falta de cupos en escuelas, concentrada especialmente en la transición de octavo básico a primero medio y en determinadas zonas del país. Según cifras oficiales, hay actualmente 880 estudiantes que aún no encuentran una vacante en un colegio. Ellos y sus familias merecen rápidamente una solución, pero esa respuesta no llegará demoliendo una política pública, simplemente porque no se comparte su fundamento de justicia educacional.

Por Alejandra Mizala, Ingeniería Industrial y CIAE, U. de Chile, y Cristián Cabalin, Instituto de Estudios Avanzados en Educación y CIAE, U. de Chile

A eso de las 12.30 de este jueves, el senador y timonel de la UDI, Javier Macaya, junto con la presidenta y también senadora de Demócratas, Ximena Rincón, acusaron que el Ministerio de Salud les canceló una reunión que tenían agendada para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación” de la ley corta de isapres, la cual durante la jornada de ayer fue despachada desde la comisión de Hacienda de la Cámara y será votada la próxima semana en Sala.

En concreto, los diputados de la Comisión de Hacienda hicieron pocos ajustes al proyecto antes de enviarlo a sala. La ley corta de isapres del gobierno que se tramita actualmente en el Parlamento busca implementar el fallo de la Corte Suprema sobre tabla de factores.

El proyecto llegaría el 29 de abril al Senado. En el caso de que dicha rama del Congreso no acoja el proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados, recaería en una comisión mixta, conformada por diputados y senadores, instancia que revisaría la iniciativa entre el 6 y 12 de mayo.

Para esta jornada, los tres senadores de Chile Vamos integrantes de la Comisión de Salud del Senado: Javier Macaya -quien preside esa instancia-, Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI), además de la timonel de Demócratas, tenían agendada una reunión con la titular de Salud, Ximena Aguilera. Sin embargo, según señalaron Macaya y Rincón, el encuentro fue suspendido.

“La reunión fue suspendida unilateralmente por el ministerio”, era para “solucionar problemas que ha tenido la tramitación”, dijo Macaya en un punto de prensa realizado en las dependencias del exCongreso Nacional.

“Creemos que la actitud del Ministerio de Salud es una actitud de una irresponsabilidad gigantesca. Es una falta de respeto para con una reunión que había sido agendada con antelación”, acusó el senador.

La suspensión de la cita, -que según cercanos a los parlamentarios- había sido coordinada por Macaya este martes al salir de la comisión de Salud de la Cámara Alta, causó molestia. De hecho, el timonel gremialista advirtió que “por lo menos desde la oposición nosotros anticipamos que el problema es del Ejecutivo. Con nuestros votos no van a contar para avanzar en esta vía de solución”.

“y si finalmente no hay ley, es una responsabilidad que recae en los hombros del Ejecutivo, no de nosotros”, agregó.

Por su parte, la presidenta de Demócratas sostuvo: “Es lamentable no haber podido tener esta reunión con la ministra, el poder entregar propuestas, construir caminos de solución a un tema que no tiene que ver con la industria de isapres, tiene que ver con las personas, con nombre y apellido”.

“Es importante que entienda el gobierno que (…) (la ley corta) tal como está, va a ir una mixta, porque en el Senado no vamos a avalar lo que venga de la Cámara de Diputados y lo que venga de la mixta”.

En esa línea, la senadora también hizo su advertencia: “yo quiero anticiparle al gobierno, no voy a votar en contra, pero tampoco voy a votar a favor, que el gobierno se haga cargo, porque ellos son los únicos que tienen potestad en materia de seguridad social”.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) rechazó la solicitud de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para dictar instrucciones de carácter generar en relación a los convenios entre prestadores médicos e isapres. En concreto, la FNE pidió instruir a los médicos a negociar individualmente los valores de sus aranceles con las isapres, a menos que exista una integración previa, real y efectiva de sus operaciones.

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El TDLC apuntó a que no es necesario reiterar a través de instrucciones de carácter general “deberes de conducta que son propios del funcionamiento del libre mercado, como sería determinar individualmente los precios o aranceles de sus prestaciones”, manifestó la institución, declarando que todos los actores deben definir de manera independiente el precio que cobran por sus servicios.

La institución también señaló que excluir como excepción a la individualidad a los agentes que cuenten con integración de sus operaciones es innecesario, puesto que “si existiera una integración previa, real y efectiva de operaciones se estaría ante una sola entidad constituida por médicos individuales que, en realidad, no compiten entre sí”, explicó el TDLC.

En casos de integración menor, el tribunal determinó que se debe analizar caso a caso el mérito competitivo de las asociaciones, además de sus justificaciones, eficiencias y los resguardos que contemplan para proteger la libre competencia. De esta forma, concluyó que tampoco es necesario dictar instrucciones de carácter general en esta materia.

Desde FNE manifestaron que se encuentra analizando la resolución del TDLC y que “dada la importancia de este mercado, seguiremos monitoreando su funcionamiento y ejerciendo las atribuciones que nos confiere la ley para resguardar la libre competencia”, señaló el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.