La batalla legal entre los principales intercambios de criptomonedas del mercado local -Buda.com, CryptoMKT y OrionX- contra gran parte de los bancos está a punto de terminar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La disputa que comenzó en 2018 tuvo su último cara a cara entre las partes el miércoles, cuando se realizaron los alegatos del caso ante los ministros del TDLC.
Las plataformas que comercializan criptoactivos acusan a los bancos de abusar de su posición dominante en el acceso a las cuentas bancarias al negarles la apertura u ordenar su cierre.
La abogada de CMS Carey, Carolina Veas, señaló en nombre de Buda.com que los bancos actuaron de manera arbitraria al negar el acceso a las cuentas bancarias, acusando que hubo una falta de protocolo que justifique su respuesta.
Veas señaló que había incluso una “dominio colectivo” de las entidades financieras contra estas plataformas, lo que quedaría demostrado en con base en las actas de la Asociación de Bancos que “reportan estrategias comunes a largo plazo, y en cuanto a las fintech que entendían eran consideradas sustitutas”.
El abogado de Aninat Abogados, Cristián Reyes, señaló en representación de CryptoMKT que hubo “una situación de mala fe” por parte de los bancos al negar el acceso a las cuentas bancarias y puso como ejemplo el acuerdo alcanzado con Bci para establecer un protocolo para proceder a la apertura.
Reyes indicó que no hubo voluntad por parte del resto de la industria para poder poner fin al conflicto a pesar de que la Corte dio dos oportunidades para llegar a un acuerdo y que se resistieron debido al juicio.
Reyes recordó que la actual Ley Fintech tenía que atender el conflicto que existe definiendo las condiciones de acceso a las cuentas bancarias.
Los dichos del banco.
El abogado de Claro, Cristóbal Eyzaguirre, afirmó en representación de Itaú que las fintech tienen “permanentemente ese deseo de levantar un manto de duda sobre si hubo o no un grado de coordinación” en relación con la eventual realización de coordinaciones para el cierre de cuentas bancarias.
Eyzaguirre dijo que los actos ilegales que las plataformas imputan a los bancos “No tienen ni pies ni cabeza. Son infundados y violan el marco institucional de la libre competencia”.
El abogado de la PPU, Ignacio Larraín, aseguró en nombre del Banco Santander que durante el juicio “se hicieron intentos fallidos” demostrar que hubo una acción coordinada entre las entidades financieras. Esto, ya que argumentó que las decisiones de cada empresa de negar el acceso a las cuentas se tomaron durante un largo período de tiempo.
Larraín afirmó que los tres intercambios Antes de presentar las demandas contra los bancos, ninguno contaba con modelos o protocolos para la prevención de delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Esta posición fue reforzada por el abogado de González & Rioseco, Andrés Rioseco, quien en representación de Scotiabank indicó que solicitan políticas de prevención de lavado de dinero similares a las casas de cambio, pero los antecedentes nunca fueron presentados por el intercambios.
Mientras que la abogada de Prieto, Andrea Von Chrismar, dijo en representación de Banco Internacional que las fintechs intentaron “abultar” el caso sumando varios bancos demandados y entre ellos “arrastraron” a la empresa vinculada a la Cámara Chilena de la Construcción.
El abogado de Gana & Gálvez Abogados, Rubén Urrutia, recordó en representación de BancoEstado que la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo interpuesto por Orionx que abordaba la misma situación y resolvió que “Además de no ser ilegal, tampoco es arbitrario”.
Al margen, el abogado de Jordan Barahona, Benjamín Jordan, dijo en nombre del Banco de Chile que las entidades financieras han justificado que haya “un riesgo reputacional” al negar el acceso a las cuentas debido a los peligros que existen en la prevención del lavado de dinero.
El abogado de Pellegrini & Rencoret, Diego Ramos, señaló en representación de Banco Security que la empresa no tiene nada en contra de las plataformas, sino de la intermediación de criptomonedas “Es un giro que decidió no atender, al menos por ahora, ya que naturalmente se trata de políticas comerciales que están en constante evaluación”. Agregó que no es una decisión caprichosa, ya que implica “costos significativos en due diligence”.
María Jesús Cifuentes, también abogada de Pellegrini & Rencoret, pero en representación del BICE, aclaró que el banco fue arrastrado a esta demanda y que el problema detrás del caso es una situación regulatoria.
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