La polémica en torno a la muerte de Tomás Bravo, quien tenía tres años y siete meses cuando su cuerpo fue encontrado en una vereda de la Región del Biobío, llevó a la fiscal a cargo del caso, marcela cartagena envió -en julio del año pasado- una serie de oficios a entidades relacionadas para dar cuenta de los desórdenes en el caso.
Los informes ahora fueron revelados después de el 28 de marzo él Juzgado de Garantía de Arauco ordenó la reapertura de la investigación a fin de que Fiscalía entregará -en un plazo de siete días- dicho funcionario con errores metodológicos en la defensa del único imputado en la causa: el tío abuelo de la menor, Jorge Escobar.
Los textos abordan las diversas vicisitudes que ha atravesado el caso, que se originó el 17 de febrero de 2021, cuando el niño fue reportado como desaparecido en el sector Caripilún, en la Región del Biobío, luego de caminar con su tío abuelo por sector. El cuerpo sería encontrado tras nueve días de intensa búsqueda, a unos dos kilómetros de su casa.
Específicamente, los informes desglosan el trabajo de los Policía de Investigaciones (PDI) y Servicio Médico Legal (SML)desde el inicio del caso hasta la entrega de diversas pericias, como la toma de muestras de sangre y ropa, la autopsia, entre otras.
Tercero tuvo acceso a ambos textos, así como a los resultados de las pruebas solicitadas a la Universidad de Santiago de Compostela y Murcia, en España. En ellos, el fiscal regional del Biobío -Marcela Cartagena-quien tomó el caso en marzo de 2021, critica el trabajo realizado por la PDI, así como el trabajo realizado por varios profesionales de la salud en el SML.
En ambos casos, los textos están dirigidos a las máximas autoridades de dichas instituciones, Sergio Muñoz y Gabriel Zamora, respectivamente, donde al final se dan “sugerencias”.
En ocho páginas, Cartagena habla de “situaciones irregulares” por la PDI, que han afectado la investigación, que se traducen en “actos, omisiones o posibles negligencias”tanto de la Brigada de Homicidios de Concepción como de otros departamentos policiales.
De entrada, el fiscal reconoce que se ha hecho”análisis crítico sobre la actuación” de los perseguidores que le llevaron el caso: Carolina Molina y José Ortiz. En ese sentido, dice que, en algunos aspectos, hay “responsabilidades compartidas sobre cómo se atendieron los primeros pasos de esta indagatoria”.
En detalle, Cartagena critica que al inicio del caso No se ha dispuesto vigilancia para Escobar: “No fue ordenada por ninguno de los dos fiscales antes mencionados que estuvieron a cargo de la investigación entre la desaparición y 4 días después del hallazgo del cuerpo, lo que con razón merece nuestro juicio crítico y no fue sugerida por el personal de la Brigada de Homicidios. tampoco, a cargo exclusivo de la investigación antes de transcurridas 24 horas desde que se conoció la desaparición del niño y hasta la aparición de su cuerpo”.
Además, sostiene que “hubo una inexplicable reticencia a considerarlo sospechoso, en circunstancias de que durante ese tiempo limitado (9 días) no compareció, ni comparece. A la fecha no existe ningún registro que lo descarte objetivamente como responsable de lo sucedido a la menor”.
A su juicio, a Escobar lo trataron “de manera ambigua” y dice que la policía a veces lo trató como investigado ya veces no. Así, acusa que los funcionarios realizaron trámites “justamente autónomos” sin orden del Ministerio Público.
“Seguramente la falta de liderazgo del fiscal Molina los primeros cinco días de búsqueda y la intervención de “muchas manos” de la PDI, en ese mismo período, que propusieron rumbos investigativos desesperados y un tanto ansiosos, conspiraron para obtener un resultado investigativo definitivamente irregular”, escupe

En otro ítem, Cartagena señala el trabajo de la doctora Carla Aldana, integrante de la Brigada de Homicidios y de la SML. El fiscal explica que un perito que trabajaba en el cuerpo del menor cuando estaba ubicado en el lugar del hecho no tomó muestras relacionadas con un posible delito de violación “Porque la doctora Aldana descartó en el lugar del hallazgo que la niña hubiera sido violada”.
Esto, Cartagena lo califica como “muy grave, imposible para el más brillante de los expertos médicos. Injustificable desde cualquier metodología posible y se torna peligroso si se analiza que dichos comentarios fueron escuchados por todo el personal de BH que la acompañaba”. Aldana, dice el perseguidor, también dirigió la autopsia del SML, como empleada de ese servicio.
Hay un punto en la investigación que marcó un antes y un después. Fue entonces cuando el fiscal José Ortiz decidió formalizar al tío abuelo del niño. “Fue una decisión equivocada del fiscall, no porque el tío abuelo fuera inocente, sino porque el fiscal no tenía suficientes antecedentes”, dice Cartagena, quien agrega que la PDI advirtió al fiscal sobre la “inconveniencia” de la orden. “Creemos que este hecho marcó de manera definitiva y negativa la predisposición del personal de la BH-PDI hacia la acusación y los fiscales y también hacia la investigación.”.
A eso se suma, dice, que en ese momento se decidió incluir en las labores de investigación a un equipo del Labocar de Carabineros. Luego recuerda que el 4 de marzo hubo una reunión por Zoom con la BH y Labocar. Según ella, en la cita, el El prefecto inspector Juan Carlos Carrasco tuvo una intervención “inadecuada, irrespetuosa y absolutamente dañina”.

Cartagena afirma que “es posible afirmar que todas las actuaciones realizadas por el BH, desde entonces y hasta la entrega del último Informe, se realizaron bajo la absoluta convicción de que el niño se había perdido solo y había muerto fuera del intervención de terceros”. El texto señala que Carrasco solicitó diligencias a la Fiscalía”siempre en pos de verificar la teoría que había sido escogida por la BH, como la única posible”.
“Esta posición se hizo patente en las diligencias que les fueron encomendadas, las que hacían sin el menor entusiasmosalvo aquellas que desplegaron de forma casi autónoma para poder imponer su versión de lo sucedido, como hemos explicado”, argumenta.
El 26 de febrero, un perito policial tomó muestras del cuerpo de Tomás para buscar fluidos biológicos, como sangre, semen y específicamente esperma. El informe fechado el 2 de marzo fue negativo para lo buscado.
Sin embargo, dice el texto, “como resultado de una revisión de todos los hisopos tomados del cuerpo del niño, realizada en los últimos meses, fue posible encontrar esperma en los sobres de papel que servían de empaque para los hisopos recolectados”. Lo mismo, dice el fiscal, ocurrió con las muestras de ropa.

En ese sentido, dice la carta, se guardaron seis prendas en una bolsa, mezclándose y degradándose. Esto dificultaría la búsqueda del ADN posiblemente presente encontrado. Posteriormente, en Lacrim Central, se realizó otro peritaje en este sentido, que habría arrojado resultados contradictorios. Cartagena critica que este último experto no solicitó nueva pericia ni hizo comentarios adicionales.
En los mismos términos, el fiscal critica diversas diligencias realizadas por la Servicio Médico Legal. En un inicio critica el trabajo de la doctora Aldana, quien trabajó en el lugar del hecho como miembro de la PDI y también en la autopsia, para la SML. “Dr. Aldana debe abstenerse por su propia voluntad de ejercer este doble vínculo indebido con la investigación”, comenta.
El fiscal dice que Aldana inicialmente se negó a hacer una autopsia oral, sugerida por un odontólogo forense. “Esta decisión fue un error en sí mismo, ya que dicho procedimiento estaba justificado”.
También señala que en la autopsia se observaron “dificultades y comportamientos fuera de lo común”. Asimismo, acusapoca pulcritud” en la toma de muestras de tejido.
Con todo, el fiscal critica que los estudios histopatológicos fueron enviados a una profesional del SML de Antofagasta, Zenaida Beltrán, quien tiene “falta de especialización y obviamente poca experiencia para un caso de tal connotación como este”. “Las consecuencias de esa decisión han sido reveladas en el Informe Histopatológico presentado por el citado Dr. Beltrán, el cual adolece de groseros errores”.

Uno de los Los puntos más graves están en el almacenamiento de las muestras de sangre y orina del menor almacenadas en el SML de Santiago que no fueron debidamente protegidas y terminaron descompuestas, “perder irremediablemente”. Esto ocurrió debido a “varios errores garrafales”.
Finalmente, como en el caso de la PDI, también se aborda la contradicción en la búsqueda de espermatozoides. En ese sentido, dice que en los primeros informes, realizados en la autopsia, se descartó esto, pero un año después se encontró.
Según detalló, se evacuaron dos informes del SML de Concepción “donde las peritos Patricia Tapia y Yazna Villarroel informaron la ausencia total de los fluidos buscados”. En el CODIS de Santiago los resultados también fueron negativos. Sin embargo, en mayo de 2022, el Departamento de Laboratorio SML en Santiago y sus profesionales Viviana Salinas y Guy Neckelman encontraron resultados positivos.
El 28 de marzo, la Fiscalía de Biobío recibió los resultados de los peritajes solicitados a la Instituto de Ciencias Forenses “Luis Concheiro”, de la Universidad de Santiago de Compostela, España.
La solicitud buscaba identificar el ADN de tres sujetos en el cuerpo del menor. Los sujetos son Jorge Escobar y otros dos sospechosos, identificados con las iniciales HGAA y VHAA. Estos últimos no están relacionados con la víctima. Para ello, se enviaron muestras corporales y ropa. El informe de 55 páginas descartó la presencia de semen.
Otro informe, esta vez a la Universidad de Murcia, firmado por el doctor en Medicina y Cirugía, Aurelio Luna Maldonado, buscó esclarecer la causa de la muerte del menor y analizó el trabajo realizado en Chile.
En ese informe, de 16 páginas, con fecha de diciembre de 2022, se hace constar que el cuerpo del menor había sido movilizado tras su muerte. El profesional, profesor de medicina legal y forense, sostiene que “Existen numerosas contradicciones y omisiones que impiden llegar a una conclusión con cierto grado de certeza” en relación a la causa de la muerte.
En 2021 se supo que la causa de la muerte habría sido inanición e hipotermia; sin embargo, esta hipótesis no pudo ser concluyente. La investigación también planteó la tesis de una supuesta asfixia.
Discutiendo con términos médicos, El informe de Luna desacredita la deshidratación. Además, apunta: “como vemos, no existen datos objetivos suficientemente contrastados para poder emitir un diagnóstico de muerte por hipotermia o inanición”.
“En vista de lo anterior, la hipotermia y el hambre no pueden sostenerse como la causa de la muerte”. También descarta la muerte por causas traumáticas y por envenenamiento. “Actualmente y con los datos existentes no es posible establecer un diagnóstico exacto de la causa de la muerte”concluye.
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