La última vez que la sala del Senado discutió la reforma que crea el Ministerio de Seguridad, el pasado 23 de julio, una de las votaciones que más celebró la titular de Interior, Carolina Tohá (PPD), fue la que ratificaba las disposiciones transitorias que permitirían al Presidente de la República, Gabriel Boric, fijar -mediante Decreto con Fuerza de Ley (DFL)- la planta de la nueva entidad, entre otras medidas adecuatorias.

En aquella disposición -resistida por la UDI, pero que fue apoyada por RN- también quedó sellado el itinerario que le permitiría al Mandatario culminar en un plazo máximo de 18 meses la implementación del ministerio (12 meses para el DFL y seis meses más para la puesta en marcha de la nueva cartera).

El apoyo mayoritario de los senadores a esas normas transitorias también eran un implícito respaldo al plan que tenía diseñado Tohá. Además de ahorrarse una desgastante negociación en el Congreso para zanjar las plantas de personal, la titular de Interior había defendido dentro del gobierno que antes de nombrar a un nuevo ministro de Seguridad, primero será necesario tener resuelta la institución.

A diferencia de otros ministerios que se han creado en los últimos años, el diseño de Tohá tenía una justificación técnica. Dada la envergadura de la problemática de seguridad, sería inentendible para la ciudadanía que el Presidente nombrara un ministro a cargo de combatir el crimen, pero sin una estructura de personal, de oficinas y de responsabilidades legales que sustenten sus atribuciones. En otras palabras, se corría el riesgo de tener un simple vocero por temas de delincuencia, pero sin siquiera tener mando en las policías, pues -mientras no esté operativa la nueva cartera- seguirían dependiendo del Ministerio del Interior.

De hecho, la norma que facultaba al Presidente para designar inmediatamente al ministro de Seguridad, que fue aprobada en el primer trámite por el Senado, fue rechazada en la Cámara. Luego los senadores, cuando les tocó revisar el proyecto de vuelta el 23 de julio, no insistieron en esa disposición transitoria.

El plan de Tohá dejó en una encrucijada al subsecretario de Interior, Manuel Monsalve (PS), quien es una de las cartas favoritas para asumir la jefatura de un eventual nuevo ministerio.

Si bien será una facultad exclusiva del Presidente Boric resolver el nombre, hasta ahora legisladores del oficialismo y la oposición creen que el subsecretario es el que tiene más chances.

En su momento, desde el mismo Parlamento se promovía al diputado Raúl Leiva (PS), al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara (PPD), y al actual delegado regional, Gonzalo Durán (Frente Amplio), quienes, si bien no están descartados por el gobierno, sus nombres han perdido fuerza en el oficialismo, al igual que el de Constanza Martínez (exdelegada), que hoy tiene el desafío de consolidar al nuevo partido frenteamplista.

Por el contrario, en los últimos dos años, Monsalve -que ya en su época de diputado contaba con redes en la derecha y la izquierda- se empapó de las políticas de seguridad, que hasta antes del inicio del actual gobierno eran un área ajena a su trayectoria. Él es médico cirujano de profesión y en los 16 años en que fue diputado siempre estuvo a cargo de ver temas de Hacienda, Salud, Educación y DD.HH.

En la misma oposición, que exige al Ejecutivo tener mejores resultados en el combate de la delincuencia, creen que Monsalve ya hizo su aprendizaje, por lo tanto, puede ser un problema que Boric nombre a una persona que tenga que volver a instruirse de temas de seguridad.

Aunque convertirse en el primer ministro de Seguridad podría ser un incentivo personal para quedarse en el gobierno, Monsalve no tiene definido su futuro.

El subsecretario es uno de los cuadros con los que el PS pretende fortalecer su plantilla parlamentaria. Incluso, en su colectividad lo han sondeado para postular al Senado por La Araucanía o por alguna región del norte.

El problema de Monsalve es que su decisión de seguir o renunciar al gobierno, al igual que la de otros ministros y subsecretarios, debe expresarse antes del 16 de noviembre. Hoy, la Constitución fija un plazo de 12 meses antes de los comicios para que renuncien las autoridades del Ejecutivo con aspiraciones a postular al Senado o la Cámara.

Por lo tanto, si decide quedarse con la pretensión de poder convertirse en el primer ministro de Seguridad, pueden pasar varios meses antes de que sus aspiraciones se cumplan. Peor aún, si la instalación de la nueva secretaría de Estado demora los 18 meses de plazo máximo, podría acabarse el gobierno sin que el Presidente lo designe en el cargo.

A diferencia de Monsalve, la demora para implementar la reforma solo entra a jugar en favor de los tiempos de Tohá, quien no necesariamente tiene que salir del gabinete en noviembre si es que su aspiración es competir por la Presidencia de la República en 2025.

En todo el período de instalación, la actual ministra mantendría el control del orden público y la seguridad, incluso, con un poder político mayor si es que la reforma refuerza las potestades de jefatura de gabinete y de coordinación interministerial de Interior. En todo caso, para evitar suspicacias, especialmente de la oposición, Tohá ofreció posponer la entrada en vigencia de los llamados “superpoderes” de Interior para el próximo gobierno.

En el oficialismo y la oposición creen que la ministra tiene un especial interés en seguir a cargo de la seguridad y el orden público, a pesar de que legisladores aliados le han advertido que ello no le está rindiendo frutos en materia de popularidad. Incluso, un diputado de la alianza gubernamental aventura que Tohá estaría disponible para dejar Interior con tal de asumir como jefa del nuevo Ministerio de Seguridad. Ese escenario no es descartable, admiten en el Ejecutivo.

Un papel de comodín entraría a jugar en ese diseño el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien podría ser carta para Interior en reemplazo de Tohá, o bien para encabezar la nueva cartera de Seguridad si es que ella opta por mantenerse en su actual función. ¿Cuál es su ventaja? A diferencia de Monsalve, quien tiene una relación tensa con Tohá, Elizalde tiene una alianza política estrecha con la titular de Interior.

Al margen de esta incertidumbre por los plazos y los nombres, esta semana comenzó a trabajar la comisión mixta, conformada por diputados y senadores, para resolver los nudos de esta reforma.

A juicio del senador Iván Flores (DC), quien fue elegido presidente de esta instancia, el proyecto debiera avanzar “lo más rápido posible” y con “un trayecto no muy largo”.

La celeridad para tramitar la reforma, con un ritmo de dos sesiones por semana, será apoyada, además, por una mesa técnica integrada por asesores legislativos. Por lo tanto, las tratativas deberían dar resultado en el plazo “de semanas”, adelantó el presidente de la comisión.

Superado el paso en la mixta, la propuesta de solución debe ser votada por el Senado y luego por la Cámara. Con ello, la nueva secretaría de Estado entraría en la recta final y podría convertirse en ley en septiembre, para comenzar con los respectivos plazos de implementación.