Los vacíos del reglamento que expuso el caso positivo en el test de drogas del diputado Nelson Venegas

Varias horas antes de que el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, empezara a notificar los resultados del último examen de drogas, el diputado Nelson Venegas (PS) se adelantó, tomó una decisión estratégica y envió a los medios de comunicación un video de un minuto en el que confirmó un rumor que se había extendido en el Congreso desde el viernes de la semana pasada.

“El resultado del test será informado por el secretario de la Cámara como una falta al reglamento de la corporación”, afirmó Venegas, quien además aprovechó de contener los efectos de la noticia anunciando de inmediato que renunciaba a la Comisión de Ética -encargada de sancionar estas faltas- y que él mismo presidía.

Sus palabras terminaron dándole la razón a la diputada Camila Flores (RN) -parlamentaria que conoce hace varios años a Venegas-, quien rompió con la reserva que suelen tener los parlamentarios en este delicado asunto y afirmó hace una semana en Radio Biobío que el test había arrojado un resultado positivo que involucraba a “un diputado de izquierda”.

Lo de Venegas tuvo una sola lectura: el diputado socialista infringió el reglamento de la Cámara al consumir una droga prohibida. Sin embargo, el parlamentario se excusó: “El resultado se debe a que actualmente estoy en un tratamiento para bajar de peso con un medicamento llamado Sentis, prescrito por un profesional y adquirido por receta médica en una farmacia. Sentis forma parte de la familia de las metanfetaminas, situación que yo ignoraba”.

La Cámara, por primera vez en su historia, tuvo que enfrentar el caso de un resultado positivo ante el consumo de drogas. La crisis más fuerte en este tema se registró en 1995, cuando el exministro vocero de Pinochet Francisco Javier Cuadra apareció entrevistado en la Revista Qué Pasa afirmando que “algunos parlamentarios consumen drogas”.

El explosivo titular remeció como nunca al Parlamento e incluso llevó a que algunos parlamentarios exhibieran sus muestras de orina. Sin embargo, casi 30 años después, esta vez el hecho no provocó tal escándalo ni mucho menos la feroz cacería de brujas desatada por Cuadra en los 90.

El origen de la política de control de drogas de la Cámara se remonta a una indicación ingresada por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) en 2021, en el marco de la tramitación de la ley de presupuesto de ese año. Coloma logró incluir en la glosa de la Cámara un mandato para que los diputados tengan que examinarse dos veces al año de forma aleatoria.

La enmienda luego derivó en la discusión de un reglamento que dio forma al examen que esta semana tuvo su prueba de fuego. Todo esto en un contexto en que son varios los diputados que reconocen abiertamente consumo de drogas. “Me gusta la marihuana. ¿Cuál es el problema?”, declaró en 2022 en la Revista Cáñamo el diputado Jaime Sáez (RD). Lo mismo han dicho, por razones recreacionales o medicinales, diputados como Brito, Emilia Schneider (CS), Diego Ibáñez (CS), Boris Barrera (PC) o Ana María Gazmuri (Acción Humanista).

Luego de una fuerte negociación entre las bancadas, en junio de 2022 salió humo blanco del reglamento de ocho páginas que hoy regula a la Cámara. El documento plantea que el procedimiento comprenderá a “todos los diputados, sin excepción, de manera aleatoria y semestral, mediante un sorteo que asegure que durante el período legislativo deba realizarse, al menos, dos veces”.

El sorteo se hace en la reunión de jefes de comités y en dicha tómbola no hay nombres, sino que solo números. Cada número tiene asociado a un parlamentario. El objetivo es resguardar la identidad de los legisladores sorteados.

El procedimiento para testear a los diputados se hace bajo un estricto protocolo. Los parlamentarios que resulten sorteados deben ir hasta el Laboratorio de Análisis de Antidoping y Drogas de Abuso de la Universidad de Chile, ubicado en Independencia. Esta es la institución que se ganó la licitación, abierta en agosto de 2023 y adjudicada en noviembre de ese mismo año, para ofrecer el servicio, que en total implica un gasto para la Cámara de $ 31.200.000, es decir, $ 200.000 por 156 muestras en total.

La cadena de custodia de las muestras fue pensada para que cada sobre nunca tenga los nombres de los diputados. Los parlamentarios quedan asignados con un código, el cual será su identidad en el laboratorio. La equivalencia de cada código con el nombre del parlamentario respectivo solo está bajo el conocimiento de la Secretaría de la Cámara. La única persona que tiene acceso a toda la información es Landeros, quien, además, se testea en cada uno de los sorteos.

El protocolo de la Cámara establece que se tiene que “aplicar única y exclusivamente el examen de pelo”. Para eso el funcionario del laboratorio corta cinco centímetros de cabello para formar un mechón del grosor de un lápiz grafito, equivalente a un rango entre 50 y 100 miligramos que se dejan dispuestos sobre una lámina de aluminio. En el caso de personas calvas, solo se autoriza la toma de muestra de pelo axilar o del pecho.

Este procedimiento se repite dos veces, con el objetivo de generar dos muestras: una que será catalogada con la letra A y la contramuestra con la letra B. La primera tendrá una marca con una cinta azul y la segunda, con una cinta roja. Luego los mechones de pelo se envían al laboratorio para que sean analizados por un equipo de espectrometría de masas.

La licitación de la Cámara detalla que el análisis solo se hace respecto de los siguientes sicotrópicos: marihuana, cocaína, opioides, benzodiazepinas y anfetaminas. El tipo de estudio que realiza el laboratorio tiene un corte de concentración que arroja resultados positivos solo para un consumo frecuente y no casual.

Esto significa que los diputados que tengan un test positivo consumen entre tres a cuatro veces a la semana, es decir, son consumidores crónicos. “La información entregada es 100% fidedigna, es decir, no existen falsos positivos”, explicó en 2022 a La Tercera el director del laboratorio de la Universidad de Chile, Cristián Camargo.

Entre los diputados lo que más llama la atención es que Venegas no haya declarado el consumo de Sentis. El ingrediente principal de dicho fármaco es la droga fentermina clorhidrato, un compuesto que inhibe el apetito. En la Cámara son escépticos a que Venegas, siendo presidente de la Comisión de Ética, haya olvidado declarar el consumo de dicho remedio.

El reglamento establece que Landeros es quien lleva el control de todo el examen y que él debe designar a un funcionario de la Cámara para que, en estricta reserva, colabore en el testeo. Este funcionario tiene que facilitar que los diputados sorteados “declaren, antes de someterse al examen de pelo, cualquier medicamento, respaldado con certificación médica, que pudiera afectar con un resultado positivo”.

Cuando Landeros notificó por primera vez a Venegas, activó el reglamento y se procedió a analizar la contramuestra que estaba guardada bajo llave en el laboratorio. Ese segundo examen arrojó el mismo resultado: positivo. Si bien Venegas aseguró desconocer que Sentis formaba parte de las anfetaminas, eso no lo eximía de declarar los remedios que estaba consumiendo. Algo que no hizo en el primer test ni tampoco en la contramuestra. “Este no es un olvido, es una infracción”, dice una fuente de la Cámara que está al tanto del procedimiento.

A eso se suma que la fecha de la receta médica es el 4 de diciembre de 2023, después del sorteo realizado el 29 de noviembre y antes de que se tomaran las muestras. El pelo de los 51 diputados que se sometieron al test fue recogido entre el 11 y el 22 de diciembre.

El resultado del primer test positivo en la Cámara abrió un duro debate sobre el reglamento. El más complejo apunta a quienes conocen los resultados: el propio parlamentario afectado y Landeros. El asunto es que el parlamentario no puede acceder a una copia de su propio examen. De hecho, son varios los parlamentarios que ni siquiera revisan sus resultados y, los pocos que se animan, deben pedir una hora para revisarlos y se les muestra en una pantalla. Esto mismo lo alegaron los legisladores en la sala la tarde del lunes, pero Landeros no cedió y explicó que no entregará copia de los tests.

Más complicado aún, cuando los diputados dan positivo, el afectado puede dar información a la opinión pública sobre sus resultados, pero en caso de que su explicación no coincida con la droga detectada en el test, nadie puede precisarlo. Ni siquiera Landeros, el custodio de la información, puede contrastar las versiones entregadas. Para la Secretaría el único resultado que vale es el del examen de laboratorio.

En el caso de Venegas -tras admitir que dio positivo en el examen-, la diputada Flores informó que presentó un oficio a la Fiscalía Nacional para que inicie una investigación de oficio sobre el caso.

El examen en que participó el diputado socialista es el tercero de la Cámara. En 2022 hubo dos sorteos -en uno de ellos también fue testeado Venegas- y todos los resultados fueron negativos. La información que suele comunicar Landeros es si el diputado infringió o no infringió el reglamento. En el caso de diputados que salgan positivos, pero sus resultados se deben a algún medicamento declarado previamente, dicha conclusión no se informa como un caso positivo.

Hace dos años las resistencias de la Cámara se tradujeron en que cinco diputadas –Marisela Santibáñez (independiente), Marcela Riquelme (independiente), Lorena Fries (CS), Clara Sagardía (independiente) y Gazmuri- ingresaran un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para impugnar el control de drogas. La arremetida judicial atrasó el sorteo que debía realizarse en 2023 y, de paso, hizo que tres parlamentarias sorteadas en 2022 se negaran al examen. Ese fue el caso de Santibáñez y Sagardía. A ellas se sumó el diputado Jorge Durán (RN).

La Corte de Valparaíso rechazó el recurso y luego, en agosto del año pasado, la Corte Suprema confirmó la sentencia y dio luz verde a los testeos.

Pese a que Riquelme recurrió a la corte, sí se ha hecho el test las dos veces en que ha salido sorteada. El resto -Santibáñez, Fries, Sagardía, Gazmuri y Durán- no se han vuelto a hacer el examen. El reglamento estipula que quienes se nieguen al test son sancionados con un llamado al orden, amonestación o censura. Estos tres niveles tienen asociados una multa: la primera es de hasta el 5% de la dieta, la segunda de más del 5% y hasta 15%, y la tercera tiene la penalización máxima de hasta el 25% de la dieta.

Tras la detección del examen positivo, Venegas deberá “presentar una autorización anticipada de levantamiento de secreto bancario por el lapso de un año”. Junto con eso, a más tardar el miércoles, tendrá que entregar las cartolas de todas sus cuentas bancarias por el periodo de los últimos seis meses anteriores a la realización del examen.

Estos registros serán analizados por Landeros. Su revisión deberá poner atención a los movimientos que superen las 800 UF -casi $ 30 millones- durante el lapso de un mes. Si Landeros detecta esos movimientos, derivará los antecedentes a la Comisión de Ética. Además, el diputado quedará inmediatamente sorteado para el próximo testeo.

Venegas no será el único que tendrá que ser juzgado. La diputada Schneider también fue sorteada para el test, pero a diferencia de la vez pasada, la parlamentaria frenteamplista se negó. La vez anterior, cuando la Comisión de Ética analizó los casos de quienes no se testearon, no aplicó ninguna sanción.

En los cinco casos Venegas propuso aplicar un llamado al orden, la multa más baja. Sin embargo, la diputada Pamela Jiles (Partido Humanista) propuso una multa mayor, la amonestación. Ante el disenso de la comisión y al no haber mayoría absoluta, la instancia no aplicó multas. Por lo mismo, la UDI ya planea una ofensiva para endurecer las sanciones para los rebeldes, exigir la inhabilitación de los casos positivos para votar leyes sobre drogas y presentar un proyecto de ley para extender este examen a otras autoridades.