Tras siete años de tramitación, finalmente este martes se despacha la Ley de Protección de Datos Personales y que crea la Agencia de Protección de Datos, con 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones.
La futura normativa se despachó a pesar del rechazo de los diputados de oposición al esquema de multas que calificaron como “desproporcionadas” y que afectaría a los emprendimientos tecnológicos. Sin embargo, los diputados oficialistas lo descartaron, y afirmaron que las sanciones apuntan a las corporaciones tecnológicas internacionales.
La ley busca regular la forma y condiciones en las que se realiza el tratamiento de datos personales, además de elevar los estándares de protección en línea con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
La futura ley establece un conjunto de obligaciones para las empresas, entre ellas, actualizar políticas de privacidad, realizar auditorías de procesos que involucran tratamiento de datos, adopción de tecnologías y medidas en prevención de infracciones y gestión de riesgos.
El informe final de la comisión mixta contiene 55 artículos y ocho disposiciones transitorias. Sin embargo, el artículo 55° que regula el ejercicio de los derechos y reclamaciones de titulares de datos ante organizaciones autónomas, como el Poder Judicial, la Contraloría y el Banco Central, no alcanzó el quórum calificado -78 votos- y quedó fuera del nuevo cuerpo legal, pero será revisado por el Tribunal Constitucional.
Esto significa, explicó la subdirectora de GobLab UAI -laboratorio de innovación pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez- Romina Garrido, que las personas no podrán reclamar ante los organismos autónomos, “pero hay que esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional”.
Entre los cambios relevantes, se establecen nuevos derechos para los titulares de datos, se modifican los requisitos de consentimiento para la entrega de datos tomando relevancia la libertad, crea nuevas categorías de datos -menores de edad, biométricos, salud, geolocalización-, se elevan las multas por incumplimiento, se modifica la regulación de las fuentes de acceso público y crea la Agencia de Protección de Datos.
Puntos clave
La ley establece y regula los derechos de los titulares de los datos personales, según acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales; además el procedimiento y los medios para que hagan valer estas garantías ante los responsables de datos, como demandar la indemnización de los perjuicios sufridos.
Aplica a personas naturales y jurídicas, y órganos públicos que procesen datos personales dentro del territorio nacional; a quienes manejen datos en nombre de un mandatario ubicado en Chile, y cuando el tratamiento de datos esté destinado a ofrecer bienes o servicios a personas dentro del país y fuera de él. En el caso de personas jurídicas no constituidas en Chile, el responsable deberá señalar por escrito, ante la Agencia de Protección de Datos Personales, un medio de contacto válido y actualizado para reclamos.
También crea una Agencia de Protección de Datos Personales, que se encargará de velar por el cumplimiento de la ley. Contará con facultades normativas, para dictar normas e instrucciones, e interpretar normas legales y reglamentarias de datos personales; fiscalizadoras, como poder auditar o solicitar información a quienes hagan tratamiento de datos; sancionatorias, para imponer multas; y coordinadoras, para colaborar con órganos públicos e internacionales.
Además, el texto final del proyecto elevó el tope de las infracciones leves de UTM 100 ($ 6,6 millones) a UTM 5 mil (unos $ 330 millones), aunque mantuvo el límite para las graves en UTM 10 mil ($ 660 millones) y las gravísimas en UTM 20 mil ($ 1.400 millones).
También agregó multas por reincidencia de infracciones graves y gravísimas solo para grandes compañías, que pueden llegar hasta 2% a 4% de los ingresos del año anterior, y un artículo transitorio que otorga a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 12 meses de gracia con partes de cortesía, una vez que entre en vigencia la regulación.
Obligaciones para las empresas
La abogada experta en protección y ciberseguridad y socia de Alessandri Abogados, Macarena Gatica, señaló que la ley establece un conjunto de obligaciones para empresas, como la adopción de medidas de seguridad y prevención de infracciones y gestión de riesgos.
Entre las medidas de seguridad, establece capacitación de trabajadores, auditorías de procesos que involucran tratamiento de datos, actualizar políticas de privacidad, analizar los proveedores que intervengan en el tratamiento de datos de la empresa y contar con medidas tecnológicas como firewalls y antivirus.
En prevención de infracciones y gestión de riesgos, Gatica explicó que las compañías deberán realizar procedimientos de análisis de riesgos a partir del levantamiento e identificación de sus activos (datos personales) e implementar medidas para prevenir o mitigar los riesgos.
Dijo que cada empresa podrá establecer sus propios estándares para gestionar el riesgo, considerando los principios que ya tiene la ley.
Los responsables de datos deberán adoptar mecanismos y herramientas tecnológicas que permitan que el titular ejerza sus derechos en forma expedita.
Sanciones y falta de conocimiento
El secretario general de la Sofofa, Rodrigo Yáñez, señaló que la aprobación del proyecto “es un paso crucial para brindar las certezas que empresas y personas necesitan en la nueva era digital”. Pero, dijo que hay preocupación por las sanciones propuestas, ya que podrían “ahuyentar la inversión que tanto necesita la industria de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), amenazando no solo a las grandes empresas, sino también a las PYME”.
Añadió que Chile tiene la oportunidad histórica “de diseñar un marco regulatorio que no se limite a calcar el estándar europeo, sino que forje su propio camino, inspirado en los mejores modelos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), adaptados a nuestra realidad, para liderar con fuerza y visión en la economía digital global”.
En tanto, el abogado y director de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec), Fernando Fernández, advirtió que la implementación de la futura ley presentará “varios obstáculos significativos”, debido a la falta de conciencia y conocimiento de proteger los datos personales, por lo que se requerirá “un cambio cultural profundo” de individuos y organizaciones.
“Esta situación supondrá resistencia al cambio, lo que eventualmente podría provocar contingencias legales y financieras muy severas, como consecuencia de la imposición de multas”, comentó.
Agregó que las empresas deberán realizar un “inventario exhaustivo” de sus bases de datos y desarrollar un sistema robusto de gobernanza de datos que asegure “la conformidad con la ley y minimice riesgos”, lo que las obligará a establecer procesos y políticas claras sobre la recopilación, almacenamiento, tratamiento y eliminación de datos personales, así como implementar “medidas técnicas y organizativas adecuadas” para proteger la información.
Garrido, de GobLab UAI, afirmó que su aprobación es una “buena noticia” y que la labor de la futura Agencia será “fundamental en la eficacia de la normativa” y en el acompañamiento a los regulados. “Esta es una materia muy difícil de fiscalizar, por eso los incentivos están puestos en el cumplimiento preventivo y proactivo y en desincentivar conductas con multas que son factibles de evitar con buenos sistemas de gestión y control”, dijo.
La abogada y counsel de Protección de Datos y Ciberseguridad de DLA Piper Chile, Carla Illanes, indicó que el nuevo marco legal posibilitará a las empresas revisar y mejorar sus procesos internos en relación a los datos. “Permitirá nivelar el terreno del ejercicio de los derechos por parte de los titulares de los datos, al tiempo que unificará iniciativas que actualmente son aisladas en muchas empresas”.
Añadió que la ley no solo fortalecerá el marco de protección de datos en el país, sino también impulsará a las empresas a “adoptar una postura de responsabilidad proactiva en su gestión”.
Los acreedores de la Inmobiliaria La Poza S.A. -ligada al empresario Alfonso Fuenzalida- aprobaron la propuesta de acuerdo de reorganización judicial de la compañía, dejando atrás su proceso de liquidación. Con esto, la firma tiene luz verde para la venta de su proyecto habitacional a medio construir en Pucón.
La obra (emplazada en un terreno de 8.700 metros cuadrados en Camino Villarrica-Pucón 1200) considera un complejo de tres edificios con 170 departamentos (con avances que van desde el 75% al 90%).
A inicios de septiembre, Andrés Galecio y Nicolás Kuhlenthal, en representación de Kupange Spa, presentaron una oferta vinculante para la compra del inmueble y la totalidad de sus construcción por US$ 12 millones. La oferta está sujeta únicamente a la condición suspensiva de aprobarse la propuesta de acuerdo de reorganización de la inmobiliaria.
“La presente propuesta tiene por objeto el alzamiento y consecuente terminación del procedimiento concursal de liquidación que afecta a la proponente, de manera que pueda retomar el desarrollo de su giro en otros proyectos distintos del proyecto La Poza”, dijo Alfonso Fuenzalida en una presentación a la justicia el pasado 2 de septiembre.
“Se tiene por acordada la propuesta de acuerdo de reorganización judicial de Inmobiliaria La Poza S.A. y por aprobada”, dijo la jueza María Eugenia Silva, titular del 13º Juzgado Civil de Santiago en una resolución dictada a fines de la semana pasada.
En agosto de 2020, la firma solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización, con pasivos por más de $ 17.590 millones, aprobándose a fines de ese año.
Pero, dos años después, el banco Security solicitó declarar la liquidación de la inmobiliaria, acusando el impago de 16 pagarés. A través de la demanda de liquidación forzosa, la entidad financiera decidió hacer exigible el saldo adeudado por más de UF 77.633. La justicia decretó la quiebra de la empresa el 22 de junio de 2023.
Como parte del proceso de quiebra, se efectuaron tres remates del activo de la inmobiliaria (el proyecto La Poza); se partió con un mínimo de US$ 20 millones, luego US$ 16 millones y en el último se fijó un piso de US$ 12 millones. En ninguno hubo postores.
Fue a principios de mayo de este año que se oficializó el negocio. Copec adquirió la cadena Streat Burger -fundada por Diego Desmadryl y Nicolás Lipthay- con expectativas de potenciar su crecimiento a lo largo del país. Y así lo ha estado haciendo desde esa fecha.
Empresas Copec, el holding de la familia Angelini del cual forma parte la red de estaciones de servicio, publicó una nueva edición de su revista corporativa en la cual dio detalles de sus avances con la hamburguesería.
En un artículo dedicado a esta adquisición, el gerente de retail de Copec, Nicolás Rostagno, señaló que “vemos la oportunidad de llevar a Streat a todo Chile, tanto a través de su presencia en nuestras estaciones, como a través de la expansión en zonas urbanas residenciales y de oficinas con tiendas stand alone (independientes de las bencineras). Además, podemos poner a disposición las capacidades tecnológicas de Copec, nuestro programa de fidelización, plataformas digitales y red logística para acelerar el crecimiento de la marca”.
En San Francisco de Mostazal, el local de Streat “se tradujo no solo en altos niveles de venta, sino que también en un incremento de público para la estación”, dijo un ejecutivo de Copec.
Un “plan de expansión potente”
Los acercamientos entre ambas compañías comenzaron cuando los fundadores de Streat Burger buscaban un socio para expandirse más allá de Santiago y escalar la empresa, lo que los llevó a acordar el desarrollo de un plan piloto con Copec en la estación de San Francisco de Mostazal.
Según lo publicado en la revista de la empresa, esta tienda “se tradujo no solo en altos niveles de venta, sino que también en un incremento de público para la estación, atrayendo más tráfico y logrando una buena experiencia entre los clientes, según los análisis internos de Copec”.
La compañía tenía como objetivo potenciar la marca Pronto e incorporar otras nuevas “que hayan probado generar tráfico por sí mismas” y así se selló la adquisición.
Según expuso Rostagno, entre los puntos que jugaron a favor de Streat Burger para conquistar a Copec, destacó que la cadena “logra atraer a un cliente distinto al de Pronto, el cual está dispuesto a quedarse más tiempo para disfrutar de una experiencia gastronómica distinta. Es, en general, un cliente joven, digital y muy leal a la marca”.
Asimismo, agregó que “hay elementos comunes entre Copec y Streat Burger: el foco en el cliente, ofrecer una infraestructura excepcional a lo largo de todo el territorio y poner a disposición siempre productos de alta calidad”.
De esta manera, el piloto que comenzó en San Francisco de Mostazal concluirá el año con cinco locales Streat Burger en estaciones de servicio de “alto flujo” de Copec, según anotó la empresa en su revista corporativa.
Asimismo, la filial del grupo Angelini agregó que continuarán con un “plan de expansión potente, tanto dentro como fuera de la red”.
Copec y Streat Burger
Lipthay, uno de los fundadores de la cadena, en el mismo artículo, se alineó con las ambiciones de la firma: “Hoy, después de haber cerrado la venta y estar liderando el proyecto desde Copec, me siento muy orgulloso de haber logrado este cierre y poder proyectar la marca, su cultura y visión a lo largo de Chile, y por qué no, fuera de nuestras fronteras”.
La compañía inició sus operaciones en 2016, con un primer local ubicado en Isidora Goyenechea, en el barrio El Golf, en Las Condes. Posteriormente, se fueron ampliando y, para 2019, la marca ya había sumado locales en el Parque Arauco y en La Dehesa.
Streat Burger es parte de una serie de adquisiciones que ha estado realizando Copec en el último tiempo. Entre ellas, destacan Gogoro, una red de baterías intercambiables para motos eléctricas; Chiper, un sistema para organizar con eficiencia el suministro para almaceneros de barrio; la española Ampere, especializada en sistemas de almacenamiento inteligente de energía; y Blue Express, compañía de servicios logísticos y courier por la cual el grupo Angelini pagó unos US$ 250 millones en 2022.
La filial Copec, con esto, busca trabajar tres nuevas verticales de negocios fuera del tradicional: nueva conveniencia, energías y movilidad. “En particular, dentro de la nueva conveniencia, nos hemos puesto el desafío de ser los líderes en alimentación al paso en Chile, incorporando experiencias que sorprendan a nuestros clientes tanto dentro como fuera de nuestras estaciones de servicio”, dijo Rostagno en la revista de la empresa.
Este domingo se percutaron múltiples disparos cerca del club de golf de Donald Trump en West Palm Beach, Florida. Según dos fuentes informadas sobre el incidente, el candidato republicano se encuentra a salvo.
El Servicio Secreto informó que estaba investigando el incidente, ocurrido poco antes de las 14.00 hora local.
Los hechos son un eco de lo ocurrido el 13 de julio en Pensilvania, cuando ocurrió un intento de asesinato al exPresidente. Esto mismo ha planteado dudas sobre la protección de los candidatos a pocos meses de lo que parece que serán unas elecciones muy reñidas el 5 de noviembre en las que se enfrentará a la vicepresidenta _
ñ.-{ ´¿+}Las versiones de los hechos_
La Casa Blanca señaló en un comunicado que el Presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris habían sido informados sobre el incidente y se mostraron “aliviados al saber que está a salvo”.
Por su parte, el hijo de Trump, Donald Trump Jr, citó a las fuerzas de seguridad locales diciendo que se había descubierto un arma automática AK-47 en unos arbustos y que se ha detenido a un sospechoso, según una publicación en X. Sin embargo, Reuters no pudo confirmar inmediatamente su versión.
Por otro lado, el Washington Post dijo que Trump estaba jugando al golf en el campo cuando se produjo el incidente. Agentes del Servicio Secreto lo llevaron a una sala de espera en el club, dijo, citando a dos personas informadas de lo sucedido.
El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El servicio de policía de Palm Beach dijo que celebraría una sesión informativa sobre el incidente a las 16.30 horas.