Tras más de un año de preparación del proyecto de ley más esperado en la vereda medioambiental desde el punto de vista de la inversión, de forma unánime, el viernes el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la propuesta de reforma a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que involucra el fortalecimiento territorial, mejoras a la reparación por daño ambiental, y la esperada modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Mientras resta el paso del texto por la Segpres y la Dipres, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aborda en exclusiva para Diario Financiero sus expectativas de la que sería la reforma más avanzada de los cuatro proyectos que son parte del pacto fiscal que está impulsando el Gobierno que tienen que ver con aspectos como permisos sectoriales y concesiones marítimas.
“El primer objetivo para nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente era articular un proyecto que tuviese como objetivo una reducción de tiempo en la tramitación ambiental con el fortalecimiento de la protección ambiental. Lograr eso de manera unánime con 14 ministerios es bien significativo, nos da satisfacción y también nos permite prever que es un buen proyecto y que vamos a tener una buena discusión en el Congreso”, asegura la secretaria de Estado, quien recalca que la iniciativa -cuyo ingreso al Congreso se espera para este mes- está “prácticamente lista”.
– ¿Cómo han recibido la propuesta los parlamentarios?
– En general ha sido positivo. Hay un acuerdo bien transversal que cuidar el medio ambiente es una parte fundamental del crecimiento del país en el largo plazo y, por lo tanto, el rol que juega la evaluación ambiental no es una traba para el desarrollo, sino que es el camino necesario para llegar al desarrollo. Y eso es lo que tenemos que lograr para tener un desarrollo que sea sustentable en el largo plazo. No nos olvidemos que para esto requerimos modernizar la institucionalidad que ya el próximo año cumple 30 años. La buena noticia es que tenemos una propuesta que es balanceada, equilibrada, que fortalece la institucionalidad ambiental, la hace estar lista para los desafíos de este siglo. Y, al mismo tiempo, a través de una modernización se hace cargo también del tema de la demora de los tiempos en la cual transcurren para obtener los permisos ambientales. Aquí todos ganan.
– ¿Los parlamentarios coinciden con las propuestas más relevantes de la reforma al SEIA como la eliminación del Comité de Ministros y las Coevas?
– Sí, diría que hay coincidencias, del Comité de Ministros hay una coincidencia súper transversal. El Comité de Ministros viene después de que ya está la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Es la parte de afuera de la evaluación propia, en la parte de la reclamación, pero es la Coeva es la que finalmente da la RCA. Ahí igual hay dudas de cómo fortalecemos el SEA para que este tránsito de ir eliminando la parte política fortalezca la parte técnica. Ahí hay dudas, pero en todos los elementos que se propone reformar hay hartos que ayudan a fortalecer la parte técnica para que tengamos en el fondo certeza, seguridad de que la evaluación se puede hacer de mejor manera de lo que se está haciendo hoy.
– ¿Y dónde cree que puede estar la mayor dificultad para sacar adelante esta reforma?
– La verdad de las cosas es que, no sé si estoy siendo demasiado optimista, pero en todas las conversaciones que hemos tenido como que todo el mundo queda bastante contento, lo suficientemente contento con algún aspecto como para decir ‘sí, esto es bueno. Esto va a ayudar. Esto va a permitir tener un sistema que sea más moderno, más ágil, que dé más certeza’. Recordemos que aquí no solamente se trata de tiempos y de plazos, sino sobre todo lo importante acá es tener certeza, que una vez que uno ingresa a un sistema sabe cómo va a salir y más o menos cuándo va a salir.
– Considerando que se elimina el Comité de Ministros, la Coeva, ¿se elimina totalmente el componente político de las decisiones o el hecho que exista el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del SEA y de la Dirección Regional de alguna manera no lo puede eliminar del todo?
– Ahí han habido siempre algunas preguntas. ¿Qué espacio uno le da como de válvula de escape político? Entonces, por un lado, hay varias medidas dentro del proyecto que fortalecen la evaluación técnica. De esa manera, se le da mayores atribuciones a la rectoría técnica del SEA, pero se crea un comité técnico, en la cual durante la evaluación, no después, pueden ir comentarios de todos los Seremis, pero también de otros jefes de servicio que hayan participado en la evaluación que puedan dar recomendaciones. Pero ese informe no es vinculante. Lo ve el director o la directora regional del SEA, que es el que finalmente da la RCA. Así que se da ese espacio igual para que se puedan incorporar otros aspectos que a veces son difíciles de evaluar técnicamente.
– ¿Cómo se materializa a través de esta propuesta la reducción de la judicialización y la conflictividad?
– Hay varios aspectos. Por un lado, tenemos un sistema de reclamación muy complejo, porque existe la vía administrativa, los tribunales ambientales y además la Corte Suprema ha ofrecido la invalidación. La idea ahora es simplificarla para evitar estos tiempos excesivos. La reclamación administrativa que hasta hoy tenía la última instancia el Comité de Ministros; ahora lo verá el director o directora ejecutiva a nivel central del SEA y se garantiza de que el SEA tenga que cumplir con los plazos.
Se está permitiendo mayor espacio para participación en declaraciones de impacto ambiental (DIA) cuando sea solicitada, pero quitándole una cantidad importante de restricciones que hoy los tribunales ambientales no están acogiendo. También está la participación temprana que la estamos incluyendo en este momento como voluntaria donde se espera tener mejores proyectos y un mejor proyecto también debería tener una tramitación más expedita y reducir la conflictividad socio ambiental.
Hay otro instrumento que también estamos reforzando que ya existe que es la evaluación ambiental estratégica. Esto lo hace a veces el Ministerio de Energía y también el MINVU. Hacemos algunos cambios para que se utilice más y, como un proyecto que pasó por evaluación ambiental estratégica uno diría que ya tiene un sello de calidad, para ese tipo de proyectos se ofrece una disminución de plazo en la evaluación de un 30%.
– Sobre el procedimiento voluntario de participación temprana, ¿por qué será solo voluntario?
– Los grandes proyectos ya lo hacen, pero cada uno lo hace según sus propios criterios. Ahora esto se reglamenta. Aunque sea voluntario esperamos que tenga como un sello de calidad distinto que debiera ayudar después para la etapa también de judicialización, etcétera. Todo el mundo decía ‘esto es bueno’, pero algunos querían que fuera vinculante, otros querían que no. Entonces, como no encontramos consenso, decidimos dejarlo como voluntaria para generar experiencia en el país. Esto seguro es algo que se podrá revisar unos cuantos años más.
– ¿Qué permite que ahora este proyecto sí pueda tener un mayor avance y se logre discutir, considerando que las iniciativas pasadas ni siquiera llegaron a una instancia de votación?
– Hay un alto nivel de consenso entre todos los actores de lo que finalmente quedó en el proyecto. Entonces, esa transversalidad es la que nos permite -bueno, nunca uno puede tener la seguridad-, pero tener la confianza de que esto se va a poder tramitar. Además, esto ahora es parte del pacto fiscal y ahí hay un foco de que esto sin bajar los estándares medioambientales ayude a que los procesos de evaluación para proyectos de inversión mejoren. Y la verdad de las cosas es que con los cambios que se están proponiendo, tenemos un cálculo que obviamente igual uno nunca lo puede asegurar, pero mirando los datos de las cosas que han ocurrido en los últimos años podemos disminuir como en un tercio el tiempo de la tramitación. Esa es nuestra meta y nuestra esperanza que así sea.
– El Gobierno tiene el diagnóstico que las consultas de pertinencia no deberían seguir existiendo al no agregar un valor especial, pero se iba a definir que no fuese una instancia administrativa la que decidiera finalmente si se toma una DIA o un EIA, ¿cómo eso se aclara en el proyecto de ley?
– El año pasado, más o menos ingresaron 600 proyectos para evaluación y el SEA tuvo que tramitar como 2.700 consultas de pertinencia. En estos momentos, el SEA le está dedicando más tiempo a resolver consultas de pertinencia que a evaluación de proyectos. Y no se demora poco tiempo: en promedio estamos hablando de 180 días. Y hay un subconjunto en que 35% de esas consultas se refieren a proyectos existentes donde hay una modificación. El SEA está gastando una cantidad muy importante de recurso humano al fin y al cabo a mirar estas consultas de pertinencia, con muy poco valor agregado en temas medioambiental, porque al 98% en el caso de este subconjunto que tiene que ver con las modificaciones le dice el SEA que no tiene que ingresar al sistema. Por lo tanto, para esos casos estamos proponiendo que esto se reemplace por una declaración jurada, que sea el propio titular el que haga su evaluación. Esa declaración queda en el expediente y puede ser fiscalizable por la Superintendencia.
– ¿Hay alguna posibilidad con las conversaciones que han tenido con los parlamentarios de ponerle una urgencia especial a la reforma del SEIA una vez que esté ingresada?
– Definitivamente, este es un proyecto que es relevante y, por lo tanto, bueno, eso se verá después con la Segpres en el Congreso. Pero la intención es que esto se discuta, se discuta bien, que se mejore todo lo que se tenga que mejorar, pero con un cierto nivel de sensación de urgencia.
Algunos países se resisten al compromiso propuesto de eliminar progresivamente los combustibles fósiles en un acuerdo de la COP28, lo que hace peligrar el intento de que las negociaciones de la ONU sobre el clima alcancen por primera vez en 30 años un compromiso firme para acabar con el uso del petróleo y el gas.
Arabia Saudita y Rusia son algunos de los países que insisten en que la cumbre de Dubái se centre únicamente en la reducción de la contaminación, sin mencionar los combustibles fósiles que la provocan.
Por otro lado, al menos 80 países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea y muchas naciones pobres y vulnerables al cambio climático, exigen que el acuerdo de la COP28 establezca claramente el fin del uso de combustibles fósiles.
“Necesitamos planteamientos realistas para hacer frente a las emisiones”, declaró el secretario general de la OPEP,Haitham Al Ghais, en declaraciones leídas por un funcionario. “Uno que permita el crecimiento económico, ayude a erradicar la pobreza y aumente la resistencia al mismo tiempo”.
A principios de esta semana, el grupo de productores de petróleo OPEP envió unacartainstando a sus miembros y aliados a rechazar cualquier mención a los combustibles fósiles en el acuerdo final. La carta advertía que “una presión indebida y desproporcionada contra los combustibles fósiles puede llegar a un punto de inflexión” en las conversaciones.
Es la primera vez que la secretaría de la OPEP interviene en las conversaciones de la ONU sobre el clima con una carta de este tipo. Arabia Saudita es el principal productor del cartel y su líder de facto. Rusia es miembro del llamado grupo OPEP+.
Al insistir en centrarse en las emisiones y no en los combustibles fósiles, los dos países parecían apoyarse en la promesa de una costosatecnología de captura de carbono, que según el panel científico de la ONU sobre el clima no puede sustituir a la reducción del uso de combustibles fósiles en todo el mundo.
Otros países, como India y China, no han apoyado explícitamente la eliminación de los combustibles fósiles en la COP28, pero han respaldado el llamamiento popular a impulsar las energías renovables.
La cumbre más dura
Xie Zhenhue, máximo representante chino para el clima, describió la cumbre de este año como la más dura de su carrera. “Llevo 16 años participando en estas negociaciones”, declaró a periodistas. “La reunión más difícil es la de este año. Hay tantas cuestiones que resolver”.
Afirmó que hay pocas posibilidades de que la cumbre se calificara de éxito si las naciones no logran ponerse de acuerdo en un lenguaje sobre el futuro de los combustibles fósiles.
En tanto, el ministro indio de Medio Ambiente, Bhupender Yadav, exigió “equidad y justicia” en cualquier acuerdo, y sostuvo que los países ricos deberían liderar la acción climática mundial.
Las quejas diplomáticas también se airearon en el podio el sábado. Un representante de Rusiadijoque Moscú está estudiando si parte de los cerca de 300.000 millones de dólares en reservas de oro congeladas por Occidente después de la invasión a Ucrania podrían utilizarse para un fondo de daños climáticos para países en desarrollo.
Mientras tanto,China se quejóde lo que calificó de conversaciones inaceptables sobre la participación de Taiwán en las conversaciones. Y un representante palestino denunció la guerra de Israel en Gaza, diciendo que el conflicto dificultaba centrarse en los esfuerzos contra el cambio climático.
A punto de finalizar la cumbre, que se desarrolla hasta el martes, los ministros de los gobiernos de los casi 200 países presentes en Dubái se han unido para intentar resolver el punto muerto en el que se encuentran los combustibles fósiles.
Los países vulnerables al clima dijeron que un rechazo a la mención de los combustibles fósiles en la COP28 amenazaría al mundo entero. “Nada pone más en peligro la prosperidad y el futuro de todos los habitantes de la Tierra, incluidos todos los ciudadanos de los países de la OPEP, que los combustibles fósiles”, afirmó en un comunicado la enviada de las Islas Marshall para asuntos climáticos, Tina Stege.
Las Islas Marshall, que afrontan las inundaciones provocadas por el aumento del nivel del mar debido al cambio climático, presiden actualmente el grupo de países que aboga por objetivos y políticas de reducción de emisiones más estrictos.
Para alcanzar el objetivo de mantener el calentamiento climático dentro de los 1,5 grados centígrados por encima de las temperaturas preindustriales, la coalición “está presionando para que se eliminen gradualmente los combustibles fósiles, que son la raíz de esta crisis”, afirmó. “El nivel de 1,5 no es negociable, y eso significa el fin de los combustibles fósiles”.
Israel bombardeó este sábado la Franja de Gaza de norte a sur en una fase ampliada de su guerra de dos meses contra Hamás, horas después de que Estados Unidos ejerciera su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a su aliado de una exigencia mundial de cese al fuego.
Trece de los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron el viernes a favor de la resolución que pedía un alto el fuego humanitario inmediato, bloqueada por Washington. Gran Bretaña se abstuvo.
Desde el fracaso de la tregua la semana pasada, Israel ha ampliado su campaña terrestre a la mitad sur de la Franja de Gaza con el asalto a la principal ciudad meridional, Jan Yunis. Simultáneamente, ambas partes han informado de un importante aumento de los combates en el norte.
Los habitantes de Jan Yunis declararon el sábado que las fuerzas israelíes estaban ordenando a la población que abandonara otro distrito situado justo al oeste de las posiciones asaltadas a principios de semana, lo que sugiere que podría ser inminente un nuevo ataque.
La gran mayoría de los 2,3 millones de habitantes de Gaza ya se han visto obligados a abandonar sus hogares, y muchos han huido varias veces. Los combates se extienden por todo el territorio, por lo que los residentes y las agencias de la ONU afirman que ya no hay ningún lugar seguro al que ir, aunque Israel lo niega.
Israel ha impedido que los gazatíes huyan por la principal ruta norte-sur a lo largo de la estrecha franja y, en su lugar, los desvía hacia la costa mediterránea.
En Jan Yunis, los muertos y heridos llegaron durante la noche al desbordado hospital Nasser. Un médico salió corriendo de una ambulancia con el cuerpo inerte de una niña pequeña vestida con un chándal rosa.
Los niños heridos lloraban y se retorcían en el suelo de baldosas mientras las enfermeras corrían a consolarlos en el lugar. Afuera, en tanto, los cadáveres se alineaban en sudarios blancos.
Nassar y otro hospital del sur, al Aqsa en Deir al-Ballah, informaron de 133 muertos y 259 heridos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número oficial de víctimas a casi 17.500, con muchos miles más desaparecidos y presuntamente fallecidos.
El sábado no hubo nuevas cifras de muertos y heridos de otras partes de Gaza, incluida toda la mitad norte, donde los hospitales han dejado de funcionar y las ambulancias a menudo ya no pueden llegar hasta los muertos.
“Creemos que el número de mártires bajo los escombros podría ser mayor que los recibidos en los hospitales”, declaró a Reuters el portavoz del Ministerio de Sanidad, Ashraf al-Qidra.
Los combates en el norte han sido más intensos en zonas de la ciudad de Gaza y en los asentamientos de su extremo septentrional, donde podían verse enormes explosiones desde el otro lado de la valla de Israel.
Familias del norte de Gaza publicaban mensajes en Internet suplicando a los equipos de emergencia que se adentraran en la ciudad para rescatar a los seres queridos que seguían atrapados allí.
Israel lanzó su campaña para aniquilar a los líderes de Hamás en Gaza después de que los combatientes del grupo islamista apoyado por Irán irrumpieran en la valla fronteriza de Gaza el 7 de octubre, matando a 1.200 personas y capturando a 240 rehenes en un asalto a ciudades israelíes.
Washington dijo que ha pedido a Israel que haga más de lo que ha hecho hasta ahora para proteger a los civiles en la próxima fase de la guerra. Esta semana, el Secretario de Estado Antony Blinken dijo que había una “brecha” entre las promesas de proteger a los civiles y el resultado sobre el terreno.
Pero Washington ha seguido apoyando la insistencia de Israel en que un alto el fuego sólo beneficiaría a Hamás.
Ezzat El-Reshiq, miembro del buró político de Hamás, condenó el veto estadounidense por “inhumano”. En tanto, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, afirmó en un comunicado: “Un alto el fuego sólo será posible con la devolución de todos los rehenes y la destrucción de Hamás”.
La Casa Blanca dijo el viernes que Israel podía hacer más parareducir las víctimas civilesy que Washington compartía la preocupación internacional por la situación humanitaria en Gaza.
“Ciertamente, todos reconocemos que se puede hacer más para tratar de reducir las víctimas civiles”, declaró a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Azerbaiyán seguramente acogerá la cumbre sobre cambio climático COP29 del próximo año, tras obtener el sábado el respaldo de otros países de Europa Oriental.
Los países de la región de Europa del Este, que acogerá la cumbre el año que viene, respaldaron la candidatura de Bakú durante la cumbre COP28 que se celebra en Dubái, desbloqueando así un punto muerto geopolítico sobre la próxima reunión mundial para abordar el cambio climático.
Dos fuentes conocedoras de las conversaciones dijeron a Reuters que los países del grupo regional respaldaron formalmente la candidatura de Azerbaiyán en una reunión celebrada el sábado por la tarde.
“Estamos muy agradecidos a todos los países, en particular al grupo de Europa del Este y a los Emiratos Árabes Unidos, (anfitriones de la COP28), por su apoyo”, declaró el ministro de Ecología del país, Mukhtar Babayev, en la cumbre.
La decisión sobre el país anfitrión se había retrasado después de que Rusia dijera que vetaría la candidatura de cualquier país de la Unión Europea ya que el bloque ha impuesto sanciones a Moscú por su invasión de Ucrania. Azerbaiyán no es miembro de la UE.
La candidatura de Bakú aún necesita la aprobación formal de los casi 200 países presentes en las negociaciones de la COP28, pero los delegados dijeron el sábado que esperan que esa votación sea una formalidad.
Las sedes de las cumbres climáticas de la ONU suelen anunciarse con años de antelación, y el punto muerto en el que se encuentra la COP29 ha dejado a Bakú con escaso tiempo para prepararse para la multitudinaria reunión.
La cumbre de la ONU sobre el clima celebrada este año en EAU ha sido la mayor hasta la fecha, con más de 110.000 delegados inscritos.
Ostentar la presidencia de una cumbre de la ONU sobre el clima otorga a un país una enorme influencia sobre su agenda y sus resultados.
Las relaciones de Azerbaiyán con algunos países occidentales se han deteriorado desde septiembre, cuando el país retomó el control total de la región separatista de Nagorno Karabaj, provocando un éxodo casi total de la población de etnia armenia del territorio.
Azerbaiyán es productor de petróleo y gas y miembro de la OPEP+. Algunos delegados expresaron su preocupación por la celebración de las negociaciones mundiales sobre el clima en otro país productor de petróleo.
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