Tras más de un año de preparación del proyecto de ley más esperado en la vereda medioambiental desde el punto de vista de la inversión, de forma unánime, el viernes el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático aprobó la propuesta de reforma a la ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente que involucra el fortalecimiento territorial, mejoras a la reparación por daño ambiental, y la esperada modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Mientras resta el paso del texto por la Segpres y la Dipres, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aborda en exclusiva para Diario Financiero sus expectativas de la que sería la reforma más avanzada de los cuatro proyectos que son parte del pacto fiscal que está impulsando el Gobierno que tienen que ver con aspectos como permisos sectoriales y concesiones marítimas.
“El primer objetivo para nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente era articular un proyecto que tuviese como objetivo una reducción de tiempo en la tramitación ambiental con el fortalecimiento de la protección ambiental. Lograr eso de manera unánime con 14 ministerios es bien significativo, nos da satisfacción y también nos permite prever que es un buen proyecto y que vamos a tener una buena discusión en el Congreso”, asegura la secretaria de Estado, quien recalca que la iniciativa -cuyo ingreso al Congreso se espera para este mes- está “prácticamente lista”.
– ¿Cómo han recibido la propuesta los parlamentarios?
– En general ha sido positivo. Hay un acuerdo bien transversal que cuidar el medio ambiente es una parte fundamental del crecimiento del país en el largo plazo y, por lo tanto, el rol que juega la evaluación ambiental no es una traba para el desarrollo, sino que es el camino necesario para llegar al desarrollo. Y eso es lo que tenemos que lograr para tener un desarrollo que sea sustentable en el largo plazo. No nos olvidemos que para esto requerimos modernizar la institucionalidad que ya el próximo año cumple 30 años. La buena noticia es que tenemos una propuesta que es balanceada, equilibrada, que fortalece la institucionalidad ambiental, la hace estar lista para los desafíos de este siglo. Y, al mismo tiempo, a través de una modernización se hace cargo también del tema de la demora de los tiempos en la cual transcurren para obtener los permisos ambientales. Aquí todos ganan.
– ¿Los parlamentarios coinciden con las propuestas más relevantes de la reforma al SEIA como la eliminación del Comité de Ministros y las Coevas?
– Sí, diría que hay coincidencias, del Comité de Ministros hay una coincidencia súper transversal. El Comité de Ministros viene después de que ya está la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Es la parte de afuera de la evaluación propia, en la parte de la reclamación, pero es la Coeva es la que finalmente da la RCA. Ahí igual hay dudas de cómo fortalecemos el SEA para que este tránsito de ir eliminando la parte política fortalezca la parte técnica. Ahí hay dudas, pero en todos los elementos que se propone reformar hay hartos que ayudan a fortalecer la parte técnica para que tengamos en el fondo certeza, seguridad de que la evaluación se puede hacer de mejor manera de lo que se está haciendo hoy.
– ¿Y dónde cree que puede estar la mayor dificultad para sacar adelante esta reforma?
– La verdad de las cosas es que, no sé si estoy siendo demasiado optimista, pero en todas las conversaciones que hemos tenido como que todo el mundo queda bastante contento, lo suficientemente contento con algún aspecto como para decir ‘sí, esto es bueno. Esto va a ayudar. Esto va a permitir tener un sistema que sea más moderno, más ágil, que dé más certeza’. Recordemos que aquí no solamente se trata de tiempos y de plazos, sino sobre todo lo importante acá es tener certeza, que una vez que uno ingresa a un sistema sabe cómo va a salir y más o menos cuándo va a salir.
– Considerando que se elimina el Comité de Ministros, la Coeva, ¿se elimina totalmente el componente político de las decisiones o el hecho que exista el pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva del SEA y de la Dirección Regional de alguna manera no lo puede eliminar del todo?
– Ahí han habido siempre algunas preguntas. ¿Qué espacio uno le da como de válvula de escape político? Entonces, por un lado, hay varias medidas dentro del proyecto que fortalecen la evaluación técnica. De esa manera, se le da mayores atribuciones a la rectoría técnica del SEA, pero se crea un comité técnico, en la cual durante la evaluación, no después, pueden ir comentarios de todos los Seremis, pero también de otros jefes de servicio que hayan participado en la evaluación que puedan dar recomendaciones. Pero ese informe no es vinculante. Lo ve el director o la directora regional del SEA, que es el que finalmente da la RCA. Así que se da ese espacio igual para que se puedan incorporar otros aspectos que a veces son difíciles de evaluar técnicamente.
– ¿Cómo se materializa a través de esta propuesta la reducción de la judicialización y la conflictividad?
– Hay varios aspectos. Por un lado, tenemos un sistema de reclamación muy complejo, porque existe la vía administrativa, los tribunales ambientales y además la Corte Suprema ha ofrecido la invalidación. La idea ahora es simplificarla para evitar estos tiempos excesivos. La reclamación administrativa que hasta hoy tenía la última instancia el Comité de Ministros; ahora lo verá el director o directora ejecutiva a nivel central del SEA y se garantiza de que el SEA tenga que cumplir con los plazos.
Se está permitiendo mayor espacio para participación en declaraciones de impacto ambiental (DIA) cuando sea solicitada, pero quitándole una cantidad importante de restricciones que hoy los tribunales ambientales no están acogiendo. También está la participación temprana que la estamos incluyendo en este momento como voluntaria donde se espera tener mejores proyectos y un mejor proyecto también debería tener una tramitación más expedita y reducir la conflictividad socio ambiental.
Hay otro instrumento que también estamos reforzando que ya existe que es la evaluación ambiental estratégica. Esto lo hace a veces el Ministerio de Energía y también el MINVU. Hacemos algunos cambios para que se utilice más y, como un proyecto que pasó por evaluación ambiental estratégica uno diría que ya tiene un sello de calidad, para ese tipo de proyectos se ofrece una disminución de plazo en la evaluación de un 30%.
– Sobre el procedimiento voluntario de participación temprana, ¿por qué será solo voluntario?
– Los grandes proyectos ya lo hacen, pero cada uno lo hace según sus propios criterios. Ahora esto se reglamenta. Aunque sea voluntario esperamos que tenga como un sello de calidad distinto que debiera ayudar después para la etapa también de judicialización, etcétera. Todo el mundo decía ‘esto es bueno’, pero algunos querían que fuera vinculante, otros querían que no. Entonces, como no encontramos consenso, decidimos dejarlo como voluntaria para generar experiencia en el país. Esto seguro es algo que se podrá revisar unos cuantos años más.
– ¿Qué permite que ahora este proyecto sí pueda tener un mayor avance y se logre discutir, considerando que las iniciativas pasadas ni siquiera llegaron a una instancia de votación?
– Hay un alto nivel de consenso entre todos los actores de lo que finalmente quedó en el proyecto. Entonces, esa transversalidad es la que nos permite -bueno, nunca uno puede tener la seguridad-, pero tener la confianza de que esto se va a poder tramitar. Además, esto ahora es parte del pacto fiscal y ahí hay un foco de que esto sin bajar los estándares medioambientales ayude a que los procesos de evaluación para proyectos de inversión mejoren. Y la verdad de las cosas es que con los cambios que se están proponiendo, tenemos un cálculo que obviamente igual uno nunca lo puede asegurar, pero mirando los datos de las cosas que han ocurrido en los últimos años podemos disminuir como en un tercio el tiempo de la tramitación. Esa es nuestra meta y nuestra esperanza que así sea.
– El Gobierno tiene el diagnóstico que las consultas de pertinencia no deberían seguir existiendo al no agregar un valor especial, pero se iba a definir que no fuese una instancia administrativa la que decidiera finalmente si se toma una DIA o un EIA, ¿cómo eso se aclara en el proyecto de ley?
– El año pasado, más o menos ingresaron 600 proyectos para evaluación y el SEA tuvo que tramitar como 2.700 consultas de pertinencia. En estos momentos, el SEA le está dedicando más tiempo a resolver consultas de pertinencia que a evaluación de proyectos. Y no se demora poco tiempo: en promedio estamos hablando de 180 días. Y hay un subconjunto en que 35% de esas consultas se refieren a proyectos existentes donde hay una modificación. El SEA está gastando una cantidad muy importante de recurso humano al fin y al cabo a mirar estas consultas de pertinencia, con muy poco valor agregado en temas medioambiental, porque al 98% en el caso de este subconjunto que tiene que ver con las modificaciones le dice el SEA que no tiene que ingresar al sistema. Por lo tanto, para esos casos estamos proponiendo que esto se reemplace por una declaración jurada, que sea el propio titular el que haga su evaluación. Esa declaración queda en el expediente y puede ser fiscalizable por la Superintendencia.
– ¿Hay alguna posibilidad con las conversaciones que han tenido con los parlamentarios de ponerle una urgencia especial a la reforma del SEIA una vez que esté ingresada?
– Definitivamente, este es un proyecto que es relevante y, por lo tanto, bueno, eso se verá después con la Segpres en el Congreso. Pero la intención es que esto se discuta, se discuta bien, que se mejore todo lo que se tenga que mejorar, pero con un cierto nivel de sensación de urgencia.
El precio del dólar en Chile comenzó su jornada de miércoles a la baja, con los operadores a la espera de la publicación del principal reporte de inflación de los Estados Unidos, en busca de señales sobre la magnitud del recorte de tasas de la Reserva Federal de la próxima semana.
El dólar caía $ 4,01 a $ 945,42 en la apertura de la sesión, según las cotizaciones en Bloomberg. A nivel internacional, el dollar index, que compara a la divisa estadounidense con una serie de monedas del mundo, bajaba 0,22%.
Por su parte, la debilidad del dólar a nivel internacional daba espacio para un avance de los commodities y el cobre subía en los mercados internacionales. Los contratos futuros del metal rojo en la bolsa mercantil Comex avanzaban 1,53% a US$ 4,16 la libra.
En detalle, el IPC estadounidense será publicado a las 9 y media de la mañana en Chile. En la antesala, el dólar operan con pérdidas ante las expectativas de que los datos mostrarán una moderación que dé espacio para que la Fed realice un recorte de 50 puntos en su reunión del 18 de septiembre.
Las expectativas apuntan a una inflación a 12 meses de 2,6% en julio, en el que sería su menor nivel desde marzo de 2021. La inflación subyacente se mantendría en una variación anual de 3,2% al igual que en julio, pero también en torno a su menor nivel desde abril de 2021.
“Si vemos que en EEUU el IPC se muestra debilitado confirmando las posibles bajas de tasas para el próximo 18 de septiembre, veríamos el billete verde más cercano a los $939. Al contrario, si vemos que la inflación sigue dando pelea a la economía estadounidense, veríamos el dólar más cercano a los $958”, proyectó el analista de mercados XTB Latam, Pablo Hasbún.
Kamala Harris llegó al debate con Donald Trump con una misión: convencer a los propios demócratas de su capacidad como política. Al parecer hizo un buen trabajo. Tras el debate televisado anoche, la candidata demócrata logró responder a los ataques del expresidente republicano e incluso sacarlo de su propia estrategia.
Las casas de apuestas muestran un salto de Harris y le dan un 52% de opción de ganar la elección de noviembre versus Trump. ¿Cambia algo para los mercados? Por ahora no mucho. El debate de 90 minutos fue una instancia para cruzar golpes entre los candidatos más que para profundizar sus propuestas.
En su lugar, los mercados se concentran en el reporte de inflación que se publicará esta mañana en EEUU. Los futuros de Wall Street y el dólar operan con pérdidas ante las expectativas de que los datos mostrarán una moderación del índice de precios que dé espacio para que la Fed realice un recorte de 50 puntos en su reunión de la próxima semana.
Las expectativas apuntan a una inflación a 12 meses de 2,6% en julio, en el que sería su menor nivel desde marzo de 2021. La inflación subyacente se mantendría en una variación anual de 3,2% al igual que en julio, pero también en torno a su menor nivel desde abril de 2021.
El dólar también se ve presionado por el avance del yen, que marcó su mayor valor en ocho meses (141,75) frente a la divisa estadounidense. Otro miembro del Banco de Japón recordó a los mercados que el emisor nipón está listo para elevar la tasa de interés si la economía avanza según sus pronósticos.
La debilidad del dólar da espacio para un avance de los commodities y el cobre sube 1% en Londres, en línea con los demás metales. El petróleo salta casi 2% y se recupera parcialmente de la caída de ayer (-3,7%), mientras que el barril de crudo Brent vuelve a superar los US$ 70.
México llega a los titulares y no por razones muy positivas. Un senador de la oposición dio el voto que necesitaba el partido oficialista Morena para aprobar la criticada reforma judicial. Esto reporta Bloomberg sobre el senador Miguel Ángel Yunes, quien dio su voto para aprobar la reforma: “Columnistas políticos aseguran que responsables del partido oficialista ofrecieron eliminar las investigaciones contra su familia (de Yunes) por presuntos casos de corrupción a cambio de su voto a favor de la reforma”.
Diario Financiero reporta en su titular que KKR, DigitalBridge, Telefónica con América Móvil y los bonistas ad hoc presentaron ofertas no vinculantes por WOM.
ATENTOS A:
09:00 En México se publican cifras de producción industrial de julio.
09:30 Wall Street espera el dato de inflación de EEUU.
16:00 Analistas proyectan que Argentina reporte un alza de menos de 4% mensual en su tasa de inflación.
Tal vez en alguna oportunidad una foto o un video generado con Inteligencia Artificial (IA) generativa lo hizo dudar de su autenticidad, tal vez no. Lo cierto es que las nuevas técnicas de deepfake (imagen falsa) y de clonación de voz no solo se están usando para poblar las redes sociales, sino también, para generar ataques cada vez más sofisticados a personas y empresas.
La investigadora senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, María Isabel Manjarrez, señaló a DF, en el marco de la Cyber Security Week que realizó la compañía global de ciberseguridad en agosto pasado, que desde la irrupción de la IA generativa, con ChatGPT como uno de sus principales exponentes, se ha visto un aumento de los ciberataques en Latinoamérica, los que usan técnicas como deepfake y clonación de voces.
“En la región, principalmente el financiero es el más afectado por la autenticación biométrica, muchas aplicaciones que las utilizan son las más impactadas, principalmente las de biometría facial, sobre todo por los deepfakes.
La ingeniera en Telecomunicaciones y Sistemas Electrónicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y responsable de investigar a los actores de amenaza más activos, seguir sus movimientos y analizar las nuevas técnicas implementadas, comentó que en la región se están detectando técnicas de ingeniería social, como el phishing (suplantación de identidad) para engañar a las personas, lo que seguirán en aumento.
“Ya existen muchas herramientas en el mercado negro para crear ataques con deepfake, incluso abiertas, es decir, de libre acceso, pero también hay otras de pago y aquí el punto es la calidad y es costo beneficio. Entre mejor calidad también es más caro el servicio”, advirtió.
También comentó que es “muy difícil tener estadísticas de la dark web, donde se comercializan estas herramientas, pero alertó que hay muchos foros en canales clandestinos y en aplicaciones de mensajería donde se promocionan y distribuyen herramientas para crear ciberataques con IA generativa.
“Estos proveedores incluso, muestran las capacidades de sus herramientas, como el de Gringo 171, y las presumen, dan mucha información, hasta entregan consejos de dónde sacar datos, de cómo hacer contenido más realista”, comentó.
– ¿Qué tipo de ataques, a través de deepfake o clonación de voz, están afectando a la región?
– El número de deepfake crece un 900% anual, según el Foro Económico Mundial. Los tres que más se ven en la región son el fraude financiero, empresarial y pornográfico.
Financiero, ya sea este tipo de transferencias suplantando una identidad o suplantando una voz. Pornográfico, en donde la víctima es puesta en una situación comprometedora, lo que puede llevar a chantajes, incluso empresarial. Ahí es en donde se juntan los tres, cuando se chantajea a un empleado para que comparta datos de la compañía. Y la empresarial, además del financiero, nos puede llevar al ciberespionaje inclusive, de información confidencial.
– ¿Cuáles son los sectores más impactados por estas nuevas amenazas?
– En la región, principalmente el financiero es el más afectado por la autenticación biométrica, muchas aplicaciones que las utilizan son las más impactadas, particularmente las de biometría facial, sobre todo por los deepfake.
También se usa mucho la huella digital, con la que desbloqueamos el teléfono y muchas aplicaciones de servicios como las bancarias.
– ¿La biometría facial dejó de ser un medio de autenticación válido en este nuevo contexto?
– La biometría en general no es infalible y no por ser facial es infalible.
Siempre hay que tener una doble autenticación, un doble factor, una contraseña para poder validar en primer lugar, que seamos nosotros, y en segundo lugar, que estemos tratando con un humano perfecto.
– ¿De qué países vienen las amenazas con IA generativa que afectan a Latinoamérica?
– Ahí es muy difícil saberlo, porque justamente están en canales clandestinos y utilizan identidades falsas para para crearlos. Pero hemos visto mucho malware (software malicioso) brasileño y mucho mercado (negro) en Brasil y también en la región, porque a los delincuentes le gusta mucho utilizar cosas en su idioma, lo que facilita el uso de las herramientas.
Regulación y educación
– ¿Qué se necesita para frenar este tipo de ciberataques a nivel de empresas? ¿Más inversión o regulación? ¿Ambas?
– Ambas. La tecnología avanza más rápido que las regulaciones y esto tiene que ir a la par y en el contexto de la región. No es la misma regulación que se necesita en Latinoamérica que en Europa o Asia. Y educación, por supuesto, tanto a nivel de usuarios como de áreas de tecnologías de la información, y de las personas, en general.
– Chile tiene una Ley Marco de Ciberseguridad recién estrenada, por ejemplo. ¿Marca alguna diferencia?
– Chile es puntero en Latinoamérica. Una ley de ciberseguridad, para empezar, pero también se requieren otras específicas de la tecnología, en el uso de inteligencia artificial va mucho de procesamiento de datos, porque se usa una cantidad de información impresionante, pero también en el uso ético de la tecnología para poner atención en estos datos que estamos usando.
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