Cientos de jóvenes salieron este jueves a las calles de varias ciudades de Colombia para conmemoran primer aniversario del estallido social contra el gobierno del derechista Iván Duqueen una jornada que acabó con esporádicos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
En Bogotá, Medellín y Popayán, encapuchados arrojaron piedras, cócteles molotov y fuegos artificiales miembros de la policía antidisturbios, implicados en varios casos de abuso de fuerza durante las manifestaciones que sacudieron el país entre abril y junio del año pasado.
Los soldados respondieron con bombas paralizantes, munición no letal y gases lacrimógenos. En la estatal Universidad Nacional de Bogotá un manifestante resultó herido en un ojo y varios jóvenes fueron detenidos.
Se llevó a cabo la protesta contra el gobierno saliente de Duque un mes antes de la primera vuelta de las elecciones para designar a su sucesor.
El opositor de izquierda Gustavo Petro es el favorito en todas las encuestas. En la víspera del día había división entre sus escuderos políticos sobre la conveniencia de las manifestaciones.
“No hay marcha convocada para hoy (…) Cualquier acto violento y excesos será la acción de una estrategia criminal de derecha para acusar a Gustavo Petro y afectar las elecciones”, advirtió en Twitter Wilson Arias, senador electo por la coalición de izquierda del Pacto Histórico.
Aunque parte de la coalición se unió al día, los sindicatos de trabajadores y los sindicatos de educadores que en 2021 encabezaron la protesta contra Duque, se mantuvieron al margen.
Hace un año, lo que comenzó como una protesta contra un plan para subir impuestos en medio de una pandemia se convirtió en una explosión social con manifestaciones, cortes de ruta y sangrientos enfrentamientos diarios entre la población civil y las fuerzas de seguridad. Ante el rechazo popular, Duque se retiró del proyecto fiscal.
Según un informe de la ONU, al menos 46 personas murieron en enfrentamientos el año pasado, 44 civiles y dos policías.
La investigación de la ONG Human Rights Watch indica que la fuerza pública es “responsable” de al menos 25 homicidios.
El gobierno de Duque sostiene que las protestas fueron infiltradas por grupos armados que se financian con el narcotráfico y acusa que los bloqueos de carreteras produjeron pérdidas millonarias en la cuarta economía más grande de América Latina.
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