Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía de la Udp

“No hay mucha sorpresa aquí”, plantea de entrada la directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales, Marcela Perticará, sobre la reducción de la pobreza que mostró la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2022.

El descenso general fue de 10,7% a 6,5% -lo más bajo desde que hay registro-, mientras el de la pobreza extrema de 4,3% a 2%..

“Si en algo hemos avanzado es en mejorar la focalización de las políticas públicas, entre ellas, la de subsidios”, responde por escrito a las preguntas y contrapreguntas de DF la también integrante del panel de expertos que supervisó el proceso de la elaboración de la medición.

“Si uno objetivamente mira el crecimiento del país en los últimos años, con estallido y pandemia mediante, apenas estamos recuperando niveles de empleo de principio del 2019”.

“Si algo nos enseñó la pandemia es que en contextos de paro tan pronunciados, y ante el peligro de dejar a la población vulnerable sin acceso a bienes esenciales, la acción más efectiva es la transferencia”.

“Esta Casen está capturando la entrega de subsidios durante el año 2022, que fue una entrega generosa”, dice.

Y, en el caso de la distribución del ingreso, la economista destaca dos elementos: si se comparan los datos de 2017 a 2022, tanto los índices 10/10 como 20/20, construidos sobre la base del ingreso del trabajo o autónomo, es decir, sin subsidio, empeoran; mientras el coeficiente Gini -otra medida de la desigualdad- disminuyó y aún más cuando se consideran los ingresos con subsidios.

“La buena noticia es que haya mejorado la distribución del ingreso del trabajo, aunque la mejora viene de cambios en el medio de la distribución y no en los extremos”, dice.

– Y ese ingreso es solo trabajo, no es efecto del retiro de fondos previsionales.

– Cuando vemos el indicador de ingresos del trabajo la brecha entre los tramos altos y bajos se amplía entre el 2017 y el 2022, lo que no es una buena noticia. Pero aún así, el índice de Gini cae. Esto sólo se explica por que hubo un desplazamiento de personas entre en el centro de la distribución, que mejoraron su posición relativa. Puede verse como que mejoran los ingresos del medio. Pero antes de hipotetizar más, sería bueno tomar los microdatos y evaluar qué tipo de hogares se benefician particularmente de este cambio positivo. Y luego a futuro evaluar si esta ganancia se mantiene en el tiempo.

– Pero distintos análisis apuntaron a que el aumento de los ingresos vía subsidios contrastó mucho con los ingresos que solo vienen del trabajo. ¿Ese es un tema que debería preocupar?

– Me gusta mirar el vaso medio lleno a medio vacío. Por un lado, es conocido que hay un núcleo fuerte de pobreza al que independientemente de las políticas de mediano y largo plazo para apuntalarlo hay que subsidiarlo. Acá la discusión es con qué tipo de subsidios, y hay mucha literatura que habla de la conveniencia de usar políticas de transferencias condicionadas -condicionar la transferencia a asistencia escolar, controles de salud, etc- antes que usar políticas de transferencia en sí.

Pero si algo nos enseñó la pandemia es que en contextos de paro tan pronunciados, y ante el peligro de dejar a la población vulnerable sin acceso a bienes esenciales, la acción más efectiva es la transferencia. Pero hay otros mecanismos que pueden ser potencialmente más costo-efectivos, como por ejemplo instrumentar un impuesto negativo a los ingresos del trabajo.

– ¿Y Estado es capaz de mantener este tipo de ayudas?

– Es importante entender que lo que es óptimo en un momento, donde hay una cierta urgencia, puede no serlo en otro momento. Además que todos los instrumentos de política pueden tener pros y contras. Todos los países tienen de manera permanente un sistema de protección que busca atender a la población más vulnerable, a la que ante pequeños shocks pierde rápidamente la capacidad de mantener su nivel de consumo básico. El tema es definir criterios claros y transparentes de focalización, una política y un nivel de gasto que sea sostenible en el tiempo y el mix óptimo de políticas.

“Al debe en formalidad”

– Pese a la baja de las cifras, hoy hay aún 1,2 millones de personas pobres en el país y sube a 3,3 millones si se considera el aspecto multidimensional. ¿Qué es lo más preocupante de este escenario?

– Tener población con altos índices de vulnerabilidad es preocupante. Preocupa también las heterogeneidades que existen por región, y por condición de migrante/no migrante. Claramente, tenemos focos o bolsones de pobreza, grupos excluidos a quienes hay que atender. Y tendremos que diseñar políticas específicas para atender a estos grupos.

– ¿Qué lectura hace de la cifra de pobreza multidimensional?

– Si se mira en detalle, el indicador de pobreza multidimensional, los ítems que más contribuyen son: escolaridad, seguridad social, habitabilidad, entorno social. El indicador de escolaridad se refiere a que al menos un miembro del hogar no alcanza el nivel mínimo de escolaridad establecido por la ley. Esto es un problema estructural, porque si es población adulta, es muy difícil reintegrarlos al sistema educativo. Tener déficit en seguridad social es no estar cotizando o ser un trabajador independiente sin título superior. Entonces, hay que analizar esta cifra en cambios, en tendencia y no en su nivel.

Hemos avanzado en generar mucha más formalidad, pero aún estamos al debe.

– En el caso del norte es Tarapacá y en el sur Ñuble y La Araucanía siguen concentrando las peores cifras. ¿Debería haber un trabajo focalizado ahí?

– Son regiones en las que tradicionalmente hemos tenido altos índice de pobreza. En el caso de Tarapacá, un factor determinante son las altas tasas migratorias que esta región ha experimentado en los últimos años.

Los altos índices de pobreza multidimensional y pobreza por ingresos se debe a que una alta fracción de la población migrante tiene una situación migratoria irregular. Y si bien el Estado de Chile garantiza el acceso para los niños y niñas a educación y salud, es una población que potencialmente por su condición migratoria, puede estar evitando solicitar servicios sociales. No están registrados y por lo tanto son trabajadores informales, lo que los pone en una situación de vulnerabilidad frente a sus potenciales empleadores. Claramente, es un tema preocupante.

En el caso particular de Ñuble y La Araucanía, se han hecho muchos esfuerzos de focalización de política por que históricamente han sido regiones relegadas.

– El ministro Marcel dijo que esta vez la política fue más importante que el crecimiento económico, ¿lo comparte?

– Si uno objetivamente mira el crecimiento del país en los últimos años, con estallido y pandemia mediante, apenas estamos recuperando niveles de empleo de principio del 2019. Y vemos que las mejoras más fuertes se producen en los indicadores que incluyen subsidios. Entonces, sí, la política pública es la responsable de que nos hubiéramos podido recuperar de la pandemia. Es difícil separar una de otra, porque la política pública también, al inyectar recursos, también aceita el sistema. Pero, en este caso, los subsidios son la variable que movió la aguja. Aunque la mejora en el Gini también está presente -menos fuerte- cuando usamos ingresos sin subsidio.

– ¿Es posible pensar en reducciones adicionales de la desigualdad?

– Los niveles de desigualdad son estructurales, y uno no debiera encontrar cambios dramáticos de una medición a otra si no median medidas dramáticas. Lo que ha pasado entre el 2017 y el 2022 fueron “episodios” dramáticos, que gatillaron cambios estructurales que vinieron para quedarse (trabajo telemático, robotización, IA, etc.). Hay que esperar a ver qué sucede en los próximos años; en qué medida otras transformaciones que están potencialmente en curso se concretan, como reforma de salud, pensiones. ¿Énfasis? Políticas pro-productividad. Si no logramos salir de la trampa de la baja productividad, poco podremos hacer.