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Mataquito Transmisora de Energía anunció el martes su decisión de presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros ante la decisión de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA) de emitir una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable para el Proyecto de Transmisión Eléctrica Interregional “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue – S/E Hualqui”.
“Estamos seguros que el proyecto puede ser ejecutado con las máximas garantías medioambientales, aportar al desarrollo de la estrategia energética del país y contribuir substancialmente con el plan de descarbonización, permitiendo viabilizar proyectos de energía renovables que dependen de esta línea de transmisión y que representan un tercio de la demanda máxima del sistema”, dijo la empresa en un comunicado, y agregó que espera que el Comité de Ministros “rectifique y permita posibilitar un proyecto estratégico para el sistema eléctrico chileno”.
Mataquito recordó que el proyecto -que involucra a 20 comunas y tiene una extensión total de casi 400 km- forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal decretado por el Ministerio de Energía, porque es considerado clave para elevar la calidad de suministro y confiabilidad del sistema eléctrico en tres regiones del sur del país (Maule, Ñuble y Bío Bío) y garantizar un suministro estable en el Gran Concepción.
“Se trata del segundo proyecto de transmisión más grande en tramitación ambiental y una de las iniciativas más relevantes para el proceso de transición energética y descarbonización que impulsa Chile, sus autoridades y la industria energética, ya que posibilitará la conexión de 17 proyectos de energía renovable por 3.600 MW que se encuentran actualmente en proceso de desarrollo, y que implican inversiones cercanas a US$4.000 millones y la creación de más de 10 mil empleos durante las respectivas etapas constructivas”, dijo.
Agregó que la línea “Itahue – Hualqui” contempla una inversión de US$324 millones y la generación de 720 empleos directos, ratificando así su relevancia para el aporte al mercado laboral de la zona centro sur en un contexto de baja actividad económica.
“Nuestra compañía ha trabajado diligentemente en el desarrollo del proyecto desde su adjudicación y con especial ahínco técnico en lo que concierne a la tramitación ambiental. Desde su ingreso en el Sistema de Evaluación Ambiental, en agosto de 2020 – en plena pandemia -, ha contado con un exhaustivo proceso de estudio, incluyendo tres procesos de participación ciudadana, tres instancias de aclaraciones y aporte de información adicional requerida por el SEA, e innumerables campañas ambientales en terreno que garantizan una adecuada evaluación del impacto ambiental del proyecto”, señaló.
“Adicionalmente, la empresa ha establecido numerosas medidas de compensación ambiental voluntarias, que abordan tanto la fase constructiva como la posterior operación del proyecto, así como un plan de relacionamiento comunitario fijando un canal de comunicación permanente con las comunidades vecinas. Durante la tramitación ambiental, trabajamos colaborativamente con los organismos públicos con competencia ambiental que presentaron observaciones al proyecto -lo cual es esperable para un proyecto de la complejidad y longitud como este-, y sobre todo aquellos que pusieron reparos por la ubicación puntual de parte de la infraestructura, los que fuimos subsanando durante las etapas del proceso”, añadió.
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