El denominado “proyecto integral de producción y exportación de amoníaco verde – HNH Energy” tiene casi 80 días de tramitación, iniciativa que se desarrollaría en la Región de Magallanes y que fue presentada a evaluación ambiental el pasado 31 de julio y que suma una inversión de 11 mil millones de dólares, siendo el costo más alto presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) desde su entrada en vigor.
El megaproyecto verde del amoníaco -propiedad del consorcio formado por las empresas austriacas Ökowind y Austria Energy Group, y la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)- Logró superar su primer obstáculo el 31 de julio cuando fue admitido a trámite en el SEIA. Pero hay un nuevo hito: El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) decidió no dar por terminado anticipadamente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por falta de información relevante y/o esencial (IRE).
Hasta el momento se han realizado cuatro eventos abiertos en la Región de Magallanes, en el marco de la participación ciudadana formal, para dar a conocer detalles del proyecto y resolver dudas.
De acuerdo a los plazos establecidos, la oportunidad de ejercer la facultad de terminación anticipada ya ha transcurrido, lo que implica que el proyecto continúa su tramitación. Esto, desde La SEA tenía hasta el 2 de octubre para emitir un comunicado.
Considerando que no fue menor la admisibilidad lograda en un proyecto que representa la mayor inversión en trámite actualmente, Este último hito representa una segunda barrera relevante que supera HNH Energy.
Hasta el momento se han realizado cuatro eventos abiertos en la Región de Magallanes, en el marco de la participación ciudadana formal, para dar a conocer detalles del proyecto y resolver dudas. Próximamente dos fechas importantes: El 7 de noviembre finaliza la participación ciudadana y a finales de octubre se espera la publicación del Informe Consolidado de Aclaraciones y Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) por parte del SEA. Este último, como su nombre indica, consolida las observaciones de la OAECA para que el titular pueda presentar su adenda.
El preludio del temido primer mandato
El paso dado por HNH Energy es relevante, considerando que en las últimas semanas se ha generado un amplio debate por la terminación anticipada de iniciativas. El más polémico fue el proyecto de almacenamiento de energía de la Central de Bombeo Colbún Paposo que se ubicaría en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta, y que supondría una inversión de 1.400 millones de dólares.
Luego de que el SEA de Antofagasta aceptara parcialmente el recurso de reconsideración presentado por la empresa, pero decidiera mantener la terminación anticipada del procedimiento que se decretó en primera instancia por falta de información relevante y/o esencial, la empresa eléctrica vinculada a la La familia Matte decidió suspender el desarrollo de la iniciativa. Esto provocó que la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, solicitara la renuncia no voluntaria del director regional del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo, a lo que accedió.
También fue tema de debate el rechazo por parte del SEA de Atacama al EIA del proyecto de adecuaciones y continuidad operativa en la Mina Los Colorados.presentado por Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial de CAP, que contempla una inversión estimada en alrededor de US$ 344 millones. Argumentando que la EIA carecía de información esencial, se declaró la terminación anticipada.
Si bien las iniciativas pueden ser reingresadas al sistema de evaluación, Durán tuvo que asistir a la Comisión de Medio Ambiente del Senado el 7 de octubre para explicar lo sucedido en ambos casos.
La oposición que aparece
Durante el proceso de evaluación, 28 organizaciones ya han comentado el EIA del proyecto, como los municipios de San Gregorio y Punta Arenas; la Dirección General de Aguas de la región; las Secretarías Regionales Ministeriales de Energía, Ambiente, Salud y Obras Públicas; Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).
Los pronunciamientos de esta última entidad generan preocupación en los dueños de proyectos de inversión por los efectos que puedan tener en las iniciativas y, esta vez, probablemente no sea la excepción.
El 17 de septiembre, en un documento firmado por Susana Simonetti de Groote, secretaria(s) técnica(es) del CMN, se informa -entre otros aspectos- que la intervención dentro del cinturón fiscal de la Ruta Internacional Monte Aymond (CH-255) que Cruza el Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica Estancia San Gregorio en el km 120 “genera un impacto significativo y grave sobre los valores y atributos del área protegida que no puede ser compensado”. “Este Consejo indica que tal intervención es inadmisible”, se afirma.
Luego de que el SEA de la Región de Magallanes y Antártica Chilena solicitara aclarar y/o complementar el comunicado, el pasado 2 de octubre el secretario técnico del Consejo, Erwin Brevis, volvió a la carga. “El proyecto, tal como se propone en el EIA, implica la alteración en las relaciones entre los elementos a lo largo de todo el recorrido estructurante principal existente, y por tanto, modifica y altera gravemente sus elementos sustanciales característicos del complejo y su entorno.los cuales reflejan las fases significativas de su desarrollo, construcción, uso y transformación, en los diferentes períodos de tiempo de su propia historia’, afirmó.
Se agrega que “los bienes que integran el patrimonio cultural tienen valores y cualidades únicas e irremplazables. En el caso de la Zona Típica de Estancia San Gregorio, son fundamentales los valores del conjunto, la singularidad, la integridad y la autenticidad. y sustancial, dando sentido a su protección como tal”.
“La propuesta que actualmente se encuentra en evaluación ambiental afecta estos valores protegidos. En este sentido, no es posible establecer medidas de compensación –entendidas como aquellas que buscan producir o generar un efecto positivo alternativo equivalente a un efecto adverso identificado– que estén relacionadas con la magnitud del impacto.“, se indica.
Sólo queda el pronunciamiento de tres entidades: Municipalidad de Laguna Blanca, Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChen) y Seremi de Minería.
