Ley 21.472 o Ley 2 de la PEC, que crea un fondo de estabilización tarifaria y establece un nuevo mecanismo de estabilización transitoria de los precios de la electricidad -que permitió contener una inminente suba de tarifas eléctricas a principios del año pasado que se avecinaba en torno al 40% – estableció en su artículo quinto transitorio la constitución de un grupo de trabajo integrado por los Ministerios de Energía, Hacienda y Desarrollo Social y Familia, junto con los miembros de la Comisión de Minería y Energía del Senado.
La denominada Mesa Estratégica de Pobreza Energética se reunió entre agosto y diciembre de 2022 y -tal como está estipulado- emitió un informe en el último mes del año que fue enviado a las comisiones de Minería y Energía de la Cámara de Diputados y del Senado. Así, en un documento preliminar, al que tuvo acceso DF, El cuadro define un plan de acción que se desarrollará entre 2023 y 2030 encaminado a avanzar en mejores políticas públicas de protección tarifaria y especialmente en la superación progresiva de la pobreza energética.
En concreto, el documento contiene los asuntos tratados en la mesa cuya constitución manda la disposición transitoria quinta de la ley mencionada para eevaluar los beneficios definidos en dicha legislación, así como otras políticas destinadas a abordar la pobreza energética y la protección tarifaria de los clientes regulados pertenecientes al 40% más vulnerable de la población.
En el análisis del cuadro, se verifica que los instrumentos contenidos en la ley PEC 2, basados únicamente en criterios de consumo eléctrico por tramos, no permiten asignar beneficios al 40% de la población más vulnerable, ya que un determinado segmento de consumo no está asociado o no es capaz de reflejar criterios de vulnerabilidad socioeconómica, generando los denominados errores de inclusión y exclusión.
Según se detalló, el actual beneficio de estabilización de tarifas eléctricas creado por la Ley 21.472 favorece a todos los clientes regulados de suministro eléctrico que consuman menos de 350 kWh al mes, impactando a casi el 95% de dicha población objetivo. Y Si bien esto logró reducir significativamente el error de exclusión para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad quedaran exentas de la prestación, aumentó significativamente el error de inclusión, situándolo en torno al 57%.
Por ello, durante los primeros meses de este año, La identificación se realizará por unidades vecinales, estableciendo el vínculo entre los medidores de facturación eléctrica y las respectivas unidades vecinales, las cuales a su vez tendrán una calificación socioeconómica representativa. Con este primer avance, se indica que se dispondrá de la información necesaria para la evaluación de una posible modificación del método de asignación del mecanismo de estabilización, incorporar o sustituir la asignación por nivel de consumo promedio mensual, por una asignación por vulnerabilidad en función de las características de las unidades vecinales que contienen los medidores de facturación eléctrica asociados a cada cliente regulado.
“Además, y Una vez caracterizado socioeconómicamente el beneficio de estabilizar las tarifas eléctricas a través de la identificación por unidades vecinales, se evaluará la pertinencia de realizar una inyección adicional de recursos al fondo de la Ley N° 21.472, provenientes -por ejemplo- del impuesto verde aplicado a los contaminantes fuentes de generación en el paíscon el fin de proteger a la población vulnerable del país en cuanto a sus facturas eléctricas”, se sostiene.
El informe muestra que existen vacíos de información y la inexistencia de instrumentos específicos para la medición de la pobreza energética, por lo que la mesa ha acordado buscar alternativas que permitan vincular los instrumentos de calificación socioeconómica con la información de consumo disponible, permitiendo la asignación de energía beneficios. eficientemente a corto, mediano y largo plazo.
Situado en un escenario de corto plazo, y considerando el método de asignación vigente contenido en la Ley 21.472, se ha resuelto que la mejor alternativa para identificar los hogares con pobreza energética por asequibilidad es cruzar la información del Registro Social de Hogares con consumo. electricidad propiedad de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Dadas las limitaciones en cuanto a la capacidad de obtener información a nivel de hogar, la alternativa, dicen, es agregar información socioeconómica a nivel territorial, particularmente a nivel de unidad de barrio.
En este sentido, como medida coyuntural por parte de las instituciones del sector eléctrico, se llevará a cabo un proceso de estandarización de la información relacionada con la identificación y denominación de calles donde se encuentran los domicilios de los clientes regulados.
Considerando que una de las mayores barreras en cuanto a la recolección de información es la relación entre el consumo de energía eléctrica de una vivienda y las características del hogar o hogares que la componen, El informe sostiene que el directorio evaluará la posibilidad de que las empresas concesionarias tengan la obligación de registrar el Rol Único Tributario (RUT) o Rol Único Nacional (RUN) de sus clientes, y que dicha información sea entregada a la SEC.
“El objetivo de obtener esta información es construir una base de datos cuya administración mantiene la SEC y que contiene información más específica sobre el consumo de energía eléctrica y el titular de la cuenta”, se indica. Así, se detalla, se podrá identificar a la persona titular de la cuenta eléctrica, y con ello vincular dicha información con las condiciones socioeconómicas del hogar, considerando la información en poder del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Asimismo, se asegura que la mesa tomará medidas para avanzar que el Registro Social de Hogares a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia integre la información referente a la posesión de un medidor de consumo eléctrico; integrar la información relativa a la posesión de un medidor de consumo eléctrico; y ver la factibilidad y avance en el registro del número identificador de dicho medidor y de la empresa distribuidora, identificando, además, el carácter individual o compartido de dicho medidor.
También contempla la adopción de las medidas necesarias por parte de las instituciones correspondientes, en particular la SEC, para llevar a cabo un proceso en el que las empresas distribuidoras de electricidad desarrollan una georreferenciación actualizada de la ubicación de los medidores de consumo eléctrico de los clientes regulados en todo Chile. Por supuesto, esta acción requiere de un instrumento regulatorio que haga necesaria esta georreferenciación de las firmas.
A ello se suma el diseño, desarrollo y operación por parte de la SEC de una plataforma web de información que integre toda la información relacionada con la facturación de las distribuidoras eléctricas a los clientes regulados de suministro eléctrico, necesaria -se señala- para las decisiones en materia de derecho público. diseño de políticas.
Políticas para hacer frente a la pobreza energética
En cuanto a las políticas dirigidas a enfrentar la pobreza energética, se destacan acciones que se están llevando a cabo como el programa Fondo de Acceso a la Energía (FAE) y el programa para mejorar el suministro de energía en escuelas rurales. Sin embargo, también se están considerando otras medidas a corto plazo, como profundizar la ayuda exterior para avanzar en la mejora de este problema. La mejor información disponible del desarrollo de los hitos comprometidos para el primer semestre de este año permitirá -agregan- evaluar un ajuste al mecanismo de asignación de los cargos FET (Fondo de Estabilización Tarifaria) y MPC (Mecanismo de Protección). de Cliente), hoy vinculado únicamente al criterio del volumen de consumo eléctrico.
Con el fin de dotar al fondo de estabilización tarifaria de los clientes de suministro eléctrico de mayores recursos, se evaluará la posibilidad de destinar directa o indirectamente la recaudación del impuesto a las emisiones a la atmósfera (impuesto verde) al fondo de estabilización, en el marco de la propuesta normativa que prepara el Ministerio de Hacienda sobre los impuestos correctivos.
Asimismo, se cuantificará el costo de generar un instrumento de protección tarifaria eléctrica de asignación directa para los hogares que se identifiquen dentro del 40% más vulnerable bajo el mecanismo de unidades vecinales. “A largo plazo, y con el resto de las medidas comprometidas, se podrá obtener información por RUN, para tener información individual que reduzca aún más los errores de inclusión y exclusión”, se indica.
Otras medidas que se declaran es que la Secretaría de Energía publicará un visor ciudadano para la estimación y proyección de la tarifa eléctrica y aspectos de pobreza energética; la implementación de un programa piloto para el acondicionamiento térmico de viviendas pertenecientes a poblaciones vulnerables; y un proyecto piloto de sistemas solares térmicos para viviendas rurales.
Además, el Ministerio de Energía realizará una propuesta de actualización de la metodología para la formulación de proyectos de electrificación rural del Ministerio de Desarrollo Social y Familia; Se actualizará la información proporcionada por el mapa de vulnerabilidad energética publicado en mayo de 2019; y se contempla la incorporación de la perspectiva de pobreza energética en todas las políticas y programas implementados por la cartera sectorial.
Mientras tanto, se comprometieron tres medidas de largo plazo en el marco de la mesa. Se explorará la alternativa de establecer créditos “blandos” dirigidos a las familias para que realicen mejoras en la eficiencia energética de sus viviendas y/o reemplacen electrodomésticos para hacerlos más eficientes. Asimismo, se contará con un indicador y/o instrumento de medición operativo para medir y monitorear la pobreza energética al año 2025 y levantar brechas en sus diferentes dimensiones. Y, además, se estudiará y evaluará la creación de un fondo adicional de pobreza energética que tenga su origen en la aplicación de multas recaudadas por la SEC a empresas que cometan infracciones regulatorias.
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Para la senadora y presidenta de la comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta, Loreto Carvajal, Lo urgente es avanzar “en legislar un subsidio fiscal enfocado al 40% más vulnerable de las familias como mecanismo de protección tarifaria permanente”, según lo acordado en el trámite legislativo de la PEC 2lo que supera el actual diseño de subsidios cruzados que tiene errores de inclusión y exclusión.
El trabajo de la mesa no acaba aquí, ya que permanecerá en sesión de forma ininterrumpida, con una periodicidad -al menos- trimestral durante 2023. Su periodicidad será revisada para los años siguientes. “En particular, durante el año 2023 se avanzará en la generación de indicadores basados en unidades vecinales, que permitirán redefinir las modalidades de asignación de beneficios de la Ley N° 21.472 a fin de establecer instrumentos complementarios que permitan la entrega de energía eléctrica. protección arancelaria al 40% de la población más vulnerable de manera sostenible”, se señala.
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