La denominada “Mesa Público-Privada del Mercado de Corto Plazo” convocada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) sigue avanzando tras la decisión de María Elena Solar e Ibereólica de no seguir cumpliendo con sus contratos de suministro.
Si bien la semana pasada no hubo reunión para dar tiempo a los participantes a preparar sus futuras intervenciones, este jueves se retomaron los trabajos que comenzaron el 13 de octubre, en medio de la alerta que levantó la cadena de pagos en el sistema eléctrico.
Durante más de dos horas, gremios y autoridades materializaron el segundo encuentro de la instancia, donde -según fuentes- comenzó la ronda de presentaciones de los participantes en la que cada actor contó con 20 minutos. Tocó el turno a la Asociación de Energía Solar de Concentración (ACSP), la Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) y la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. (Acera).
Por ejemplo, para Apemec, es fundamental que la autoridad analice en esta mesa los efectos que están teniendo los despachos forzados en el sistema, particularmente el exceso de mínimos técnicos para las centrales térmicas, gas inflexible, restricciones de transmisión, pero también sobreinstalación de el parque solar fotovoltaico PMGD en zonas donde el precio horario de la energía es cero. Según ellos, este fenómeno debe ser atendido por la autoridad para evitar que se agraven los problemas del sistema.
En el caso de Acera, más allá de la responsabilidad individual de algunas empresas, asegura que es posible identificar causas de origen sistémico así como cambios regulatorios que han contribuido a esta situación.
El escenario que afecta al mercado requiere priorizar -dicen- medidas que puedan implementarse en el muy corto plazo para reducir el impacto de -por ejemplo- el vertido de ERNC.
El sindicato también propone iniciar la discusión sobre cuál es el modelo de precios del mercado mayorista de generación adecuado para un sistema con una alta penetración de energías renovables.
En sí, trascendió que cada gremio enfatizó los problemas que ven respecto tanto a problemas sistémicos que tiene hoy el sistema eléctrico (como restricciones de transmisión, dumping, desacoplamiento) como a problemas contractuales por lo ocurrido con las firmas renovables.
Y aunque no se entró del todo en la discusión, fuentes afirman que tras las presentaciones hubo un intercambio de ideas a modo de preocupación por, por ejemplo, la gran cantidad de solares PMGD que se están instalando en la zona norte.
Insiders dicen que el CNE habría revelado un horario para la mesa. De acuerdo con lo compartido, el 3 de noviembre el Consejo Minero, la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía (ACEN), Generadores de Chile y la Asociación de Transmisores de Chile deberán presentar sus propuestas.
Luego, el 10 de noviembre corresponderían las presentaciones del GPM y del Coordinador Eléctrico. Y, finalmente, el 24 de noviembre lo hará el CNE.
Licitaciones
La CNE informó ayer de la publicación del Informe Final de las licitaciones de suministro eléctrico correspondientes a 2022. La demanda de los clientes regulados crecerá en los próximos 10 años a una tasa promedio de 2,09% anual. El documento prevé licitar un volumen de 5.200 GWh en el componente base, correspondientes a 1.700 GWh con suministro a partir de 2027 y 3.500 GWh a partir de 2028.
Ad portas estaría el Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, para tomar una decisión respecto al segundo de los 11 hitos de cumplimiento establecidos en las bases de licitación de la megalínea Kimal-Lo Aguirre, iniciativa que contempla una inversión referencial de US$ 1.480 millones -a cargo del consorcio Conexión Kimal-Lo Aguirre, conformado por China Southern Power Grid, ISA y Transelec-, que unirá Antofagasta y Santiago.
El 23 de febrero la empresa solicitó al organismo la modificación del plazo asociado al hito N°2 -que consiste en la entrega de los estudios y documentos técnicos de diseño para la línea de transmisión de corriente continua que determinan las especificaciones principales proyecto- para lograr 15 meses adicionales (equivalentes a 457 días). Esto implica materializar el hecho el 26 de julio de 2025 y no el 25 de abril de este año como está previsto.
Esto, principalmente, por la naturaleza del proyecto al ser la primera vez que se impulsa una iniciativa de tecnología HVDC y la necesidad de incluir algunas observaciones recibidas en el ICSARA que implican modificar el trazado de la línea.
Aunque la prórroga no afecta la entrada en operación de la megalínea, hay expectación por su avance al ser una obra clave para los desafíos de descarbonización. De acuerdo a las bases, el Coordinador tiene 30 días corridos para responder, los que se cumplirían este domingo. Sin embargo, en medio de esa espera, hubo movimientos. El 4 de marzo el Coordinador planteó nueve observaciones generales a partir de los antecedentes informados por la empresa, lo que fue seguido el miércoles de la semana pasada por una respuesta de 12 páginas por parte de la firma.
Las preguntas y respuestas
En el análisis del Coordinador, fue insuficiente el nivel de detalle respecto del plazo adicional solicitado y los hechos indicados en la petición. En particular, dice, con la prórroga que se solicita en donde se indica que los estudios impactados demorarán 12 meses en rehacerse y que dentro de la planificación de Conexión respecto al proceso de evaluación ambiental se estima dar respuesta al segundo ICSARA respecto del EIA del proyecto por medio de una adenda complementaria durante abril de 2025.
Al respecto, la empresa respondió recientemente que la prórroga solicitada de 15 meses corresponde a la del “peor escenario”, es decir, a la prórroga requerida para hacerse cargo de las observaciones recibidas en el marco de la evaluación ambiental del proyecto y el cumplimiento de los aspectos sociales y medioambientales.
“Dicho escenario considera el tiempo necesario para la actualización del trazado (89 días) y a partir de esa fecha (28 de junio de 2024) se consideran los 10 meses para rehacer los estudios (298 días corridos) y luego tres meses para que el Coordinador Eléctrico Nacional revise los documentos”, puntualiza.
Añade que determinados anexos dan cuenta del requerimiento realizado en función de la solicitud de autorización a la SEC referida al pliego normativo RPTD N°11 donde rehacer los estudios impactados requiere de (298 días), asumiendo que la SEC otorga la autorización en marzo de 2024 y el plazo de tres meses para la revisión del Coordinador Eléctrico.
El Coordinador pidió antecedentes complementarios que permitan justificar el aumento de plazo solicitado para evaluar adecuadamente la procedencia de la solicitud. Entre ellas, informar sobre plan de recuperación y/o de inyección de recursos en el caso de que las holguras contempladas inicialmente se vean impactadas y sea necesario tomar medidas; y una justificación técnica de la estimación del posible incremento de longitud de la línea en corriente continua originado por los eventuales cambios de trazado requeridos para dar cumplimiento a lo indicado en el primer ICSARA.
Frente a esto, la empresa informó al Coordinador acciones enfocadas en actividades prioritarias orientadas a mitigar las reducción de las holguras. Por ejemplo, se plantea una estrategia que considera seguimiento de tramitación de permisos ambientales sectoriales donde la firma implementará un equipo dedicado conformado por especialistas y herramientas de monitoreo y seguimiento de la completitud de los antecedentes requeridos para los diferentes permisos ambientales. Esto, explica, “de modo que nos permita obtener correctamente, en paralelo y en todas las instancias sectoriales, la aprobación de los PAS”.
En cuanto a la solicitud del Coordinador referida al insuficiente nivel de detalle respecto de la estimación de aumento de longitud de la línea, la empresa indicó que, si bien en las bases de licitación se indica que la extensión de la obra es de 1.500 kilómetros, y que en el EIA ingresado se declaró una longitud aproximada de la línea de 1.342 km y que en esa lógica debiese existir una holgura de 158 km, equivalentes en más de un 10% de la longitud estimada, no está obligada a diseñar un proyecto de 1.500 km, siendo esto solo referencial.
“A lo que sí está obligada es a cumplir cabalmente con lo señalado (…) en cuanto a las pérdidas; cuestión con la que cumple a cabalidad en el proyecto de 1.342 km de longitud presentado a evaluación ambiental y con lo que cumplirá cualquiera sea la longitud definitiva de la línea en corriente continua”.
Tal como se indicó en la solicitud inicial, la empresa insiste en que “no existe aún la certeza de que deba modificarse el trazado ni los kilómetros que pueden implicar dicha modificación, razón por la que no es posible en esta etapa, sin haberse concluido el análisis de las observaciones, la pertinencia de las mismas y el estudio de las alternativas existentes, señalar si se materializará la hipótesis planteada en nuestra solicitud”.
Y sincera: “Por otra parte, de acuerdo a la experiencia y a lo ocurrido en la tramitación ambiental de proyectos de transmisión de energía eléctrica, existen muchas probabilidades, considerando la longitud y magnitud del proyecto, que deban realizarse modificaciones de trazado por lo que mi representada necesariamente debe ponerse en dicha hipótesis y adoptar todas las medidas necesarias para evitar o mitigar al máximo cualquier efecto negativo que de ello pudiese derivar”
Entre otros argumentos, la empresa enfatiza que se puso “en el peor escenario” y de acuerdo a este sería necesario realizar una modificación de trazado que impactaría en el tipo de conductor evaluado a la fecha, lo que afectaría más del 95% de los documentos de ingeniería asociados al hito relevante N°2.
Lo que ocurrió con el primer hito
En el primer hito también la empresa pidió más plazo y finalmente el Coordinador resolvió aprobar parcialmente la solicitud de modificación. Así, pasó de estar programado originalmente para el 28 de diciembre de 2023 a una nueva fecha: 27 de febrero de 2025. De todas formas, cabe aclarar que la empresa puede pedir una modificación de los plazos una vez por cada hito relevante.
Desde la empresa recalcaron que la solicitud respecto al segundo hito no implica un atraso: “No afectará el resto de los hitos que deben ocurrir de acuerdo con las bases de licitación, ni tampoco retrasará el inicio de la etapa de construcción y, por lo tanto, de su futura puesta en marcha”.
Un revés sufrió la arremetida de un grupo de 14 senadores que presentó un requerimiento de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra del Decreto N°30 de 22 de agosto de 2023, que modifica el Decreto Supremo N°40 de 2012 que establece el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), publicado en el Diario Oficial el 1 de febrero de este año.
Finalmente, en un documento de 14 páginas, el TC decidió no acogerlo a tramitación. Así, sigue estando plenamente vigente la modificación al reglamento del SEIA que tuvo como objetivo hacerlo consistente con las obligaciones que imponen la Ley Marco de Cambio Climático y el Acuerdo de Escazú.
“No pueden darse por establecidos los presupuestos de admisión a trámite del inciso primero del artículo 63 de la ley orgánica constitucional de esta Magistratura al que se remite su artículo 111 respecto del requerimiento de fojas 1, en tanto establece que el libelo dirigido en contra de un decreto supremo debe contener una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho, así como señalar en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las normas que se estiman transgredidas correspondiendo resolver que el requerimiento de autos no se acoge a tramitación”, sostuvo.
Entre los argumentos que se plantean en el análisis, se precisa que, al señalar los vicios de inconstitucionalidad que afectarían a todo el cuerpo normativo en el Capítulo III de su escrito, “los senadores requirentes no indican en forma precisa y clara cómo cada uno de tales vicios conduce a la vulneración de las normas constitucionales que luego anuncian en otro capítulo aparte. Es decir, el requerimiento parlamentario bajo análisis no efectúa la consecuente concatenación lógica no sólo entre las normas precisas del Decreto Supremo y los reproches alegados, sino tampoco entre los vicios de inconstitucionalidad y la normativa de la Carta Fundamental que se enuncia como amagada respecto de cada uno de ellos”.
En un comunicado, desde el Ministerio del Medio Ambiente explicaron que “siempre estuvimos seguros de la legalidad de las modificaciones y del proceso, el que se llevó a cabo con mucha transparencia y profesionalismo”.
Agregan que la modificación permitirá incorporar la variable de cambio climático en la evaluación de impacto ambiental y mejorar los estándares de los derechos de acceso en el SEIA. “Estas mejoras favorecen a los titulares y a la ciudadanía al entregar certezas y mejorar la transparencia para todos los actores”, dicen en la cartera.
El Ministerio indicó que la elaboración de esta modificación se realizó con la debida transparencia y difusión, dado que la propuesta fue sometida a consulta pública en marzo de 2023, fue presentada al Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente, además de ser aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático en agosto del año pasado, sesión que es transmitida en vivo.
El regulador de valores de China ha acusado a Evergrande y a su fundador Hui Ka Yan de inflar sus ingresos en China continental en casi US$80.000 millones durante 2019 y 2020, en un contexto donde se están dando las primeras acusaciones detalladas por parte de las autoridades para arrojar a la luz el fracaso del promotor inmobiliario más endeudado del mundo.
La Comisión Reguladora de Valores de China planea imponer una multa de 4.200 millones de RMB (US$580 millones)a Hengda Real Estate, el negocio continental de Evergrande, según una presentación de la compañía a las bolsas de Shenzhen y Shanghái que incluía acusaciones de documentación falsa en los informes financieros.
La presentación citaba una decisión preliminar de la CSRC que decía que Hui, alguna vez el hombre más rico de China, sería multado con 47 millones de yuanes y podría ser excluido de por vida de los mercados del país. Se le acusó de “instruir a otro personal” para inflar las métricas de la empresa.
Los documentos presentados, publicados a última hora del lunes, marcan un hito en el prolongado fracaso corporativo, que hasta ahora se ha caracterizado por una falta de transparencia, para los inversores internacionales que invirtieron más de US$20.000 millones en un negocio compuesto por cientos de proyectos residenciales individuales.
Evergrande, con sus más de US$300.000 millones en pasivos, llegó a encarnar los excesos de la industria inmobiliaria de China cuando entró en default a finales de 2021, precipitando un efecto dominó entre sus pares promotores que sigue pesando sobre la economía en general.
La entidad de la empresa que cotiza en Hong Kong fue declarada en liquidación en enero por un tribunal del territorio, aunque las implicaciones de la sentencia en el distinto entorno jurídico de China continental, donde se encuentran casi todos los activos de Evergrande, siguen siendo inciertas.
La presentación de Hengda citaba la decisión preliminar de la CSRC, según la cual la empresa infló los ingresos al reconocerlos por adelantado en 2019, lo que supuso un aumento de 214.000 millones de RMB -la mitad del total-, e infló los ingresos en 350.000 millones de RMB en 2020, casi cuatro quintas partes del total.
La CSRC, que según la presentación también sospecha que los bonos en el continente se emitieron de forma fraudulenta, no dio a conocer directamente su decisión preliminar y no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Las presentaciones no se refieren a los bonos denominados en dólares vendidos por Evergrande, cuyos pagos originalmente no se realizaron en septiembre de 2021. Casi dos años de negociaciones entre inversores extraterritoriales y la empresa no lograron producir ningún plan de reestructuración viable.
Durante ese periodo, Beijing ha dado prioridad a la finalización de los proyectos residenciales iniciados por Evergrande y otros promotores.
Hui fue sometido a “medidas obligatorias” por las autoridades chinas en septiembre, según un documento de la empresa de ese momento. En enero, la sede de Evergrande, ubicada en la ciudad sureña de Guangzhou, fue rodeada por la policía y vallas recién construidas.
Los auditores de Hengda en 2019 y 2020 fueron PricewaterhouseCoopers Zhong Tian, una entidad continental afiliada a la red de PwC. PwC Zhong Tian dimitió como auditor en 2023, según documentos de la empresa.
PwC, el auditor de cuentas de la empresa en Hong Kong, dimitió el mismo año y es objeto de una investigación por parte del regulador de auditoría de Hong Kong.
PwC no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El economista jefe de Natixis, Gary Ng, dijo que las revelaciones plantean la interrogante de si había “más trucos financieros ocultos” en los informes financieros de Evergrande.
Los datos oficiales mostraron el lunes que la crisis del sector inmobiliario chino continúa. La inversión inmobiliaria cayó un 9% interanual en enero y febrero, mientras que el inicio de nuevas construcciones se desplomó un 30%, su peor caída en más de un año.