“¿Estás satisfecho con la respuesta?” preguntó el presidente de la comisión investigadora del llamado caso Monsalve, Miguel Mellado (RN), a la diputada Alejandra Placencia (PC), luego de que esta realizara dos consultas con el sociólogo Miguel Crispi (Frente Amplio), jefe de asesores del presidente Gabriel Boric. .
“No. “No, presidente”, respondió el legislador comunista con cierto fastidio, sorprendiendo a todos los presentes tras la serie de evasivas del asesor presidencial.
Hasta ese momento, Crispi se había negado sistemáticamente a brindar más información sobre el papel que jugó en el manejo de la crisis que provocó la denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve. En su discurso, el asesor presidencial se limitó a repetir información que ya se conocía o que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), ya había proporcionado la semana pasada a esta comisión investigadora.
Entre los antecedentes repetidos, Crispi mencionó que conoció el 15 de octubre de la denuncia contra Monsalve y que ese mismo día comenzaron a buscar nombres para reemplazar al entonces subsecretario dado que su continuidad en el cargo era insostenible dada la gravedad de la denuncia. .
“(Mis conversaciones con el Presidente) son conversaciones privadas… no puedo como asesor del Presidente de la República compartir conversaciones que son por naturaleza privadas. En mi papel, Tengo una capacidad muy restringida para compartir conversaciones que son de naturaleza privada.“, repetía constantemente Crispi, quien compareció este lunes ante el órgano de instrucción junto al jefe de gabinete de Boric, Carlos Durán (Frente Amplio).
El problema es que el hermetismo del jefe de asesores no sólo exasperó a la oposición, sino que también molestó al menos a dos miembros del oficialismo en esta comisión: las diputadas Placencia (PC) y Camila Musante (PPD independiente), quienes -un tanto sorprendidos- Lamentó que Crispi ni siquiera hiciera un informe previo de los hechos, como lo hizo Durán.
Incluso Placencia fue más crítica. “Entendiendo que aquí estamos en un comité en el que actuamos de buena fe, me llama la atención que en mis preguntas y en las de otros diputados, el señor Crispi habla de lo que otras personas han dicho y hecho y no de sus propias acciones. Lo cual me parece inapropiado. Pregunto por la coordinación de los asesores de la Presidencia, en particular del señor Crispi y del señor Durán, durante las primeras horas. Y debo entender por tu respuesta que no se lo dijiste a nadie más. Por lo tanto, esta coordinación se hizo entre ellos. Y la otra pregunta sobre las recomendaciones que hicieron, no las responde”, afirmó el parlamentario comunista.
Ante la gravedad de la denuncia, Crispi accedió a precisar que el hecho que involucra a Monsalve no fue mencionado a ningún otro miembro del equipo asesor presidencial ese día.
Pese a ello, el malestar no disminuyó entre la oposición, dado que la tesis del principal asesor de no responder era discutible desde el punto de vista de su legalidad.
Según la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, las comisiones investigadoras de la Cámara tienen facultades especiales.
En primer lugar, los funcionarios del gobierno deben comparecer. Este deber también se aplica a los asesores contratados a honorarios, según la jurisprudencia de la Contraloría, definida a raíz de una polémica previa entre el propio Crispi y la ex comisión investigadora del caso Acuerdos y el lío de dinero con fundaciones en 2023. Luego, el sociólogo se negó a comparecer hasta que el pronunciamiento del entonces contralor Jorge Bermúdez lo obligó a cambiar de opinión.
Sin embargo, la misma norma indica que estos funcionarios y asesores también tienen la obligación de responder. “Las autoridades, funcionarios y personas convocadas de conformidad con lo anterior, deberán comparecer a la sesión que fije la comisión. Asimismo, estas personas Deberán proporcionar los antecedentes e información solicitada por la comisión.”, dice el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso.
Si bien Crispi ante esta comisión pudo haberse basado en otras disposiciones que protegieran el secreto o confidencialidad de las conversaciones, esta restricción de información debió fundamentarse y ampararse en otra norma especial, dado el rango constitucional de la Ley del Congreso. Esto no sucedió durante la tensa sesión.
Incluso en estas circunstancias, la ley autoriza a los diputados a convocar a sesión secreta para obtener también aquellas informaciones reservadas y secretas.
A partir de esas dudas jurídicas por la negativa de Crispi, la diputada Flor Weisse (UDI) solicitó la conformidad de la comisión para notificar a la Contraloría para precisar si el alcance del concepto “conversaciones privadas” impide revelar antecedentes de una investigación de la Cámara.
A su turno, la representante Joanna Pérez (demócrata) citó el artículo 314 del Reglamento de la Cámara, que reproduce las obligaciones a las que están sujetos los funcionarios del gobierno, para acusar el incumplimiento de la norma. Incluso puso como ejemplo que Crispi ni siquiera quiso revelar cuánto duró la reunión entre él y el Presidente cuando le informaron de la denuncia contra Monsalve el 15 de octubre.
Tanto Crispi como Durán pasaron por una preparación previa para responder las preguntas de la comisión investigadora. Y evitar referirse a las conversaciones con Boric fue parte de lo acordado.
Esta estrategia ya había sido seguida por Crispi, cuando tuvo que enfrentar la comisión investigadora del caso Pactos, instancia en la que también esquivó preguntas sobre sus conversaciones con el Presidente.
Así lo afirmó la portavoz de La Moneda, Camila Vallejo, en su habitual vocería de los lunes en Palacio.
Inicialmente, el titular de la Segegob afirmó que “esto es algo que está pasando, no voy a opinar hasta que termine la comisión investigadora de este asunto”. Luego, sin embargo, agregó que las evasivas de Crispi se deben a que “es parte de la premisa que se planteó en otra presentación, hace un par de años, respecto de otra comisión investigadora”.
Aunque su vocero no lo deja claro, en La Moneda indicaron que sus declaraciones apuntaron precisamente a la participación de Crispi en la comisión de los acuerdos.
Es decir, este fue un criterio establecido por Crispi en 2023.
Todo esto a pesar de que el COL del Congreso permite la creación de una sesión secreta. Sin embargo, en La Moneda inmediatamente cerraron la puerta a esta idea, ya que, según Vallejo, “hemos tenido otra situación que lamentablemente termina en la prensa”. Esto es en referencia a las filtraciones del contenido de algunas sesiones confidenciales.