A principios de esta semana, el Tesorería activó una de las primeras señales concretas del ajuste económico comprometido por la administración de José Antonio Kast. El jefe de la cartera fiscal, Jorge Quiroz, envió a todas las carteras un instructivo que ordena recortar un 3% de su presupuesto actualen una medida que busca dar una señal de disciplina en medio de un escenario de escasez de liquidez.
La instrucción es uniforme: cada ministerio debe ajustar su gasto en esa proporción, con lo que El Ejecutivo proyecta ahorros cercanos a los US$ 3.000 millones.
Sin embargo, el plan no termina ahí, ya que recorte adicional de otros US$ 1.000 millones. “Algunos ministerios tienen más margen para reducir gastos que otros”, dijo el domingo en Mesa Central del Canal 13, delineando así un ajuste total de US$ 4.000 millones para el Presupuesto 2026.
Durante esta semana, el Dirección de Presupuesto (Dipres) ha desplegado sus equipos sectoriales en los diferentes ministerios para monitorear cómo se implementará el recorte. En las carteras más importantes ha estado incluso el propio director de la organización, José Pablo Gómezquien ha liderado reuniones para alinear criterios.
Este jueves, por ejemplo, llegó al Ministerio de Obras Públicas junto a su equipo sostendrá una reunión con el subsecretario Nicolás Balmaceda, en la que se abordaron los primeros lineamientos del ajuste.
El proceso ocurre en paralelo a otra iniciativa clave: la auditoría total del Estado promovida por el gobierno. Su comité estratégico -presidido por el subsecretario general de la presidencia, Constanza Castillo Se reunirá por primera vez este viernes, para acordar sus reglas de funcionamiento, además de definir una priorización inicial de las líneas de auditoría.
Si bien las instrucciones son recientes, varias carteras ya comenzaron a perfilar sus planes. Esto se debe a que, como se indica en la circular del Tesoro, Este viernes vence el primer plazo para informar a la Dipres las medidas asociadas al ajuste adicional de US$ 1.000 millones. Mientras tanto, el objetivo de recorte del 3% tiene un horizonte más amplio.
“Con el plazo máximo de información a la Dipres el 20 de marzo de 2026, cada ministerio en trabajo conjunto con los sectores presupuestarios, Hay que identificar abusos y malas prácticas en el uso de los recursos fiscales, así como espacios de eficiencia y austeridad. permanente a la espera de ser informados de la reducción adicional a cada cartera. Se informará oportunamente al organismo coordinador de este proceso y las cifras específicas”, señala el documento.
En términos generales, los primeros criterios coinciden en reducción de viajes, limitación de gastos de viaje, contención en la contratación de personal -y reducción de la misma-, además de una revisión de los gastos operativos. Sin embargo, la magnitud del ajuste varía dependiendo del tamaño del presupuesto de cada ministerio.
Salud, Educación y Vivienda
En Salud, cuyo presupuesto supera los $17 mil millones, el recorte del 3% equivale a más de $517 mil millones. En Educación, con un monto similar, la reducción ronda los $524 mil millones. Mientras tanto, la vivienda debe ajustar casi 200 mil millones de dólares, mientras que la defensa enfrenta un recorte de alrededor de 67 mil millones de dólares.
En el caso de Salud, un ministerio liderado por el ministro mayo chomaliLas pautas ya han comenzado a descargarse en los servicios dependientes. Muestra de ello fue la circular emitida por el Servicio de Salud de Osorno, que estableció “directrices locales sobre ajuste fiscal”. El documento instruye, entre otras medidas, restringir los reemplazos de personal a casos estrictamente necesarios -principalmente en funciones clínicas o de turno-, limitar las horas extras a situaciones que no se pueden posponer y evitar pagar gastos de viaje. Además, se fija el criterio de que las actividades se realicen dentro de la jornada laboral, transfiriendo la responsabilidad a cada departamento.
En Educación, por su parte, el margen de maniobra es más limitado porque buena parte de sus compromisos financieros ya están comprometidos por la Ley de Presupuestos.
Aun así, la cartera que lidera María Paz Arzola evalúa medidas como congelar nuevas inversiones en infraestructura, no cubrir vacantes salvo en casos críticos, yrevisar los programas de beneficios para estudiantes. Entre ellos, hay Beca de alimentación para educación superior (BAES) y otros apoyos monetarios proporcionados por Junaeb. También se contempla reducir estructuras internas, como equipos de comunicación en subsecretarías.
En Vivienda, el diagnóstico es más crudo. El ministro Iván Poduje ha trasladado que “las arcas están vacías”, lo que ha llevado a priorizar Recortes en estudios, alquileres, contratos de honorarios y convenios con universidades.. A esto se suma la revisión de la estructura del Serviu, donde -según conocedores de la cartera- la nueva administración ya identificó “amarres”. Paralelamente, se han iniciado investigaciones que podrían derivar en despidos..
Defensa
Defensa, por su parte, apunta a reducir los gastos operativos, como viajes, viáticos y gastos administrativos. La cartera, encabezada por Fernando Barrosya ha comenzado a reducir sus equipos en comparación con administraciones anteriores. Sin embargo, la atención se centra en salvaguardar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, cuya situación financiera ya es calificada de compleja por fuentes del sector. El escenario de ajuste ha sido abordado en las reuniones que el propio Presidente ha sostenido con los comandantes en jefe..
Otras distribuciones -de menor cuantía presupuestaria- también avanzan en la misma línea. En la Secretaría General del Gobierno pretenden reducir el tamaño del gabinete, mientras que en Presidencia -sujeto también a las instrucciones- El proceso es coordinado por el director administrativo de La Moneda, Julio Feres.
A pesar de los avances, el gobierno reconoce que Los primeros recortes están lejos de completar el objetivo marcado por Hacienda. La combinación de gastos comprometidos y necesidades operativas limita el margen de acción en varias carteras. Por eso, el ajuste adicional anunciado por Quiroz y los resultados de la auditoría del Estado serán clave para determinar hasta qué punto es posible profundizar la poda fiscal sin afectar el funcionamiento de los servicios.
