Las isapres no pasan por un buen momento y ahora están en suspenso a la espera de las instrucciones que debe dar la Superintendencia de Salud para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que ordena la aplicación de la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restitución de cargos en exceso. Aunque las isapres creen que si bien el fallo no acaba con la industria, sí podría ocurrir, dependiendo de la metodología que instruya el regulador.
En ese contexto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, comentó este martes en Duna radio que desde el gobierno “estamos trabajando en propuestas para fortalecer el aseguramiento público, para que que (ante) cualquier eventualidad que se presente con las isapres, las personas no se sientan desprotegidas. Lo que estamos tratando de garantizar, y todo nuestro trabajo, es que los asegurados, tanto del Fonasa como particularmente de las isapres, que creo han estado en una situación en la que todas estas comunicaciones les generan incertidumbre, en la que efectivamente vamos a trabajar como gobierno, aunque no seamos responsables de esta crisis, para que la gente no pierda sus derechos.
Por otra parte, el ministro también afirmó que Desde el Ejecutivo han agilizado los traslados del Fonasa a clínicas privadas, para los servicios relacionados con la modalidad de libre elección, la Ley de Emergencia, y la derivación al segundo prestador. En ese sentido, dijo que están “tratando de agilizar estos pagos para que las clínicas también mantengan un estado de liquidez y contribuyan a una mayor estabilidad de todo el sistema privado”.
El secretario de Estado recordó que “El seguro público también es un gran cliente” de las clínicas, por lo que el pago más oportuno por parte de la entidad estatal a los centros de salud privados permitiría enfrentar el atraso en el pago de las isapres por las prestaciones, así como por la terminación de los convenios entre particulares.
Sobre el diálogo realizado entre las isapres y el Ejecutivo, Aguilera aseguró que “hemos continuado la conversación” con la asociación que agrupa a las entidades privadas, y Descartó que existan retrasos en la definición de la autoridad administrativa sobre el cumplimiento de la sentencia del Supremo, ya que es un trabajo que “No es fácil, requiere un trabajo concienzudo”.
“Recuerden que la Superintendencia les dio un plazo de seis meses para definir el mecanismo de respuesta. (…) Lo que dice la sentencia es un poco complejo de entender. (…) Hay 40 mil planes usando 900 tablas diferentes y además, la Corte solicita que los niños menores de dos años no sean imputados. Es decir, una serie de elementos que en realidad es difícil de analizar y el impacto debe ser efectivamente evaluado”, dijo Aguilera.
Eso sí, el titular de Salud afirmó que “como Ministerio estamos preparando medidas para enfrentar los posibles efectos que pueda tener el fallo” en el sistema privado.
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