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Ministra Jeanette Vega: “Existen los presos políticos sin duda”

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La noche de este domingo, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, jeanette vegadeclaró que en Chile existen presos políticos.

En entrevista con Tolerancia Cero, el secretario de Estado dijo que “hay presos políticos, sin duda, y puedo dar ejemplos. Los muchachos que actualmente están en prisión preventiva desde el estallido (social), que incluso llevan unos dos años detenidos, si no son presos políticos pues qué son, porque en la práctica hasta ahora no han sido procesados”.

Tras emitir estas declaraciones, la autoridad insistió en que “la realidad es la realidad. Efectivamente, tenemos presos políticos, y no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con los pueblos originarios son básicamente presos políticos”.

Refiriéndose a este último punto, Vega dijo “No vamos a dar nombres, no es el momento, pero evidentemente hay personas que han sido encarceladas fundamentalmente por defender su derecho a la restitución de tierras”.

A continuación, el ministro se refirió al trabajo de la justicia en estos casos, señalando que “aquí entramos en un terreno que es más pedregoso, que es el terreno en el que la justicia tiene que hacer su trabajo, pero parte del trabajo es que efectivamente se juzgue a las personas”. No se puede retener a una persona durante dos años sin ser juzgada porque eso viola el derecho de esa persona a ser libre”.

Al mismo tiempo, planteó la pregunta: “¿Qué es esa persona que ha sido encarcelada por un tema asociado a algún tipo de ideología o pensamiento político, y que permanece en la práctica preso durante dos años sin hacer nada?”.

Al ser consultado sobre quiénes en Chile están presos por su pensamiento político, el Secretario de Estado aseguró que “Hay gente del levantamiento social que en realidad han estado presos hasta dos años y no han sido juzgados, y cuando los han juzgado han sido puestos en libertad”.

Asimismo, en tono de crítica a las organizaciones que solicitan e imponen la medida cautelar más gravosa que contempla el Código Procesal Penal, aclaró que “yo digo que aquí se utiliza la prisión preventiva para esos casos de manera exagerada ( …) por parte de quien no está cumpliendo con el deber de llevar a juicio a las personas y no mantenerlas en prisión preventiva”.

Horas después, Vega revirtió sus declaraciones, publicando el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Hay gente presa por delitos cometidos en un contexto político, pero no es lo mismo que haya gente presa por sus ideas. En este sentido, no es posible hoy hablar de presos políticos. Debería haber diferenciado y evitado malentendidos.”.

Cabe recordar que el pasado 15 de marzo, el Ministro del Interior, Izkia Siches, en su frustrada visita a la comunidad de Temucuicui, se había referido a este concepto. “Este gobierno va a poner todo lo que tiene sobre la mesa para buscar soluciones políticas, pero esa gente que cree que el camino de la violencia nos va a permitir salir adelante, incluyendo juicios contra presos políticos mapucheEstán muy equivocados”, dijo en esta ocasión.

Dos días después, el 17 de marzo, el ministro de la Segpres, george jackson, expresó su posición en Radio Agricultura. “Hay muchos casos, sin el debido proceso, hay mucha gente que o a través de prisiones preventivas, como le pasó a la machi (Francisca) Linconao -que hoy es Constituyente Convencional- y que estuvo privada de la libertad muchos meses sin que al final , no se descubrió absolutamente nada”, dijo.

Continuó diciendo que esta situación se ha repetido históricamente, “particularmente con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en la zona donde hay un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche (…) Ahí ha pasado muchas veces, y se ha determinado demostrar cuando terminan siendo liberados sin ninguna prueba, que ha habido persecuciones y muchas veces encarcelamientos políticos para algunos que han sido, con razón, confirmados como un montaje en el pasado”.

Sin embargo, ese mismo día, el subsecretario de Gobernación, manuel monsalve, se dirigió a la denominación, con una posición diferente. “Las personas que hoy son condenadas por un delito han sido condenadas por nuestro sistema judicial, por tanto, son condenadas por un delito que está tipificado en el Código Penal. Desde esa perspectiva no son presos políticos”, indicó a T13 Radio, para luego precisar que “es evidente que hay un sector de la sociedad que considera que hay presos politicos”.

A su vez, el vocero del gobierno, Camila Vallejo, Salió el 18 de marzo a referirse al tema e indicó que “es completamente lógico lo que ha dicho el subsecretario (Monsalve): En cuanto al sistema judicial, este calificativo no se aplica. Pero aquí tenemos, desde el punto de vista político, un problema mucho más complejo. Buscamos dar una respuesta integral y compleja a un problema que es complejo”, afirmó.

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Dos carabineros vinculados a la Alianza Mapuche Lafkenche fueron detenidos

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La Policía de Investigaciones, con apoyo de la Armada, llevó a cabo un megaoperativo esta madrugada para desarticular la agrupación Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) en la macrozona sur.

Varios domicilios fueron allanados en las comunas de Curanilahue y Cañete en el marco de órdenes judiciales de entrada y registro.

Al menos 11 personas que estarían vinculados al liderazgo de la orgánica denominada Resistencia Mapuche Lavkenche fueron detenidas. Además, la policía incautó armas de fuego, municiones y teléfonos celulares.

Entre los aprehendidos se encontrarían dos carabineros, uno en servicio activo y otro retiro. A los líderes de la organización se les imputan diversos delitos de violencia rural, robo de maderas y atentados incendiarios.

El carabinero en retiro se desempeñaba en la Comisaría de Curanilahue, en tanto, el uniformado en servicio activo realizaba labores en Los Álamos.

Los detenidos fueron trasladados al cuartel de la PDI en Talcahuano.

Durante la jornada las autoridades policiales de la región del Biobío darán a conocer mayores detalles de este operativo.

El 13 de agosto la PDI detuvo a otro integrante de la organización. El sujeto fue acusado de delitos de violencia rural, registrados en la zona sur de la provincia de Arauco, región del Biobío.

Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) opera en la zona costera y cerca de la cordillera de Nahuelbuta, en Arauco, Biobío. Su primera aparición pública fue el 13 de abril de 2020, cuando se adjudicó un ataque armado en contra de civiles y Carabineros que se trasladaban por la Ruta P-72S, en Lleulleu, Tirúa. También lo hizo con la detonación de bombas en un auto con el fin de destruir el Puente Lleulleu.

Según antecedentes policiales, se compone de grupos violentos que operarían como crimen organizado, ligados a la comisión de ilícitos comunes, especialmente al robo de madera e infracción a la ley de armas. No habría un mando vertical marcado en su organización y cuando atacan, lo hacen de a cinco a 15 integrantes, encapuchados, armados y vestidos de militares. Los investigadores estiman que buscan mantener el conflicto en la zona para cometer delitos comunes. Sus blancos son generalmente forestales, antenas de comunicaciones, casas de veraneo, además de vehículos civiles y policiales.

Entre los actores relevantes de este grupo que identifican las policías está Ramón Llanquileo Pilquimán, condenado por el ataque al fiscal Mario Elgueta en el sector Puerto Choque, en octubre de 2008. Otro integrante, según fuentes policiales, es Ociel Santi Paine, detenido en febrero de 2013 por agredir a cuatro funcionarios de la PDI en Cañete, luego de un allanamiento a la casa de su familia. También figura Domingo Mariñán Millahual, aprehendido en julio de 2019 por Carabineros tras los disparos que el dueño de una parcela realizó en defensa propia en la localidad de Tranaquepe, en Arauco, dejando a un encapuchado fallecido que sería luego identificado como Lemuel Fernández. Mariñán terminó lesionado por un disparo en el tórax.

A principios de abril de 2022, cuando el gobierno de Gabriel Boric analizaba retomar el estado de excepción que había culminado su vigencia, en Contulmo, 15 viviendas resultaron quemadas en las orillas del Lago Lanalhue luego que 40 encapuchados irrumpieran en un camping efectuando disparos. Robaron vehículos y bloquearon la ruta para facilitar su huida. La Resistencia Mapuche Lavkenche (RML) se adjudicó el ataque.

También se adjudicaron el ataque al molino Grollmus de Contulmo. Allí los atacantes realizaron disparos y procedieron a quemar el molino, así como el Ecomuseo aledaño a la estructura. Tres personas resultaron heridas de gravedad.

#Dos #carabineros #vinculados #Alianza #Mapuche #Lafkenche #fueron #detenidos
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El Banco de Inglaterra decide mantener la tasa

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El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra ha decidido mantener la tasa de interés de referencia para sus operaciones en el 5,25%, su nivel más alto desde abril de 2008, según ha anunciado la institución, muy dividida en la toma de sus decisiones.

De esta forma, se interrumpe la secuencia de catorce reuniones consecutivas de incrementos del precio del dinero. No obstante, el instituto emisor ha comunicado que la votación ha estado muy reñida, con cinco de sus miembros a favor de pausar los tipos frente a los cuatro que abogaban por una nueva subida de 25 puntos básicos, en línea con el alza del anterior cónclave.

En la cita de agosto, la decisión de subir los tipos en 25 puntos básicos contó con seis votos a favor, mientras que otros dos miembros del Comité votaron a favor de elevar la tasa en 50 puntos básicos y uno optó por mantenerla en el 5%, lo que ya apuntaba a la creciente división interna en el órgano de decisión del banco central.

El Comité sigue considerando que los riesgos en torno a la previsión de inflación “están sesgados al alza”, aunque en menor medida que en mayo, lo que refleja la posibilidad de que los efectos de segunda ronda de ‘shocks’ de los costes externos de la inflación sobre los salarios y los precios “tardan más en desplegarse que en aparecer”.

En desarrollo…

#Banco #Inglaterra #decide #mantener #tasa
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Ley de Usurpaciones: La Moneda se inclina por un veto que sustituya todo el proyecto

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A más tardar el próximo viernes 29 de septiembre el gobierno debe enviar sus observaciones al proyecto de ley que endurece las medidas en contra de la usurpación de propiedades, que fue despachado el 30 de agosto pasado por el Congreso.

La Constitución le concede un plazo de 30 días al Presidente de la República, Gabriel Boric, para devolver el texto al Poder Legislativo con sus respectivas observaciones, también llamadas “vetos” en la jerga legislativa.

En este caso, se trataría de un veto sustitutivo “global”, es decir, el documento que ingresará el Ejecutivo reemplazará todo el texto que aprobaron el Senado y la Cámara. Ello obliga al oficialismo y a las fuerzas opositoras y no alineadas (como la DC, PDG, Amarillos y Demócratas) a votar la propuesta del gobierno como si fuera un paquete cerrado.

El planteamiento gubernamental requiere sólo de una mayoría simple en ambas ramas del Congreso para ser aprobado. Sin embargo, si es rechazado, no habría ley, por el mismo hecho de que el veto reemplaza en forma íntegra el escrito despachado por el Parlamento.

En caso de que fuera desechado este veto presidencial, la Constitución da una última chance, que los senadores y diputados reúnan dos tercios de ambas cámaras para imponer el texto original que el Presidente se resistió a promulgar. No obstante, reunir dos tercios del Congreso (33 senadores y 89 diputados) es una tarea casi imposible para la oposición.

Cómo estará redactado el veto en sus detalles aún no está zanjado. De hecho en el Ejecutivo aseguran que las alternativas están abiertas. Sin embargo, este miércoles en una reunión realizada en La Moneda, encabezada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, un grupo de diputados oficialistas fue informado de la estrategia, según confirman desde distintas bancadas de la alianza gubernamental.

“Será un veto sustitutivo global”, comentó el diputado Leonardo Soto (PS), quien fue uno de los asistentes al encuentro. A su juicio, la propuesta gubernamental igualmente “rescata la mayoría de las normas aprobadas por el Congreso en contra de la usurpación, establece procedimientos simplificados de recuperación por parte de la fuerza pública, pero también suprime los aspectos más cuestionables” del texto que aprobó el Parlamento.

De hecho, el objetivo principal del veto anunciado por el gobierno era eliminar la “legítima defensa privilegiada”, que le otorgaba a un privado el derecho de poder recuperar por la fuerza propia (sin auxilio de Carabineros) su propiedad usurpada. Ese principio sumado a la figura de la “flagrancia permanente”, es decir mientras dure la toma, el delito se sigue cometiendo, permitía a particulares proceder en cualquier momento para rescatar sus inmuebles.

El diputado Jaime Araya (Independiente PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, señala que “será un veto sustitutivo que hemos ido concordando”.

En la cita además participaron los diputados Andrés Giordano (Independiente Frente Amplio) y Lorena Fríes (Convergencia Social), Luis Cuello (PC), Alejandra Placencia (PC), Raúl Leiva (PS), Marta González (Indep. PPD), además de Soto y Araya.

Junto a la subsecretaria Lobos, en representación del asesor del Ministerio del Interior, estaba el asesor jurídico de la ministra Carolina Tohá, Rafael Collao.

El diputado Giordano comentó que en la reunión también le presentaron al gobierno “una carta suscrita por más de 150 organizaciones, expresando nuestra preocupación por el artículo del actual texto que pone en jaque formas de manifestación (ocupaciones) en el marco del derecho a huelga y pedimos al Ejecutivo que tenga en consideración esto para el veto”.

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