La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, abordó por primera vez de manera pública su asistencia a las polémicas reuniones en la casa del lobbista y ex alcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett.
La secretaría de Estado, titular de uno de los seis ministerios a los que ofició la Contraloría por sus asistencias a reuniones con empresarios en el departamento del ingeniero comercial, respondió a las consultas de la prensa en La Moneda.
Rojas descartó que el proyecto de nueva ley de pesca y el que subsana la permisología para los proyectos de inversión, hayan sido tratados en la cita a la que ella asistió.
“Ninguno de esos temas se abordaron”, aseguró esta mañana, en la antesala de su asistencia -hoy a las 15.00 horas- a la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, donde expondrá sobre junto al ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre la reunión con empresarios de la salmonicultura en la residencia de Zalaquett.
De acuerdo a la ministra, en esa ocasión la conversación giró en torno a “la visión del gobierno sobre la industria de la salminocultura” y afirmó que “por eso en su momento se tomó la definición de que no era necesario registrarla en la Ley de Lobby”.
“Así que se conversó sobre la visión general de la salminocultura y no sobre algún proyecto en particular”, aseguró.
Así mismo, Rojas cifró a los asistentes entre unas 10 o15 personas, “todos gerentes, directores de empresas de la salminocultura”, detalló.
Respecto a si se arrepiente de haber concurrido a ese encuentro, la secretaria de Estado señaló: “Como ha dicho el Presidente (Gabriel Boric) y varios ministros, nuestra tarea como ministros de Estado es dialogar, y por lo tanto, una invitación a dialogar con los distintos actores de la sociedad fue la razón por la cual aceptamos esa invitación”.
Y agregó que “la Ley de Lobby está para dejar un respaldo público de reuniones en las cuales tienen el propósito de influir en una cierta decisión, como por ejemplo es la discusión de un proyecto de ley”, descartando que éste fuera el caso.
Además del ministerio del Medio Ambiente, la Contraloría ofició el pasado viernes 5 de diciembre a las secretarías de Estado del Trabajo, Interior, Agricultura, Relaciones Exteriores y Economía.
Desde el ente contralor informaron que las secretarías de Estado tienen 10 días hábiles para responder. Y que a partir de esas respuestas evaluará los pasos a seguir.
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