Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz: “WOM no cumplió con todo lo comprometido y, por tanto, se inicia un proceso sancionatorio”
Los últimos días han sido de mucho movimiento para el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Hace una semana terminó la segunda fase de la puesta en marcha de la red 5G, que significaba para WOM entregar el proyecto completo, mientras que para Entel y Movistar queda una tercera etapa residual -estipulada en las bases- que implica la colocación de 20 antenas en el caso de la primera, y de 180 para la segunda.
Asimismo, el lunes pasado se dio inicio a un nuevo proceso de licitación de 5G, cuyas bases se publicarán este 16 de octubre. Juan Carlos Muñoz señala que la finalidad de apurar dicho proceso se sustenta en conseguir que un cuarto operador entre a este mercado, que es el mandato del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y de la Corte Suprema. La idea es que en el primer trimestre del próximo año esté definida la licitación.
En esta entrevista, realizada el día antes de que partiera a China como parte de la comitiva que acompaña al Presidente Gabriel Boric, adelanta detalles de la etapa que se viene y anuncia que incluirá el reordenamiento del espectro radioeléctrico, y que, a diferencia de la anterior, no contempla una subasta.
Respecto al proceso que acaba de terminar para WOM, es categórico: “No tenemos mucho juego para tomar decisiones que se escapen de lo que las bases estipulan”, señala, anticipando que se iniciará un proceso sancionatorio contra esa compañía, así como la evaluación del cobro de la boleta de garantía, la que en este caso asciende a cerca de US$ 50 millones.
También se hace cargo de los reclamos de la industria por la baja rentabilidad que amenaza los resultados.
¿La gran pregunta que se hace el mercado es qué pasó con WOM, si entregó su red a tiempo?
-Esto cerraba el 7 de octubre y tenemos dos empresas (Movistar y Entel) que cumplieron con suficiente anticipación el despliegue de sus antenas.
En el caso de WOM, tenemos una empresa que tuvo un despliegue mucho más lento y que no ha logrado cumplir con el 100% de lo comprometido. Lo que interesa aquí no es sancionar, lo que nos interesa es que el despliegue de la red se dé, nos interesa cerrar la brecha digital. Por eso, viendo que WOM estaba teniendo dificultades para poder llegar oportunamente, se armó una mesa de trabajo con reuniones semanales para poder reaccionar lo más rápido posible a las dificultades que pudiesen estar reportando.
A WOM se le terminó el plazo para implementar la red y si no han hecho el 100% se enfrentan al cobro de la boleta de garantía, que está estipulado en las bases de licitación. ¿Se les va a cobrar ese instrumento en su totalidad o en forma proporcional?
-Nuestro rol es cumplir en forma estricta las bases de licitación. No tenemos mucho juego para tomar decisiones que se escapen de lo que las bases estipulan. Nuestro equipo jurídico está determinando qué es lo que corresponde en este caso. Tenemos, efectivamente, una de las tres empresas que no cumplió con lo que se comprometió y, por lo tanto, las sanciones en términos de monto y en qué momento es algo que tiene que definir el gobierno, y eso se va a anunciar cuando se tome la decisión.
Pero si no cumplieron y las bases de licitación dicen que se debe cobrar la boleta de garantía en su totalidad, ¿jurídicamente es lo que corresponde hacer?
-Estamos analizando lo que las bases indican para definir qué se tiene que hacer en este caso.
WOM ha señalado que hay temas administrativos pendientes, de permisos que no les concedieron o atrasaron entidades del Estado…
-Aquí la responsabilidad de la empresa era cumplir con lo que se comprometió. Y por eso dispusimos extraordinariamente un equipo que se reunía semanalmente con ellos para poder contribuir a que los compromisos tomados por la empresa se puedan materializar de la forma más efectiva posible. Llevan cuatro meses reuniéndose (…) para poder agilizar los permisos que era responsabilidad de ellos conseguir.
En este momento, a la luz de los antecedentes que tenemos, todo indica que la empresa WOM no cumplió con todo lo comprometido y, por tanto, se inicia un proceso sancionatorio que tiene que definirse en función de los antecedentes que se vayan poniendo a la luz. Tenemos que definir el nivel de incumplimiento y en base a eso definir las sanciones que corresponden.
¿Está descartado cobrar la boleta de garantía de acuerdo a la proporcionalidad de la falta?
-Eso es lo que van a definir los antecedentes que va a poner a disposición la Subsecretaría de Telecomunicaciones y, con el nivel de cumplimiento, mirar qué es lo que corresponde jurídicamente de acuerdo a las bases de licitación. Nos ceñiremos estrictamente a lo que las bases indican.
El plazo de WOM era el 7 de octubre, ¿se les va a poner otro plazo para entregar toda la red y evitar que se retrase más?
-Hay multas asociadas por día de atraso, cuyos montos están en las bases de licitación y, por lo tanto, no hay ningún incentivo para no terminar rápido la red.
El 16 de octubre publicarán las bases de la nueva licitación de 5G. ¿Qué cambios fundamentales van a tener respecto al anterior proceso?
-Este nuevo proceso de licitación será de 50 MHz, a los que se pueden postular en paquetes de 10 MHz, en función de lo que las empresas vayan definiendo de acuerdo con su interés. Más que recaudar recursos, nos interesa que haya mayor cobertura, que el despliegue en el país de la red 5G sea lo más amplio posible.
Hay distintos esfuerzos asociados, uno tiene que ver con llegar a zonas en las cuales no hay suficiente cobertura. El concurso previo permitía garantizar un 90% de cobertura, por lo cual hay un 10% de la población que no tiene despliegue de 5G y ese va a ser uno de los focos importantes.
El concurso anterior tuvo un foco importante por cubrir hospitales, gobernanzas, delegaciones, comisarías que están en zonas urbanas; lo que nos interesa ahora cubrir, además de ese 10% que no tiene cobertura, son por ejemplo las carreteras, para contribuir a que el transporte sea más seguro y que fue parte de los compromisos asumidos con los gremios de camioneros el año pasado.
¿Qué otra novedad traerá este proceso?
-Este proceso también vendrá acompañado de un reordenamiento del espectro. Hoy tenemos un espectro muy fragmentado y esa fragmentación nos hace perder eficiencia, por lo cual el proceso nos va a permitir no solamente poder incorporar 50 MHz al sistema, sino que además reordenar para un uso más efectivo, más eficiente del espectro global.
También uno de los objetivos de este concurso es cumplir con lo que se nos solicita desde la Corte Suprema, de que haya cuatro actores en materia de telecomunicación en Chile y hoy día en 5G sólo tenemos tres en la banda 3,5 GHz. Entonces, hay un interés de parte de la subsecretaría de ojalá, a través de este concurso, tener un cuarto actor.
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Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
¿Qué va a significar este reordenamiento del espectro?
-Para efecto de los usuarios, no implicará ningún cambio; para las compañías significa que hay algunas de ellas que tienen pedazos en distintas partes del espectro, que hace que sea más ineficiente que si todo eso está junto.
Esto no afecta a todas las compañías, pero lo que queremos es que como resultado de este concurso el espectro radioeléctrico quede lo más conexo posible y no fragmentado.
¿Pero eso implica entonces que se van a tener que reorganizar las compañías y traspasarse espectro?
-A las compañías se les va a exigir ese reordenamiento. No van a perder espectro, a lo mejor se van a tener que cambiar de una parte de la banda a otra y en otros casos les va a permitir juntar anchos de frecuencia en una misma banda.
¿Esto permitirá la convergencia tecnológica, es decir, que no importe a través de qué tipo de red se entregue un servicio, ya sea fijo o móvil?
-Esa es parte de la decisión que tenemos que tomar más adelante, pero por el momento lo que estamos tratando de hacer es poder reordenar los espectros para que ellos queden con un conjunto de ancho de banda lo más conexos posible y de esa manera no perder eficiencia asociado a un espectro que está fragmentado.
En general, cuando uno habla con las empresas, ellas saben que cuando cuentan con un ancho de banda superior a determinados niveles, la eficiencia y la productividad que le pueden sacar al ancho de banda crece y eso es lo que queremos ganar en este proceso.
¿Cómo conversa todo esto con la consulta de Telefónica que está pendiente por responder el TDLC respecto al espectro?
-El tribunal tendrá que fallar respecto a la consulta que hace Telefónica y acá a nosotros nos interesa que el espectro se use lo más eficientemente posible y, al mismo tiempo, entendemos que tenemos un requerimiento para que el sistema funcione con cuatro actores y eso es parte de lo que buscamos cuando llevamos adelante concursos como este.
La consulta que hace Telefónica al TDLC respecto al cálculo del límite de espectro, ¿no estaba clara en el fallo anterior del TDLC?
-Los fallos han estado lo suficientemente claros. Telefónica tiene dudas y vamos a esperar la respuesta, pero a nosotros nos parece que lo que corresponde es dar las facilidades para que efectivamente podamos avanzar hacia cuatro actores que tengan acceso a 5G.
¿Por qué se dio inicio al nuevo proceso de licitación sin tener primero claro el pronunciamiento del TDLC?
-Parte del apuro es que entendemos que es importante cuidar la competencia que tenemos en el sistema y que es muy sana en nuestro país. Si uno no hace un nuevo concurso pronto, eso significa que las tres empresas van a poder tener todo el mercado y va a ser muy difícil para una cuarta instalarse en el país.
¿En qué plazo debería adjudicarse?
-Ya en el primer o segundo mes del próximo año.
¿Y en qué modalidad se hará esta nueva licitación? ¿Habrá subasta?
-Este año vamos a migrar hacia el tema de mayor cobertura. Más que recaudar, lo que nos interesa es poder generar una mayor cobertura de telecomunicaciones en zonas en que hoy día está ausente. Entendemos perfecto que en este país y en todo el mundo las telecomunicaciones han pasado a ser un bien de necesidad básica y por eso como gobierno estamos avanzando en esto que hemos denominado brecha digital 0.
Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estamos trabajando en la construcción de un Registro Nacional de Conectividad, que nos permita con precisión identificar zonas urbanas y rurales que no tengan conectividad. Chile durante décadas ha dado un salto en desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones, pero sin tener a la vista ciertos sectores “oscuros”. Por eso la importancia de este registro comprometido en el programa de gobierno y que ya cuenta con un primer prototipo, que permitirá diseñar políticas públicas de conectividad focalizadas y sobre la base del conocimiento del territorio.
Un reclamo constante de las empresas de telecomunicaciones son los bajos márgenes de rentabilidad de la industria. ¿Les preocupa que se llegue a un punto en que las firmas quiebren o se vayan?
-Eso sería preocupante. A nosotros nos interesa que el sistema de telecomunicaciones en Chile siga destacándose por la calidad de servicio, por los precios competitivos que permiten tener a una gran cantidad de nuestra población permanentemente conectada. Es una virtud y creemos que eso es algo que nosotros, como autoridad, tenemos que proteger y cuidar.
Entendemos que para que eso ocurra debemos tener empresas que sean sustentables en el tiempo y el marco que tenemos en el país, es un marco de competencia. Lo que nos corresponde a nosotros es más bien poner cierta exigencia, rayar la cancha, una cancha que sea clara para todos.
Por supuesto que nos preocupa cuando se levantan alertas de que tal empresa está con problemas de rentabilidad y estamos siempre abiertos a conversar e identificar formas de que la estabilidad del sistema no esté en juego.
¿Es posible hacer microrregulaciones para frenar los impagos, la morosidad alta, la deuda del roaming, por ejemplo?
-A nosotros nos preocupa la estabilidad financiera de la industria, que las empresas sean sanas financieramente y que su estabilidad no esté en juego. Por supuesto que estamos disponibles para conversar respecto de aspectos regulatorios para darle mayor estabilidad financiera a las empresas, aunque no sean estrictamente de nuestra cartera.
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La noche de este sábado, una persona resultó fallecida y otras dos heridas luego del ataque que realizó un sujeto armado con un arma blanca y un martillo, en la zona de Grenelle, en las cercanías de la Torre Eiffel, en París.
La víctima fatal corresponde a un hombre de nacionalidad alemana que se encontraba haciendo turismo en la zona, al igual que las otras dos personas atacadas. El fallecido fue encontrado apuñado en el puente sobre el Sena, de Bir-Hakeim.
El hecho fue confirmado por el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, quien se trasladó hasta el lugar de los hechos y confirmó que el agresor fue detenido y, que, además, era un seguidor del islamismo y gritó consignas al momento de su detención.
“La policía acaba de detener valientemente a un agresor que atacaba a unos transeúntes en París, en los alrededores del Quai de Grenelle. Un fallecido y un herido atendidos por los bomberos de París. Por favor eviten el área”, escribió Dermanin en X (antes Twitter).
De acuerdo con medios locales, como France 24, el sospechoso había gritado “Allahu Akbar” (“Ala es el más grande”) antes de ser arrestado, dijo Darmanin, confirmando una información de la agencia AFP. El sospechoso era conocido por su islamismo radical y por tener problemas psiquiátricos, y dijo que no podía soportar la situación en Gaza, agregó Darmanin.
Según los primeros antecedentes, el atacante corresponde a un hombre de 26 años nacido en Francia y que fue condenado previamente el año 2016 por planificar ataques similares.
#Ataque #cercanías #Torre #Eiffel #deja #muerto #dos #heridos
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Respecto a la propuesta de nueva Constitución del Consejo Constitucional que será plebiscitada el 17 de diciembre, se destaca, primero, la defensa de nuestra soberanía y el fortalecimiento de la unidad nacional, al rechazar la instalación del “Estado Plurinacional” inspirado en una ideología foránea, sectaria y divisiva.
El texto en cuestión incluye, asimismo, mejoras que se hacen cargo de la grave crisis migratoria, abordando la expulsión de inmigrantes irregulares delincuentes y fortaleciendo el control fronterizo. Incorpora materias relativas al desarrollo sustentable y la defensa del Medio Ambiente, acordes con los tiempos que corren y en consonancia con las obligaciones internacionales.
Son importantes las libertades fundamentales y el consolidar las bases del modelo de desarrollo del país. La propuesta permite que, en el marco de un Estado social y democrático de derechos, la participación de la iniciativa privada y de los cuerpos intermedios continúe contribuyendo a Chile, habiéndolo llevado a la vanguardia de América Latina en crecimiento económico y superación de la pobreza. Para recuperar el prestigio internacional de Chile es mejor votar “A favor” el próximo 17 de diciembre.
Además, el texto propuesto fue elaborado en democracia, después de cuatro años y tras dos procesos de redacción, recogiendo la mayor parte de las demandas ciudadanas: a veces con poca profundidad, y otras con vacíos, como en el caso de la demanda de los diplomáticos de carrera en favor de una mayor profesionalización del Servicio Exterior chileno. Aun así, el proyecto ofrece una buena Constitución. No es refundacional y sí responde a la tradición constitucionalista del país. En fin, es mejor que la Constitución que se quiere reemplazar, porque actualiza instituciones, readecúa el sistema político e incorpora temas nuevos.
Juan Salazar Sparks
Director ejecutivo de Ceperi, y en representación de 40 embajadores (r)
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Según un estudio de Data Influye difundido esta semana, sólo un siete por ciento de sus encuestados cree que las instituciones encargadas de investigar y sancionar a los implicados en el llamado caso audios lo harán de manera eficiente y responsable. Para la inmensa mayoría, lo más probable que ocurra es que el asunto se diluya. Es decir, que de nada sirva la contundencia de una grabación en donde tres personas hablan con desparpajo de sobornar funcionarios públicos y comentan, como si se tratara de algo trivial, que el cohecho es la manera más eficiente y barata para evitar el pago de pesadas multas tributarias. De este siete por ciento se desprende que la desconfianza en las instituciones políticas y de justicia, o más bien que la idea de que si se tiene el suficiente poder lo que impera en Chile es la impunidad, ya no sólo es una sensación, sino que ha alcanzado otra consistencia: el rango de conocimiento compartido de manera casi unánime de que aquí las cosas son así. Punto.
No sé si, en términos de probidad, en algún momento nuestro país fue realmente diferente a lo que vemos en la actualidad. Tal vez el escenario era distinto, más pobre, más aislado, más pequeño en términos de población y mucho más opaco en términos de la información pública. Incluso antes de la dictadura. Hace medio siglo ni siquiera existía el oficio de un periodismo de investigación en el país y mucho antes la única forma de dejar constancia de los delitos de cuello y corbata perecía ser dejarlos registrados en clave, disfrazados de ficción y en forma de novelas. Las posibilidades de exponer y hacer circular casos de cohecho estaban limitadas por las condiciones económicas, políticas, tecnológicas o la misma realidad educacional. Creo que esas restricciones ambientales pesaron muchísimo a la hora de construir un relato de “probidad” generalizada, que tal vez era real a un nivel -como que intentar sobornar a un policía de tránsito es arriesgarse a una detención segura-, pero que en la medida en que se subía hacia esferas más encumbradas o círculos de poder en donde política y negocios se cruzaban era más difícil de sostener. Si en democracia ya era así, ni qué decir en dictadura.
Uno de los rasgos que tiene una comunidad con un poder tan concentrado -partiendo con una élite centralizada solo en una ciudad, o más bien en un par de barrios- es la posibilidad de levantar una mitología sobre sí misma que rara vez será desafiada, o dicho en otros términos, no tendrá competencia alguna que le exija mejorar su desempeño o rendir cuentas. En Chile no había corrupción, porque no se le llamaba así mientras no involucrara a personas extrañas a quienes tradicionalmente han sostenido las riendas del poder o porque los montos a defraudar eran menores a los de países vecinos más ricos. Lo que existía no era exactamente una tradición de probidad, sino era un poder sobre el uso de la palabra “corrupción”, cuyas llaves eran mantenidas bajo resguardo. Lo diminuto del ecosistema local beneficia que esto suceda: quienes lo componen, si no se conocen por trato social están a una agenda de distancia de hacerlo. La carrera del abogado Luis Hermosilla es un ejemplo de esa cercanía entre grandes fortunas y dirigencias políticas de distintas denominaciones. Ni siquiera el más rebelde de los presidentes de los últimos tiempos vio como un inconveniente que un abogado que había representado tantos intereses contrapuestos llegara a hacerse cargo de un entuerto autogestionado de Palacio como si nada. La trenza es así: tan antigua y firme que se la considera parte de la historia natural del país.
Uno de los elementos del ya legendario audio entre los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer es la mención reiterada de grandes sumas de dinero acompañadas de un reguero de nombres y apellidos que el trío invoca como quien recuerda a vecinos o parientes. Cada nombre es un “alguien” con mayúsculas, de quien se hacen comentarios domésticos: fulano se pone muy nervioso, zutano parece que está senil, a mengano no hay que avisarle. En la charla, 10 o 15 millones tienen el valor de una propina, lo realmente importante existe más allá del límite de los tres mil millones. Esa liviandad frente a los montos y su vinculación con personalidades públicas se repite en casos como el de las fundaciones o en las denuncias sobre los fraudes en las corporaciones municipales. Flujos enormes de dinero público con destino desconocido; denuncias de corrupción que involucran en muchos casos a ciudadanos que forman parte de ese universo que exige ser considerado como razonable y moderado. Sin embargo, esas personas, muchas veces presentadas como modelos de conducta de carácter público, hablan una lengua distinta a la de la mayoría en términos económicos y éticos: en Chile la mediana de ingreso es cercana a los 500 mil pesos, la mitad de la población vive mensualmente con esa cifra o con menos. Es decir, el punto medio está muy cerca de la línea de la pobreza y quien vive con 900 mil pesos no sólo está sobre la mediana, sino también sobre el promedio nacional. Esa es la realidad de quienes escucharon que robarle millones de dólares al Fisco sale barato y conveniente; es el día a día de hombres y mujeres que, según indican los estudios desde hace más de una década, desconfían profundamente de la labor de los partidos políticos, de las instituciones democráticas y del funcionamiento de la justicia, a niveles similares a los de países en guerra. Lo que está demostrando el enjambre de escándalos y la extensión de vinculaciones que surgen con cada investigación es que la trenza sigue firme. Lo que indican las encuestas, por el contrario, es que la democracia hace mucho que ya no lo está tanto como quisiéramos.
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