El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió este jueves al informe de Contraloría sobre pensiones de gracia que detectó una serie de falencias en su otorgamiento y admitió que “nunca debió haber ocurrido entregar pensiones de gracia a personas que tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes”.
Si bien reconoció que es “un hecho grave”, precisó que el gobierno otorgó esos beneficios cumpliendo “rigurosamente los requisitos del procedimiento establecido para entregar esas pensiones, procedimiento que se dictó por resolución el 4 de enero del año 2022 y que no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales”.
“Si usted me pregunta si eso fue un error, yo le diría sí, fue un error, pero yo no dicté ese procedimiento. Yo sí dicté la modificación de ese procedimiento que hoy día le permite a Chile que para entregar una pensión de gracia tiene la obligación de pedir los antecedentes penales. Por lo tanto, los cuestionamientos de Contraloría tienen fundamento respecto a este punto”, sostuvo.
La autoridad recordó que cuando asistió a la comisión investigadora por pensiones de gracia de la Cámara “lo primero que dije es que íbamos a modificar el procedimiento, íbamos a exigir de aquí en adelante siempre los antecedentes penales, y eso ya se hizo”.
Según el documento emitido esta jornada por Contraloría, 10 de los 144 casos revisados por el Instituto de Derechos Humanos (INDH) -de beneficiados con pensiones de gracia- no presentaban antecedentes médicos o respaldos que acreditaran el relato del postulante, algo que daría cuenta -señalaron- de que el organismo “no realizó indagaciones adicionales a los documentos entregados inicialmente por la víctima, para verificar los hechos relatados, situación que resulta relevante, pues el DAS, de la Subsecretaría del Interior, tampoco efectuó una verificación adicional de la información que remite en cada expediente ese Instituto”.
Al respecto, Monsalve partió señalando que “el procedimiento que se estableció el 4 de enero del año 2022, que no establecí yo, estableció que para entregar las pensiones de gracia, uno de los requisitos era tener a la vista un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos”. Sin embargo, aseguró que “la glosa 12 de la Ley de Presupuestos no establece diagnósticos médicos, habla de afectación”.
“La Ley de Presupuestos que aprobó el Parlamento, entre ellos, algunos parlamentarios que están insistiendo mucho en esto…ellos presentaron esta glosa y la aprobaron. Dice afectación. Y cada una de las personas que recibieron la pensión de gracia del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía un certificado, y ese certificado decía que esa persona tenía una afectación en el marco de un estallido social”, justificó.
El subsecretario apuntó a que -a su juicio- lo que el ente contralor interpreta “es que los antecedentes a disposición no están suficientemente legibles y que deben ser complementados”. En esa línea, dijo que desde el Ejecutivo “obviamente eso es lo que vamos a hacer, que es lo que estamos haciendo, recabando información para complementarla”.
En el informe de Contraloría evidenció que 58 de las 419 personas beneficiadas con una pensión tienen antecedentes penales, pero Monsalve lo puso en entredicho: “Quiero volver a la prolijidad de los procedimientos, porque aquí se ha hablado de 41, se ha hablado de 58. La verdad que la única forma de saber fehacientemente y rigurosamente que tienen antecedentes penales, es solicitar los extractos de explicación al Registro Civil. Todo el resto son informaciones parciales. Eso fue lo que hice formalmente y, por tanto, las personas que tenían antecedentes penales son 69″.
Tras hacer esa acotación, anunció que ofició a la comisión asesora presidencial “para que revisen las 69 personas que tenían antecedentes penales y le puedan proponer al Presidente de la República cuáles revocar”. Y agregó que se encuentran “trabajando en el informe que hizo la Contraloría y tratando de contestar como corresponde, es nuestra obligación”.
Consultado sobre si solo bastaba con tener un certificado que hable de “afectación”, la autoridad del Interior insistió en que “ni en la ley, ni en la glosa 12, ni en el reglamento se estableció que tenían (que presentar) antecedentes médicos”.
“Se pidió tener un informe del INDH que verificara que esa persona había sido afectada en el marco del estallido social. Y cada una de las personas que recibió pensión de gracia tiene un certificado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que certifica que fue afectada en el marco del estallido social”, cerró.
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