Este miércoles el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la nueva polémica protagonizada por el juez Daniel Urrutia, tras darse a conocer que comparte el mismo abogado con uno de los reos de alta peligrosidad que benefició con visitas y videollamadas.
Se trata de Carlos Quezada Orozco, el abogado defensor del colombiano Rafael Marín Vielma. Este último fue condenado a 15 años de prisión por tráfico de drogas y, además, fue a quien el juez Urrutia le concedió una “visita íntima” con su pareja. Según un reportaje de Ex-Ante, Quezada no solo es un antiguo conocido de Urrutia, sino que también es su abogado personal, y lo ha representado en diversas querellas y denuncias que ha presentado por amenazas y calumnias en su contra.
En ese contexto, Monsalve se sumó a la hipótesis que deslizó en la mañana el ministro de Justicia, Luis Cordero, y sugirió que “a primera vista, uno tiende a pensar que hay un conflicto de interés, pero creo que lo que corresponde es que el fiscal dé una muy buena explicación porque esto claramente es altamente inconveniente”.
“No conozco los detalles. Conozco la información de que efectivamente había un abogado que habría prestado servicios al juez Urrutia, defendiéndolo en algunas causas y que, paralelamente a eso, el año 2020 también habría defendido a una de las personas privadas de libertad en el centro de alta seguridad que fue beneficiada con una de las decisiones que tomó el juez Urrutia”, indicó.
Además, el subsecretario reiteró la postura crítica que tienen desde el Ejecutivo ante la resolución del magistrado, quien autorizó videollamadas a personas privadas de libertad en centros de alta seguridad: “Creemos, como lo ha dicho el ministro de Justicia, que esto perjudica la seguridad del país y en segundo lugar, que vulneran las normas legales que amparan los regímenes de alta seguridad”.
“Queremos reiterar nuestro rechazo absoluto a esa decisión del juez Urrutia, que por lo demás ha sido requerida por parte de Gendarmería a la Corte de Apelaciones de Santiago”, subrayó.
Durante la mañana, el ministro Cordero dijo que “es conveniente tener todos los antecedentes”, pero que “es evidente que hay un principio que podría generar una hipótesis de conflicto de interés”.
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