MOP y CChC analizan implementar mecanismo de reajuste para contratos de obras concesionadas

El Gobierno está analizando un nuevo mecanismo de reajuste, pero en esta ocasión enfocado en los contratos de obras concesionadas.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) se han reunido a puertas cerradas para avanzar en un nuevo mecanismo de reajuste polinómico para este tipo de contratos.

A mediados de 2023 la cartera liderada por Jessica López lanzó el reajuste polinómico para obras públicas, mecanismo que permitió reajustar el monto de los contratos en un máximo de 20% para así ofrecer un mayor margen de maniobra financiera a las empresas del rubro; medida que llevó al Gobierno evaluar esta opción para los contratos de concesiones.

Desde la Dirección General de Concesiones indicaron a DF que están realizando un análisis preliminar para una eventual incorporación en los contratos de concesión de un mecanismo de distribución de riesgo.

“Esto, ante las alzas extraordinarias de precios de insumos y materiales de construcción. Dicho mecanismo tendría un carácter general y no sería retroactivo”, declaró la DGC.

Si es que se llega a implementar este mecanismo, se haría de una forma totalmente distinta a lo que ocurre en obras públicas. De acuerdo a una fuente relacionada a la industria, que prefirió mantener el anonimato, cada obra concesionada tiene su propio contrato, por lo que implementar esta medida se debería hacer caso a caso, estudiando detalladamente las implicancias de éste.

Expertos valoran propuesta

El trabajo que está realizando la cartera de Obras Públicas junto al gremio de la construcción fue visto con buenos ojos por actores de la industria.

El socio del estudio de abogados Molina-Ríos, Víctor Ríos, recalcó que es una iniciativa correcta y necesaria, ya que los costos de construcción son una parte fundamental y muy significativa de la ecuación económica de un contrato de concesión.

“Si el Estado ha definido reconocer sobrecostos para obras tradicionales, es perfectamente legítimo que también lo haga en las concesiones. De lo contrario, habría un trato diferente en uno y otro caso, y ello no parece razonable ni justo. Detrás de cada concesionario de obra pública hay un constructor, sea o no relacionado, que ha experimentado sobrecostos y alza de materiales por causas que son ajenas a su responsabilidad”, recalcó Ríos.

Por su parte, el socio de Riquelme & Silva Abogados, Rodrigo Riquelme, detalló que la iniciativa podría ser el punto de partida para cambios necesarios aún más radicales que necesita la industria.

“La opción de un reajuste contractual, aunque no es la única vía, puede ser un paso de inicio importante para abordar los sobrecostos. Sin embargo, es necesario acompañarlo de la incorporación de cláusulas de revisión periódica para ajustarse a las variaciones macroeconómicas (…) es esencial reconocer la necesidad de flexibilidad en los contratos de concesión”, enfatizó Riquelme.

Posibles complicaciones

Para el exjefe de defensa judicial de la Dirección General de Concesiones y actual socio de Puyol & Rosas Abogados, Marco Rosas, un mecanismo de reajuste en obras concesionadas es el camino incorrecto.

El abogado explicó que es errado equiparar los contratos de obra pública con los de concesión, debido a que la lógica económica, de negocios y los incentivos que subyacen en ambos tipos de contrato es muy diferente.

“Existe abundante literatura que ha establecido que estas diferencias justifican que el riesgo de construcción debe ser soportado por el concesionario, porque de lo contrario se generan incentivos perversos o riesgo moral, tanto así, que la Ley de Concesiones señala expresamente en su art. 22 N°2 que el riesgo de construcción es del concesionario”, concluyó Rosas, agregando que se debería buscar una modificación de contrato que no vulnere la Ley de Concesiones.