Cuatro personas han sido detenidas en las últimas horas, por su presunta responsabilidad en incendios que han ocurrido en distintos puntos de la Región de O’Higgins.

El jefe de zona (s), coronel Eduardo Palma informó que las detenciones se materializaron entre el viernes y el sábado.

En detalle, uno de los presuntos responsables fue detenido en la comuna de Litueche, que habría originado un incendio al manejar de manera negligente una máquina orilladora.

Otra persona fue detenida en el sector Las Chacras de la comuna de La Estrella. En este caso, el siniestro había sido generado por las chispas que saltaron de un galletero que la persona estaba ocupando. Asimismo, un segundo individuo fue detenido en la misma comuna por haber dado inicio a un incendio con las chispas que saltaron de su máquina soldadora.

En Rengo, en tanto, un sujeto fue detenido en la Reserva Natura Tipaume. De acuerdo con lo informado por Carabineros, el hombre habría iniciado el fuego con un papel y al momento de su detención indicó que se encontraba en el lugar realizando una “transición espiritual”.

El jefe de zona (s) hizo un llamado a la comunidad a la prevención y señaló que se está realizando un trabajo en conjunto con la Delegación Presidencial regional, Bomberos y otras instituciones evitar que se produzcan incendios. El oficial, además instó a la comunidad a ser más responsables al momento de hacer trabajos domésticos, como los que produjeron focos de incendio en la región. Asimismo, pidió a los ciudadanos tomar los resguardos y las medidas de seguridad respectivas, especialmente, ante la alerta de altas temperaturas para este domingo.

El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, ha advertido que, sin medidas urgentes que mitiguen los efectos del fallo GES, la industria podría incumplir los indicadores legales. Pero también ha alertado que la crisis puede llegar a las personas incluso antes de que eso ocurra: cuando los prestadores inicien los cortes de convenios. Y los prestadores son las clínicas.

Hay dos razones principales por las cuales los cortes de convenios podrían ocurrir. Primero, que alguna clínica decida anticiparse a la caída de una isapre, previendo que no se les pagará lo que les adeudan y con ello evitar que las cuentas por cobrar de una aseguradora en particular sigan aumentando. Pero el segundo escenario es el que tiene más posibilidad de ocurrencia en lo inmediato: que exista el incumplimiento de los convenios vigentes.

En estos convenios se acuerdan varios temas, como el plazo de pago, aunque eso está medianamente regulado por ley; un sistema de reajuste de IPC; los paquetes de prestaciones y sus valores; descuentos por volumen; la emisión de bonos en línea a los pacientes, entre otras cosas.

Justamente entre enero y abril, más enfocado en el inicio de cada año, corresponde que las isapres realicen los reajustes de IPC a varias clínicas. A cada prestador le corresponde una fecha distinta, que depende de lo que se haya fijado en el convenio respectivo. Dada la crítica situación por la que atraviesan las isapres, en el último tiempo algunas aseguradoras han pedido a las clínicas renegociar convenios, intentado no reajustar por IPC, o al menos no hacerlo por completo.

Hasta ahora, algunas clínicas han cedido en esa petición, pero siempre pidiendo algo a cambio: por ejemplo, derivando más pacientes a dicho prestador. Pero en otros casos, las clínicas no ceden. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió entre Indisa y Cruz Blanca en enero: Indisa informó que, “por incumplimiento de contrato” de Cruz Blanca, no contaba con la emisión y bonificación en línea, por lo que cada atención debía “ser cancelada directamente en Indisa y luego solicitar el reembolso en la isapre”. En sus estados financieros al primer semestre, la clínica detalló que llevó a la isapre a arbitraje, acusando que la aseguradora de propiedad del grupo inglés Bupa infringió los contratos que exigían un reajuste anual de IPC, por lo que solicitó una compensación por los perjuicios causados, que ascenderían a $7.267 millones a julio.

Este es el temor que está circulando en el mercado, porque anticipan que la negociación de renovaciones de contrato, o de cumplimiento de contrato, se va a tensionar mucho. Bajo el actual escenario en el que están las isapres, desde las clínicas creen que esas negociaciones, que podrían partir pronto, serán más difíciles, con las aseguradoras pidiendo no reajustar, o incluso bajar precios, proyecta un prestador. El otro motivo por el cual se podrían romper convenios es por atrasos en plazos de pago por parte de las isapres.

Pero lo cierto es que las clínicas intentarán a toda costa no romper dichos convenios, porque si bien en promedio el 53% de sus clientes son Fonasa, el 61% de su financiamiento proviene de isapres. Eso es, precisamente, lo que genera un subsidio cruzado que permite financiar a los pacientes que vienen del asegurador público a las clínicas, han advertido desde algunos prestadores.

El hecho de cortar convenios implica una caída de ingresos para la clínica que decida tomar esa decisión. Sin ir más lejos, en su análisis razonado a junio, Indisa reportó que, tras el corte de convenio con Cruz Blanca, “los ingresos reflejan el relevante efecto de la menor actividad por parte de una aseguradora”.

El presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, comenta que “los prestadores privados de salud estamos muy preocupados por la actual crisis del sistema de isapres ya que creemos puede arrastrar al sistema de salud en su conjunto”.

Agrega que, “respecto de lo que se ha comentado sobre eventuales cierres masivos de establecimientos y suspensiones de convenios, insistir en que ello sería una pésima noticia para nuestro sector, porque se necesitan más prestadores, no menos, y porque nuestra misión es precisamente atender pacientes. Hasta la fecha, esas lamentables situaciones han sido algo excepcional y solo se han verificado en aquellos casos en que se han agotado todas las instancias posibles”.

El tema principal por el cual las clínicas creen que hay que evitar la caída de las isapres, es por la deuda que tienen las aseguradoras con los prestadores, donde estiman que las garantías no son suficientes para cubrir esos montos, porque proyectan que están subvaluadas. Además, no confían en el proceso de liquidación de las garantías, porque “no vamos a ver las platas, el caso de la ex Masvida lo demuestra”, ejemplifican un prestador en reserva.

A esto hay que sumar que sus futuros ingresos se podrían ver afectados, ya que hasta que no se establezca un nuevo modelo de aseguramiento de salud, va a ser más difícil que lleguen pacientes. Ahí las más complicadas son precisamente las clínicas que tienen una mayor proporción de sus ingresos que proviene de isapres.

Grebe comenta que “nuestras clínicas atienden anualmente a más de 11 millones de pacientes del sistema privado y público. Para ello, deben contar con los recursos necesarios que permitan su operación y funcionamiento. Un eventual desplome de una o más isapres afectaría en cadena a los pacientes, a los médicos y, ciertamente, a nuestros establecimientos. Ello, porque el 61% de nuestro financiamiento proviene del sistema de isapre, a lo que se suma, niveles de deuda de las isapres con nuestros establecimientos que son insostenibles. A octubre de 2023, el sistema de isapres nos adeudaba más de $652.000 millones, con garantías legales constituidas ante la Superintendencia que no parecen suficientes, ni cuentan con procesos de liquidación expeditos, lo que nos enfrenta largos y engorrosos procedimientos para recuperar lo que se nos debe”.

Ingresos

Empresas Banmédica es la compañía que tiene más camas en el sector privado. A septiembre su balance reportaba que sus cinco clínicas en Chile sumaban 1.309 camas, con Dávila liderando entre ellas y también en el total de clínicas del país, ya que cuenta con 579 camas. A septiembre de 2023 los ingresos de las clínicas del grupo, más su negocio de rescate móvil, en Chile subieron 7% hasta $651.884 millones; mientras que sus ganancias cayeron un 60% a $18.932 millones. Si bien no hay detalle del peso de cada clínica, fuentes al tanto señalan que en Red Dávila los ingresos que provienen de isapres representan cerca de un 50%, cifra que en el caso de la Clínica Santa María salta al 91%.

En RedSalud también cuentan con un número importante de camas, totalizando 941 en el país, según su memoria de 2022. Las clínicas de la red controlada por ILC, el brazo de inversiones de la Cámara Chilena de la Construcción, registraron un alza del 8,5% en sus ingresos a septiembre, totalizando $ 503.972 millones. Y sus ganancias bajaron un 4,8% a $9.485 millones. Allí, el 44% de sus ingresos provienen de isapres; el 38% es Fonasa; un 2,5% de sus ingresos de particulares, donde también podría haber clientes que pagan directo y luego reembolsan en isapre; y un 15% corresponde a otros clientes, que incluyen mutuales, empresas, instituciones públicas, y convenios, entre otros.

En Indisa, que cuenta con 564 camas en el país, reportaron un alza del 12% en sus ingresos a septiembre, hasta los $160.848 millones. Con esa cifra, superó por primera vez a la Clínica Las Condes. De todas maneras, Indisa registró pérdidas por $ 1.613 millones a septiembre. La compañía ha venido disminuyendo el peso de las isapres en su facturación, pero de todas maneras siguen liderando en el total. Así, por ejemplo, si antes de la pandemia en el ámbito hospitalario Fonasa representaba un 21,5% de los ingresos de Indisa, hoy es un 29%. Y en ambulatorio la diferencia es incluso mayor: Fonasa pasó de representar un 9% antes de la pandemia, a un 20% actualmente. El resto es isapre.

El gerente comercial de Indisa, Claudio García, comenta que esto se produce porque en 2018 y 2019, “uno de cada cuatro chilenos era de isapre. Hoy día es uno de cada seis. En 2024 va a ser uno de cada siete. El crecimiento demográfico que ha tenido Fonasa es muy alto. Bajo esa misma lógica, el peso que va a tener Fonasa sobre los ingresos va a ser incremental. No hay forma de que vaya cayendo, muy por el contrario, va a seguir creciendo”. Además, cree que pospandemia las personas que están en el asegurador público se dieron cuenta que si quieren evitar listas de espera ambulatorias y hospitalarias también pueden asistir a prestadores privados, por el mismo precio, “rompiendo el mito que los prestadores privados no atienden por Fonasa. Muy por el contrario, hoy atendemos al 48% de la población Fonasa”, asegura.

Caso aparte es la Clínica Las Condes, la que, a diferencia de las otras clínicas, ha reducido sus ingresos: cayeron un 24%, hasta $ 149.514 millones al tercer trimestre. A la misma fecha reportaba tener 287 camas disponibles, pero esa cifra era de 345 a fines del año pasado. La compañía informó una pérdida de $3.742 millones. En hospitalizaciones, el 62,5% de sus ingresos proviene de isapres, 8,7% es Fonasa, y 28,6% corresponde a otros. En el ámbito ambulatorio, un 49% es isapre, 13% es Fonasa, y un 37,6%, a otros.

La Red de Salud UC Christus tiene 539 camas en diez establecimientos. De las ventas totales del hospital clínico (434 camas) y San Carlos de Apoquindo (105 camas), el 32% es Fonasa, 61% es isapre, y 7% corresponde a empresas y particulares. El grupo no divulga sus ingresos.

Las deudas

Para ver el impacto inmediato que tendría la caída de las isapres sobre las clínicas, primero hay que ver las cuentas por cobrar en los balances de cada una de ellas. Esta semana, Fitch le bajó la nota a Indisa desde A+ a A, principalmente explicado por menores márgenes, junto con un alto endeudamiento; y mantuvo la observación negativa producto de la incertidumbre que genera la crisis de isapres.

En ese informe, la clasificadora se refirió así a la incertidumbre en el sector salud: “Fitch reconoce la incertidumbre existente y las consecuencias negativas que tendría tanto para las isapres como para los emisores en atenciones de salud si ocurriera un quiebre en el flujo de pago en el sistema de salud producto de los fallos de la Corte Suprema. Las primeras verían impactos fuertes en sus flujos de caja en el período que se defina para la devolución, lo que pondría en riesgo la continuidad de las isapres que se encuentran en una situación financiera más débil. Los prestadores de salud, por su parte, podrían ver un quiebre en la recuperación fluida de las cuentas por cobrar a las isapres, un déficit relevante en sus necesidades de capital de trabajo, un impacto en su posición patrimonial y un efecto de mediano plazo en sus ingresos si la demanda por servicios de salud se impactara”, señaló la clasificadora.

Allí también informó que a septiembre de 2023, Indisa tenía un total de $90.000 millones de cuentas por cobrar y 117 días de cobro. Al mismo tiempo, reportó que la clínica ha reducido la exposición de cuentas por cobrar a isapres, pues bajaron a $34.000 millones a septiembre de 2023, versus los $40.000 millones que tenía un año antes. En términos de liquidez financiera, a septiembre tenía una caja y equivalentes de $13.112 millones, frente a una deuda de corto plazo de $20.697 millones.

En su balance a septiembre, RedSalud reportó el saldo por cobrar a las isapres, pero solo lo que ha sido ya facturado. “Frente al escenario actual de incertidumbre que atraviesan las isapres, existe preocupación por los impactos financieros de esta situación en la continuidad de sus operaciones. Si bien no es posible determinar a esta fecha si el desarrollo de la situación de las isapres afectará la cobrabilidad de las cuentas por cobrar, la administración está dando seguimiento al comportamiento de pago y al cumplimiento con los acuerdos suscritos por las isapres para monitorear este riesgo. Al 30 de septiembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022, el saldo por cobrar facturado a dichas instituciones asciende a $14.732 millones y $20.115 millones respectivamente”. En paralelo, reportó un efectivo y equivalentes de $39.642 millones a septiembre.

Por su parte, en sus estados financieros CLC informó que “al 30 de septiembre de 2023 y al 31 de diciembre de 2022, el saldo por cobrar facturado a dichas instituciones (isapres) asciende a $12.434 millones y $11.201 millones, respectivamente”. Además, reportó una caja y equivalentes por $9.528 millones.

“En Santiago hemos tenido un noviembre rojo: 35 homicidios y 43 homicidios frustrados en lo que va del mes: esto es brutal”.

La frase la lanzó el 28 de noviembre el gobernador Claudio Orrego, luego de concluir el cuarto Consejo Regional contra el Crimen Organizado, celebrado en La Moneda, al que acudieron también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

El tono era duro, pero iba de la mano con lo que empezó, junto a su equipo, a hacer desde inicios de noviembre. Según señalan fuentes en el Gobierno Metropolitano, una vez que se dieron cuenta de que en los primeros días del mes había casi un homicidio al día, comenzaron a listarlos usando información de Carabineros y la PDI.

Así, el 14 de noviembre, Orrego lanzó su primer balance de homicidios, tras querellarse contra quienes resulten responsables por la muerte de una mujer en Recoleta.

“En las últimas dos semanas en la ciudad de Santiago han sido asesinadas 16 personas y hemos tenido 26 homicidios frustrados, todos con armas de fuego. Lo hemos dicho ayer y lo repetimos hoy día, estamos ante una pandemia de homicidios y de uso ilegal de armas de fuego”, dijo en esa ocasión.

Una semana después de acuñar el “noviembre rojo”, Orrego volvió a la carga.

“El último mes es probablemente el mes más sangriento que hemos tenido en Santiago en muchísimos años: 37 homicidios y 38 homicidios frustrados -dijo en Radio Pauta el 5 de diciembre-. Por eso yo lo denominé el ‘noviembre rojo’. Y siento que, la verdad, es que no es un hecho aislado, sino que hemos tenido un aumento sistemático de la violencia, del uso ilegal de armas de fuego y también de homicidios”.

El miércoles 6 repitió la cifra de 37 homicidios y 38 frustrados. “Más de un homicidio por día”, dijo en radio Duna.

Eso sí, la interpretación que dio Orrego, asegurando que este noviembre ha sido el mes con más asesinatos en años en la capital, no es cierta de acuerdo a información del Ministerio Público y de la Subsecretaría del Interior.

Según el “Primer Informe de Homicidios Consumados 2018-2022″, elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2022 hubo 549 homicidios consumados en la Región Metropolitana. Esto es, en promedio, 45 homicidios por mes.

Es más: el desglose sobre muertes violentas en esta región arroja que en noviembre del año pasado hubo 46 homicidios consumados en la capital. Ni siquiera fue el mes más violento: en enero de 2022 hubo 58 asesinatos en Santiago.

Los datos de la Subsecretaría del Interior, entre el 1 y el 26 de noviembre de este año indican que van 46 homicidios: dos más que el 2022 a la misma fecha.

Esto dista de las apreciaciones que ha mostrado el gobernador. Consultado sobre los parámetros para calificar a noviembre como “rojo”, respondió a La Tercera:

-Consideramos que es un mes rojo, porque no sé con qué otro color se podría calificar un homicidio diario, y delitos cada vez más violentos, incluyendo granadas lanzadas a Carabineros y descuartizamientos detectados en plena vía pública. No recuerdo algo así en mi vida, ni cuando fui intendente o alcalde.

El exfiscal Luis Toledo, que estuvo a cargo de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía Nacional, está seguro de que -más grave aún- la emergencia no partió en noviembre.

-A mí me parece que lo que es noticia es que esto obedece a un patrón común que se ha mantenido y que se va incrementando durante los últimos 10 años. Yo creo que lo relevante acá es que las propias cifras del Ministerio Público revelan que los homicidios en una década han subido casi un 70%. Y eso en todo el país, no solo en la Región Metropolitana.

Las cifras más críticas, dice, son otras. Por ejemplo, en 2022, a nivel nacional, un 42% de los homicidios tuvieron un victimario desconocido. En la Región Metropolitana fue aún peor. Ahí la cifra llegó a 51%.

-Y si eres imputado -dice el investigador del COES, Matías Garretón- tienes un tercio de posibilidades de liberarte. Con esos números, cómo no van a aumentar los homicidios.

Por lo mismo, Lucía Dammert, experta en seguridad y exjefa de asesores del Presidente Boric, no cree que la política está encontrando el tono para llevar estos temas.

-Lamentablemente, el volumen de las discusiones sobre temas de seguridad aumenta en forma directamente proporcional a la cercanía de procesos electorales. Lo más importante y lo que la ciudadanía merece es que el mundo de la política, más allá de enfatizar en la criticidad o no, con nombres más o menos altisonantes, resuelva el problema.

Hace un par de semanas, Orrego redobló la apuesta y propuso un estado de excepción en la Región Metropolitana, que el gobierno ha descartado en al menos dos oportunidades. Los alcaldes se sumaron a la presión política con otras medidas. Uno de ellos, José Manuel Palacios (UDI), alcalde de La Reina, cree que su idea soluciona el problema. En su comuna, cuenta, explotó con fuerza durante noviembre.

La noche del jueves 23 de ese mes, un menor de edad junto a otros cuatro sujetos se metieron a robar a una casa de una mujer de la tercera edad en la calle Julio Montebruno, en La Reina. Para defenderla, un vecino de 67 años tomó un revólver inscrito a nombre de su madre, apuntó a los delincuentes y disparó. La bala atravesó la espalda de uno de los agresores que era menor de edad, quien murió, producto de la herida, en el Hospital Luis Tisné. El vecino que disparó acabó con arresto domiciliario total por el asesinato.

Palacios visitó el lugar el día después. Los vecinos estaban molestos por los robos y porque su vecino quedó preso.

-Se me acercaron, literalmente, 200 personas. Estaban angustiadas. Me decían que ya no sabían qué más hacer. Alcalde, por favor, ayúdenos. Haga algo.

Cinco días después, el miércoles 29 de noviembre, en la misma calle Julio Montebruno, cuatro sujetos abordaron a una mujer de 40 años con su hija: le hicieron una encerrona para robarle el automóvil.

Eso fue vital, dice el alcalde. Presionado, decidió juntarse con sus asesores para decidir cuál era el siguiente paso. Sabían que en ese cuadrante ya se habían cometido, en lo que va del año, el 46% de todos los delitos que se perpetran en su comuna.

-Identificamos que una de las herramientas que tenemos es el decreto de emergencia comunal. Lo utilizamos generalmente para emergencias climáticas, como cuando llueve mucho o se desborda la Quebrada de Ramón.

El edil explica que el decreto permite destinar de manera urgente a funcionarios municipales con objetivos puntuales. También desbloquea recursos. Ahí, dice, se le ocurrió otra idea. Vieron, junto a su equipo, el ejemplo de un programa de vigilantes ciudadanos en el distrito limeño de Miraflores, en Perú.

-Empezamos a desarrollar un programa con vecinos para coordinar vigilancia en el sector. Le pusimos observadores territoriales. Le habíamos puesto vigilantes, pero semánticamente eso implicaba que llevaban armas, que no es el caso. Son vecinos enrolados por la comuna, remunerados y con instrucción necesaria para que no corran peligro.

Luego de anunciar el plan, uno de los primeros llamados que recibió fue el de Rodolfo Carter (UDI), su par de La Florida.

-Me dijo, ¿de dónde lo sacaste? Qué buena idea. Lo vamos a usar.

La idea de Palacios fue tomada por Carter rápidamente. El abogado floridano había empezado hace meses una cruzada contra el narcotráfico en su comuna: demolía las ampliaciones que habían hecho en sus casas sin autorización del municipio.

Por eso, el 4 de diciembre, Carter declaró estado de emergencia comunal y la creación de un cuerpo de vigilantes similar al de Palacios: “Vamos a reclutar a 100 exfuncionarios de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de Gendarmería para que refuercen nuestro servicio de seguridad ciudadana”, anunció.

Orrego apoyó la iniciativa de los jefes comunales. “Esto no tiene que ver con el color político. Los alcaldes están haciendo lo que pueden con los recursos que tienen y nosotros los estamos apoyando”, dijo en Pauta.

La gota que rebasó el vaso fue la muerte -la noche del martes- de un niño de cinco años, llamado Anthony, en Padre Hurtado. Una bala le entró en el pecho luego de que un vehículo que pasó fuera de su casa abriera fuego hacia el lugar.

El alcalde de esa comuna, Felipe Muñoz (PS), escaló el tema hacia algunos de sus pares y luego a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y la Asociación de Municipios Rurales. Ambas instituciones, en conjunto, solicitaron una reunión con el subsecretario Monsalve, la que se concretó el miércoles 6 a las 16.30 en La Moneda.

Sin embargo, entre las 10 comunas con más homicidios en Chile, según estadísticas del Ministerio Público de 2022, no están ni La Reina ni La Florida, ni Padre Hurtado. Sí están otras de la Región Metropolitana, como Santiago, Puente Alto, Recoleta, Colina, San Bernardo y Estación Central. En el reporte del gobernador Orrego tampoco aparecen. En noviembre de este año, las que tuvieron más asesinatos fueron, de nuevo, Santiago, El Bosque, Pudahuel, Puente Alto y Estación Central. Todas ellas, dice el investigador del COES, Matías Garretón, tienen algo en común.

-La vivienda que vemos en estos puntos es, en general, una vivienda social industrial masiva, que no es mala. El problema es que se formaron barrios dormitorios en los cuales no hay empleo, hay muy poco comercio, no hay amenidades. Y eso genera que sean zonas generalmente muy pobres, porque no tienen una dinámica económica local. O tienen, pero no es promovida.

Esas características urbanas tienen relación con este tipo de delitos, dice Garretón.

-Cuando tienes mucha densidad residencial y poca densidad comercial, lo que tienes es ausencia de guardianes. Porque el comerciante está todos los días con los ojos en la calle. Esa es la teoría del guardianship, de la teoría de oportunidad criminal. Si tienes a alguien que está todo el día ahí, vigilando, mirando la calle y alerta, te da seguridad. Si llegas caminando a tu casa por seis cuadras vacías, es más fácil delinquir, porque no hay nadie. Son contextos muy abandonados que ahora están recibiendo más armas que antes.

No es simplemente una sensación. El 64,7% de los homicidios consumados en la RM durante 2022 se ejecutaron con un arma de fuego: 14% más que en 2018. El gran problema es que nadie sabe decir de dónde están saliendo esas armas que disparan las balas 9mm y las calibre .40 que son las que suelen matar en Chile. Lo que abundan son teorías. Que se internan desde Perú y Argentina, que son robadas a miembros de las policías y el Ejército, que hay un mercado negro.

-Todas las hipótesis, que son casi teorías conspirativas, prefiero no considerarlas, porque terminamos hablando de cosas que no sabemos si son ciertas -dice Lucía Dammert-. Sólo ayudan a aumentar el desconcierto que hay respecto a lo que está pasando.