Natalia González, abogada de la Universidad Católica: “Tenemos que honrar de buena fe la letra y el espíritu de las 12 bases”

El camino del abogado Natalia González -independiente en cuota UDI- siempre ha estado ligado a políticas públicas. Sus inicios se dieron en el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet trabajando como asesora del exministro de Hacienda Andrés Velasco en el “cuarto azul”. Luego pasó a obtener una maestría en derecho en la Universidad de Chicago. A su regreso, continuó trabajando como asesora durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera en las carteras de Energía y Finanzas.

Con el paso del tiempo, recaló en Libertad y Desarrollo (LyD), donde hasta el año pasado fue directora del área constitucional. Actualmente tiene un rol consultivo como asesora de políticas públicas.

Hoy es miembro del Consejo para la Transparencia. Pese a que no hay incompatibilidad, ha hablado con el organismo para hacer uso de la licencia no retribuida para la primera etapa del proceso constituyente -de marzo a principios de junio-, periodo en el que los comisarios redactarán el proyecto.

¿Cuál es su evaluación del diseño de este segundo proceso?

El diseño propuesto hoy es razonable, porque combina adecuadamente la experiencia política con la experiencia técnica, académica o de políticas públicas. Una de las falencias del proceso anterior es que desconoció la técnica y la tradición constitucional. Este proceso contempla un tema fundamental en toda democracia representativa, que es que tiene frenos y contrapesos internos.

¿Cuáles cree que fueron los errores del proceso anterior?

La mayor crítica que tengo a ese texto es que se convirtió en un proyecto refundador en una dirección contraria al sentido común de los ciudadanos y contraria a nuestro aprendizaje institucional previo. Los países no legislan ni imponen reglas desde cero. Lo hacen con base en las lecciones aprendidas de estas regulaciones. El texto era muy preocupante, porque se cuestionaban principios básicos como el estado de derecho, la separación de poderes, el control entre poderes, los pesos y contrapesos.

¿Cuál es el mayor riesgo de este segundo proceso?

Uno de los retos será cumplir las normas que el Parlamento nos ha fijado. Esas reglas son las 12 bases institucionales. Cuando miras las bases, en algunas de ellas la apertura con la que están escritas podría dar lugar a diferentes interpretaciones. Quienes formamos parte de la Comisión Pericial tenemos que honrar de buena fe la letra y el espíritu de las 12 bases, porque son fruto de nuestra tradición constitucional y del fallido proceso anterior. Hay un riesgo en esa interpretación y espero que todos juguemos en el terreno de la buena fe.

El texto anterior fue calificado de maximalista. ¿Te gustaría que el actual fuera mínimo?

La Constitución no debe ser vista como un instrumento de política pública. En el proceso anterior se confundieron esos planes y, ahora, uno de los desafíos es poner límites a esa construcción y entender que hay temas que son constitucionales y otros que no lo son.

¿Qué ideas pretende defender en la redacción del borrador?

Estamos llamados a defender las bases institucionales esenciales, como son la clara separación de poderes, los pesos y contrapesos al poder, las garantías y libertades efectivamente tuteladas, no sólo declaradas, sino con sistemas de protección y reconocimiento efectivo. Tenemos un sistema político que ha sido deficiente producto de una mala reforma del sistema electoral, que resultó en una excesiva fragmentación que hace muy difícil la gobernabilidad. Eso es lo que hay que corregir.

¿Qué papel le gustaría tener en la comisión?

Todos, no solo la derecha, deben tener un papel constructivo y un diálogo responsable con miras a proporcionar un plan serio. Si el diálogo es transparente y argumentado, es compatible con una discusión enriquecedora.

¿Cómo respondes a las críticas que has recibido por tu perfil? Hugo Herrera criticó su relación con LyD.

No conozco al señor Herrera, ni su trabajo ni su motivación para atacarme ni la institución en la que trabajé. Tampoco conozco sus motivos para emprenderlas contra personas muy valiosas que actualmente trabajan en LyD. Me parece una cobardía utilizar los rostros visibles de una institución para deslizar críticas injustas hacia los jóvenes y talentosos profesionales que allí laboran. El suyo es un insulto a nuestra libertad, autonomía y raya no sólo en lo obsesivo, sino también en las expresiones calumniosas.

¿Crees que es como exigir requisitos más amplios?

Cuando el Congreso decide hacer una reforma constitucional fijando requisitos para los que vamos a integrar la Comisión Pericial, se elabora una regla muy clara. Bajo esta regla no hay incompatibilidad con el trabajo presente o pasado en un centro de estudios o, en mi caso, formar parte de sus consejos asesores. Me parece arrogante, arbitrario y contrario al estado de derecho que la gente erija su moral o cualquier otro criterio sobre el Parlamento para exigir más requisitos o ir más allá de la ley. Ese papel no es de nadie.