El Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir dio este martes lugar a la suspensión condicional del proceso penal seguido en contra de Nova Austral por el delito de contaminación de aguas, luego de que la salmonera llegara a un acuerdo con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Esta causa se enmarca en la querella penal que el mismo CDE presentó en 2020 en contra de cinco exejecutivos de la salmonera por delitos reiterados de estafa especial de fraude de subvenciones, por hechos ocurridos entre 2016 y 2019, cuando la empresa habría reportado información ambiental adulterada, haciendo además uso de la Ley Navarino, que entrega beneficios tributarios a compañías que se instalan en la Región de Magallanes.
La causa sigue en contra del exgerente general de la salmonera, Nicos Nicolaides, y los otros cuatro ejecutivos y, de hecho, la Fiscalía ya habría presentado acusaciones en contra de ellos. El acuerdo del CDE es solo con Nova Austral como compañía, que hoy cuenta con otra administración y está en un proceso de reestructuración de sus deudas y de cambio de controladores.
El acuerdo
La suspensión del proceso penal contempla que Nova Austral -representada por Carey Abogados- disponga de unos $ 7.000 millones que fueron retenidos en la Tesorería General de la República (TGR), destinándolos al pago de ciertos impuestos determinados por el SII. Nova Austral también desistirá de todas “las impugnaciones, reclamos y excepciones deducidas en contra del cobro de deudas tributarias ante organismos públicos y Tribunales de Justicia que a la fecha se encuentren vigentes”, que son al menos cinco casos que se explicitan en el acuerdo. También implica que la firma llegue a un acuerdo con el SII y la TGR en todos los temas tributarios que tiene pendientes.
Además, donará a la Gobernación Regional de Magallanes un terreno en Porvenir que, según fuentes cercanas a la empresa, estaría avaluado en cerca de UF 46.000 (más de $ 1.700 millones) y podría ser utilizado para un proyecto comunitario.
Por otro lado, la salmonera también se obliga a actualizar su Modelo de Prevención de Delitos de acuerdo con las exigencias de la nueva Ley de Delitos Económicos y particularmente en cuanto a los atentados contra el medio ambiente, lo cual deberá ser certificado por un tercero independiente.
Vale decir que, además de no interferir en las acusaciones contra los exejecutivos, el acuerdo tampoco suspende los otros procesos judiciales de la empresa en tribunales civiles y ambientales, sino que solo aplica para la arista penal.
La reorganización
A mediados de enero, siete meses después de que ingresó la solicitud, Nova Austral recién logró que sus acreedores aprobaran la reorganización judicial. El proceso ha estado marcado por una ardua disputa entre los dos grandes acreedores, los bonistas -grupo que incluye a un fondo británico que compró los títulos de Moneda Asset y el family office de los Solari Donaggio- y el banco noruego DNB, además de una crisis social debido a que la compañía es la principal empleadora de la isla de Tierra del Fuego y reveló deudas por US$ 560 millones.
El acuerdo de reorganización implica que el fondo noruego Altor -cuyo representante Tom Christian Jovik hoy enfrenta querellas de parte de Moneda y los Solari- salga de la propiedad de la empresa, cediéndola, justamente, a los acreedores.
La delicada situación de Nova Austral, que hoy tiene al exejecutivo de Cencosud, Nicolás Larco, como gerente general, habría hecho necesario el esfuerzo financiero para lograr el acuerdo de esta semana, pues los temas tributarios estaban resultando como una piedra de tope para concluir la reestructuración con éxito.
Los exejecutivos
La causa penal, en tanto, continuará en contra de Nicolaides y también del exgerente de Producción, Arturo Schofield; del exgerente regional de Magallanes, Drago Covacich; y de los exjefes de área, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson.
En 2020, el CDE acusó que estos ejecutivos abusaron de la Ley Navarino, percibiendo diversos beneficios tributarios que fueron solicitados “de manera fraudulenta”.
Ese año, en su querella, el Consejo acusó que, desde 2016, la compañía obtuvo un beneficio de la bonificación del 20% de las ventas, no obstante haber incumplido la obligación de hacer un uso racional de los recursos naturales de la región, haber dañado el medio ambiente y proporcionado “información falsa a Sernapesca en relación a la mortandad, siembra cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva”.
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