Nueva Ley de Pesca, pero sin maquillaje

Todo muestra de intenso marzo legislativo. Por eso, no quiero perder la oportunidad de destacar algo que le escuché reconocer al gerente general de Sonapesca, Hector Bacigalupo, en entrevista radial a fines de enero: que la actual Ley de Pesca tiene un problema de legitimidad, que la ciudadanía así lo percibe, y que creía que era algo a resolverse. No podemos estar más de acuerdo.

“La ley vigente tiene una falla ética y jurídica en su origen, no sólo por hechos de corrupción en su génesis, sino porque consagró una distribución injusta de los recursos hidrobiológicos”.

Hemos dicho que la ley vigente tiene una falla ética y jurídica en su origen, pero no sólo por hechos de corrupción en su génesis que generaron condenas por sobornos y cohecho a empresas y parlamentarios. También, porque consagró una distribución injusta de los recursos hidrobiológicos, sin corresponder a criterios científico-técnicos, y que se replica hasta hoy.

Para nosotros la legitimidad trae consigo una dimensión de equidad que no se puede eludir de la discusión. No es momento de maquillajes, sino de abordar en serio el acceso a los recursos para recuperar la confianza en la normativa que regula el sector.

No hay espacio para no discutir una distribución de recursos más justa y realista. Se debe reconocer la importancia de la pesca artesanal y condiciones de postergación que aún mantienen segmentos muy importantes de ella: recolectoras de orilla, sector bentónico, pescadores de pequeña escala, de caletas rurales, tripulantes sin contrato laboral, etc. Por eso, planteamos un fondo que se constituye con parte de lo recaudado en licitaciones que paga la industria por cuotas de pesca. Contribuirá a financiar prestaciones para la pesca artesanal como seguro de vida, de accidentes laborales, acceso a la salud, a la previsión. Protección social.

También es justo y equitativo promover que productos extraídos por pescadores artesanales puedan procesarse y comercializarse para consumo local. Cuadruplicamos la cuota reservada para consumo humano, porque es una paradoja estar entre las 10 potencias pesqueras mundiales, pero que en Chile el consumo per cápita de productos del mar sea 16,5 kilos anuales, versus 20,5 kilos per cápita promedio de países OCDE.

Creo que la industria pesquera ya aprendió que la estabilidad de las reglas del juego depende directamente de la confianza y valoración que actores y ciudadanía tienen de las normas. Y ya que concordamos en que la actual ley tiene un serio problema de legitimidad, discutamos temas de fondo.

Todos queremos el desarrollo sostenible de la actividad pesquera, reglas claras y perdurables en el tiempo, cuidar el empleo y favorecer el crecimiento de la actividad. Pero nada de eso será posible sin una ley que resuelva las graves inequidades aún existentes. Para ese debate el Gobierno no tiene lineas rojas. Esperamos la industria lo enfrente sin prejuicios, ni tabúes.