Óscar Hasbún se define por reformas previsional y tributaria

¿Cuál es su evaluación de los casi tres años de Gabriel Boric en el poder? Un presidente que llegó a La Moneda prometiendo que Chile sería la “tumba del neoliberalismo” y donde la palabra “crecimiento” no aparecía en su programa de gobierno…

… Y tampoco estaba el tema de la seguridad. La primera mitad de este gobierno fue muy compleja para el país. El gobierno se jugó por aprobar una Constitución que refundaba las bases de la República, que pretendía imponer una especie de cultura de laboratorio a la sociedad. Un inicio errático, difícil; veníamos de un Chile también más convulsionado después del estallido. El país estuvo embarcado en un proceso muy complejo, de mucha incertidumbre respecto de cuáles iban a ser las reglas del juego. Se anunció también una reforma tributaria en ese minuto muy radical. Después de eso, es rescatable una actitud responsable en materia de gasto público del ministro (de Hacienda) Mario Marcel, que contribuyó a que el Banco Central pudiese haber controlado la inflación. A partir de ahí ha habido un cambio de dirección, porque la realidad ha sido muy potente.

El gobierno ha abordado el tema de la seguridad y también hay algunos proyectos que se han puesto arriba de la mesa, como el de los permisos sectoriales, que pueden contribuir a mejorar las condiciones de inversión. Mi diagnóstico es de contrastes. El gobierno ha escogido el camino de escuchar a los ciudadanos y reconozco que ha habido un giro respecto a lo que vimos al inicio.

¿Un giro por convicción o por la fuerza de la realidad que enfrentó?

-La política, en general, y esto uno lo ve en todos los sectores, no es tanto de convicciones. Hay mucho de leer lo que la opinión pública demanda también. Eso ocurre no sólo en Chile, también en otros países. En algunas personas del gobierno ha habido un cambio de convicciones, no podría aseverar lo mismo respecto de todos.

La relación de Boric con el gran empresariado ha sido tensa. Frases del Presidente como “más Narbona, menos Craig” y, recientemente, el “pesimismo ideológico” de los grandes empresarios, entre otras, han marcado la relación. ¿Cómo interpreta esta continua arremetida de Boric en contra del gran empresariado?

Es evidente que el gobierno actual le otorga una importancia al Estado en la provisión de servicios y de bienes distinta a las que el sector privado le asigna; ahí hay una diferencia de fondo. Hemos escuchado frases muy convocantes el Presidente como forma de acercamiento y otras, no convocantes. Lo que uno tiene que juzgar son los hechos. Al final del periodo veremos qué cosas se hicieron a favor o en contra de que crezca la inversión y de que crezca el país. Esa es la cuenta final. El resto, la retórica política, no es nuestro deber juzgarla. Nos gustaría que hubiese una relación más cercana.

Es conocido también que muchas de las personas que están hoy en el gobierno no conocen la empresa, pasaron de la universidad al Parlamento y del Parlamento a La Moneda y eso hace que haya mucho desconocimiento de la actividad que hacen los empresarios. Ahí hay una distancia en términos de entender lo que el otro hace. Espero que ese “gap” se haya reducido un poco en este periodo. Los empresarios miran los hechos para invertir, no la retórica, no el discurso; uno mira las rentabilidades, las condiciones de inversión, los impuestos, lo que demora un permiso, la estabilidad regulatoria, la seguridad …

Diría, entonces, que el empresariado hoy es más pragmático que ideológico…

-Siempre lo ha sido. Lo que no significa que haya empresarios que no tengan una visión política. Por supuesto que la hay. Son un actor de la sociedad igual que cualquier otro. Pero las empresas no tienen una visión política, son las personas. Las empresas son agnósticas desde el punto de vista político. Necesitan invertir, ser sostenibles en el tiempo, pagar a sus proveedores, satisfacer sus clientes, tener buenas condiciones para sus trabajadores, ser reconocidas en el ámbito donde operan.

Esto no significa que los gremios que representamos a las empresas no tengamos el deber de opinar en materia política pública, porque éstas afectan el desarrollo económico y, en cuanto lo afectan, es nuestro deber participar en ese debate a través de las instancias que la democracia permite. Pero las empresas no son militantes de un partido político, ni opositores de un gobierno, ni apoyadores de otros, no debiese ser así…

¿Le parece adecuada la reforma tributaria presentada por Hacienda para el momento económico que vive Chile?

-Hay una convicción en todos los gremios de que tenemos un sistema tributario extraordinariamente caro para la realidad del país. El impuesto de primera categoría en Chile es un 27% y el promedio de la Ocde es del 23%. También un inversionista chileno tributa, cuando lleva la plata al bolsillo al final, el 44,45%, mientras que un inversionista extranjero, el 35%. Hay una disparidad que hay que corregir ahora. Por lo tanto, nuestra propuesta es bajar la tasa de primera categoría al menos a lo que es el promedio de la Ocde.

La propuesta del ministro Marcel tiene elementos positivos en el sentido de acercarse a una tasa de primera categoría como la de la Ocde y un intento de acercar la tasa total desde el 44,45% en la dirección del 35%, aunque se queda a medio camino. Valoro que haya una indicación de ese tipo de un gobierno cuya primera reforma tributaria era muy distinta.

Sin embargo, hay dos cosas perfectibles. Una es la propuesta de tener un sistema totalmente desintegrado (dual). Esto tendría una implicancia muy negativa: generaría que todas las personas que hoy tributan por debajo de la propuesta del ministro, del 39%, terminarían pagando más de lo que pagan hoy y esas son 100.000 pymes que hoy tributan en este régimen, más cientos de miles de otros contribuyentes. En este momento, donde necesitamos generar empleos formales y que cada día más gente quiera animarse a la actividad empresarial, sería una mala noticia. Mantener el sistema semiintegrado, tal como está, elimina ese problema de equidad horizontal. Nuestra propuesta es mantenerlo semiintegrado.

Tenemos, además, una ambición de bajas en las tasas (corporativas) que es mayor a la propuesta del ministro. Creemos que todo eso se puede volver a compensar dentro de las mismas variables. Es decir, bajar la tasa (de impuesto de primera categoría) al 23% y, al mismo tiempo, aumentar el impuesto al dividendo (fijada en 4%, según la propuesta de Hacienda). ¿A cuánto? Eso es parte del diálogo que el ministro ha iniciado.

Esperamos que esta sea una propuesta pro crecimiento y también pro recaudación. Si se crece más, se recauda más. Cada punto de recaudación son US$800 millones adicionales de impuestos. Esta es una propuesta que al final ayuda a que el Fisco recaude más también. Este cambio que nosotros queremos proponer no requiere que se le suban los impuestos a nadie y menos a las personas en particular.

¿Por qué los gremios están en contra de subir el impuesto a las personas como mecanismo de compensación?

-Cuando miro la propuesta del ministro, veo que la baja del impuesto de primera categoría está completamente compensada con el impuesto al dividendo. Mirando esa parte, no se requiere aumentar el impuesto a nadie distinto a esto de las propias empresas y el capital. Entiendo que la propuesta de aumento del impuesto a las personas proviene del proyecto de ampliar la definición de las empresas pyme y eso genera un impacto tributario. Ese costo tributario, junto a medidas para la clase media, es lo que el ministro plantea compensar con el alza del impuesto a las personas. Desde los gremios no estamos de acuerdo con esa fórmula de compensación. Creemos que la presión fiscal que tienen las personas de ese nivel de renta que se verían afectadas (sobre $6 millones brutos) es extraordinariamente alta. Es cierto que hay países en que la tasa marginal máxima (de impuesto a la renta) es mayor al 40% que se paga hoy, pero son países en los cuales el gasto tributario, que es lo que las personas pueden deducir de su declaración, es más de 2,5 veces lo que se puede hacer en Chile. Estas personas pueden deducir el gasto de los colegios, de la salud, de los arriendos… aquí en Chile no existen esos gastos tributarios. También estamos en presencia de Estados que son capaces de proveer una calidad de servicio público muy distinta a lo que el Estado de Chile puede ofrecer. Además, es un impuesto al capital humano y a la movilidad social.

¿Cómo, entonces, se puede compensar este cambio al régimen de las pymes si no es mediante un aumento del impuesto a la renta de las personas de altos ingresos?

-Intuyo que en US$92 mil millones de presupuesto público, cuando además todos los organismos internacionales nos han dicho que el espacio de mejora del gasto público es gigante y en que tenemos un 27% del presupuesto público se gasta en sueldos -en la Ocde es del 22%-, encontrar US$400 millones (como compensación) debiese ser factible.

La oposición se ha abierto a un porcentaje de solidaridad dentro de la cotización extra del 6% en la reforma tributaria. ¿Le parece correcta esta posición?

-En un país con desigualdad de ingresos, la política pública tiene que contemplar siempre elementos de solidaridad. El sistema de pensiones tiene un elemento de solidaridad gigantesco, que cuesta alrededor de US$ 8.000 millones al año y que es la PGU, la que cambió la realidad de una enorme cantidad de personas.

Lo que se está proponiendo es hacerse cargo del hecho de que las mujeres tienen una jubilación menor, aun cuando hayan cotizado por el mismo tiempo y con iguales ingresos, dada su expectativa de vida más larga que la de los hombres. Es un objetivo noble. Hay muchos instrumentos para buscar cómo compensar. Le corresponde a la política decidir cuál es ese instrumento. Existe la convicción de que se debe subir la cotización porque hay bajo nivel de ahorro para poder tener buenas pensiones. Eso requiere de un amplio acuerdo. Ganar una reforma de pensiones por el 51% sería un tremendo error. Por lo tanto, esto requiere convocar a todos los sectores y eso implica hacer algunas concesiones. En el protocolo de acuerdo que se está discutiendo, más la información que se ha filtrado, no veo que se esté modificando algún principio inalterable.

Hay cosas que no nos gustan como, por ejemplo, la licitación de stock. Aparte de los problemas técnicos, tiene algunos defectos expropiatorios que lo vemos con mucha inquietud. Sin embargo, creemos útil incorporar elementos que mejoren la competencia de la industria y faciliten el acceso de nuevos operadores, pero no por la vía de la licitación de stock. El camino pasa por generar una industria que preste servicios en la administración de cuentas, que incorpore herramientas tecnológicas; bajarían mucho los costos. También que se cambie el sistema de comisiones.

¿Cree que es imperativo que una reforma de pensiones se apruebe en este gobierno?

-Sí, es importante que se apruebe en este gobierno una reforma de pensiones. Es más fácil conseguir más votos en un contexto como el actual… porque aquí nadie tiene derecho a pasar la aplanadora; esa es una vuelta muy corta. Las mayorías circunstanciales cambian rápido. Me gustaría que el acuerdo al que se llegue genere un nivel de consenso importante y que ese nivel de consenso quedase reflejado en el quórum que se requiera para que esa ley sea cambiada. No podemos estar discutiendo permanentemente el tema de pensiones.

Además, esta idea del fondo de préstamo, que me parece creativa, no vale la pena descartarla a priori, en la medida que sea una deuda emitida a tasa de mercado, en que esa plata ingrese a la cuenta individual de la persona cuando se jubila de manera que esté reflejado como ahorro individual, que tenga el aval del Estado… pero hay mucha gente que cree legítimamente que la creación de estas herramientas puede abrir una ventana para perforar completamente después el sistema. Ese es un riesgo real con los quórums de aprobación que tenemos en la Constitución. Si esto es fruto de un acuerdo amplio, sería importante también que se protegiera este acuerdo por la vía de aumentar los quórums de modificación de una ley de este tipo para guardar la estabilidad del sistema.

Mario Marcel admitió esta semana que en “la tradición más de izquierda, el crecimiento era visto como algo que venía dado”. ¿Qué le parece que un ministro de esta coalición del gobierno reconozca la importancia de promover el crecimiento económico?

-Comparto su opinión. Cuando se mira el Chile en los últimos 10 años, con las enormes ventajas competitivas que tenemos en la producción de muchos bienes, Chile produce las mismas toneladas de cobre hoy que hace 10 años. En Perú se ha duplicado en el mismo periodo. Los temas que hemos tenido de inseguridad, de poca competitividad tributaria, de complejidad en los permisos, han ahuyentado a la inversión. Hemos sido claros en decir que la única forma sostenible de que el país se desarrolle es con crecimiento económico, porque éste hace que el Fisco recaude más, que las personas aumenten sus remuneraciones, que aumente el empleo formal y de buena calidad, lo que hace también que sean mejores las pensiones.

Javier Milei cumplió un año en el poder en Argentina y Trump acaba de ser reelegido en Estados Unidos. ¿Cree posible que un liderazgo de ese tipo se replique en Chile?

-Los países tienen cada uno su propia cultura. Nuestra personalidad en Chile como país es probablemente muy distinta a la de Argentina. Pero si el Estado no se hace cargo de resolver los problemas de seguridad, no se hace cargo de que los sueldos de las personas puedan crecer sosteniblemente porque no hay crecimiento económico, corremos el riesgo de dañar la democracia. Es importante recuperar la confianza en las instituciones, pero para eso el sistema político se tiene que reformar y una de las cosas que hemos planteado también es que la reforma al sistema político es un elemento fundamental para recuperar el crecimiento. Tenemos un sistema que incentiva el discolaje, que incentiva el discurso de nicho y que desincentiva totalmente la búsqueda de acuerdos. Lo que un país requiere para crecer es tener acuerdos al menos en algunas cosas relevantes.