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Panamá al borde del estallido social: asociaciones ciudadanas rechazan diálogo convocado por gobierno en medio de protestas
Las protestas y cierres de carreteras continuaron este jueves en Panamá, mientras crecía la expectativa por el destino de un diálogo convocado por el gobierno para buscar una solución a los reclamos por el alto costo de los combustibles y alimentos.
Durante la jornada, los bloqueos comenzaron a afectar el transporte de mercancías y combustibles y se reportó desabasto en algunos puntos del país.
Desde temprano, las enfermeras, que anunciaron la víspera que se solidarizarían con las protestas, marcharon por las calles de la vecina provincia de Panamá Oeste, mientras tramos de la carretera en esa localidad estaban bloqueados. En la capital, maestros y otros trabajadores marcharon nuevamente hacia la Asamblea Nacional.
La policía despejó una concurrida avenida en el populoso sector de San Miguelito, lo que provocó la reacción de funcionarios de la Defensoría del Pueblo, quienes argumentaron que no era necesaria la actuación policial y que habían llegado a un acuerdo con los manifestantes para abrir voluntariamente esa vía. .
En la occidental provincia de Chiriquí -fronteriza con Costa Rica-, indígenas que mantenían bloqueada la carretera interamericana la reabrieron luego de 24 horas, pero no descartaron volver a cerrarla.
A las protestas -que comenzaron con reclamos de educadores de la central provincia de Veraguas- se sumaron otros gremios, movimientos y organizaciones laborales y sociales que en conjunto protagonizan las mayores manifestaciones antigubernamentales de los últimos años en Panamá.
La víspera, el gobierno llamó al diálogo para frenar las protestas, que no amainaron a pesar de las medidas anunciadas por el Ejecutivo para mitigar alzas como el control de precios de 10 productos de la canasta básica y medidas de austeridad en el Estado, que fueron sumado a una congelación temporal de los precios del combustible.
La Asamblea Nacional de Panamá anunció este miércoles un plan de austeridad de nueve puntos, que contempla la suspensión de viajes y desplazamientos -tanto fuera como dentro de Panamá- de miembros del gobierno y otros altos funcionarios.
Otras medidas son el congelamiento de aumentos salariales y nuevos nombramientos, jornadas de capacitación, servicios de publicidad, así como la compra de equipos y material para las instituciones.
Pero asociaciones ciudadanas, integradas por representantes de diferentes sectores sociales de Panamá, se negaron este jueves a sentarse a la mesa con el gobierno en medio de protestas en el país por el mal uso de las finanzas públicas y el alto costo de la vida.
La Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados (Anadepo) y la Alianza de Pueblos Unidos por la Vida señalaron este jueves que no asistirán a la mesa de diálogo convocada por el gobierno panameño en Ciudad del Saber, barrio empresarial ubicado en Ciudad de Panamá. Panamá.
Según la Alianza del Pueblo Unidos por la Vida, el llamado de la administración encabezada por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, no es sincero y no quieren condiciones ni mediación de la Iglesia Católica, que se ha ofrecido como puente para encontrar una solución. a la crisis, según el diario La Prensa.
“Exhortamos a la cordura para no afectar la convivencia diaria y evitar daños a terceros, la paz social y el proceso de recuperación económica. Este gobierno siempre ha apostado por el diálogo honesto y la tolerancia”, dijo la Iglesia Católica en un comunicado recogido por Radio Panamá.
Mientras tanto, la policía liberó a 17 personas que fueron detenidas el día anterior en una protesta en una plaza cercana a la Asamblea Nacional, donde los manifestantes se han concentrado casi a diario.
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