Acción popular anunció procesos de expulsión y una propuesta legislativa para mejorar el control de sus estándares, mientras que Alianza para el progreso Ordenó la expulsión inmediata de los involucrados y reforzará sus filtros de afiliación.
Después de la publicación de un informe de datos de RPP y el poder en sus manos que reveló que 35 requerido por delitos graves como homicidio, tráfico de drogas y violación sexual aparecen como afiliados activos para los partidos políticosDos grupos indicados, Acción popular y Alianza para el Progreso (APP), emitieron comunicaciones oficiales en las que reconocen los hechos y anuncian medidas internas.
Acción popular: “Se abrirá un proceso de expulsión de resumen”
En una declaración fechada el 28 de mayo, la acción popular admitió que cinco de los requisitos revelados por la investigación aparecen como militantes en su registro. El partido sostiene que, en el momento de su afiliación, estas personas “No tenían el estado de los requisitos”. Aun así, reconocen la gravedad del caso y informan que se abrirá un proceso de resumen de expulsión ex officio a través de sus instancias disciplinarias.
El grupo también asegura que ninguno de los involucrados tenga un puesto de liderazgo o participe en actividades del partido. En un intento por demarcar las responsabilidades, también proponen una iniciativa legislativa que permite a los partidos políticos verificar la información judicial y los antecedentes penales de sus afiliados de forma permanente.
Aplicación: “No somos refugio para los delincuentes”
Por su parte, la Alianza para el Progreso emitió un pronunciamiento en el que identifica seis de los nombres indicados en el informe, vinculados a delitos de alto impacto, como homicidio calificado, tráfico de drogas y violación sexual de menores. Según su declaración, un proceso de expulsión inmediata Contra los mencionados y anunciaron que coordinarán con el poder judicial y el ministerio público para garantizar una investigación rigurosa.
La parte dirigida por César Acuña enfatizó una política de “tolerancia cero” y anunció que reforzará sus filtros de afiliación y auditorías internas.
Perú primero: “La suspensión inmediata fue organizada”
Él Perú Primer partido político anunció la suspensión inmediata de los derechos partidistas del ciudadano Marco Antonio Jesús Pajares Riveros, en medio de un proceso de aclaración legal. La decisión se comunicó a través de un pronunciamiento oficial.
“Condenamos con la firmeza total de cualquier comportamiento o circunstancia que amenace la integridad de las personas, particularmente las mujeres”, dice el comunicado.
La organización política enfatiza que mantendrá una política de “tolerancia cero contra los comportamientos que violan la dignidad humana” y enfatiza que su compromiso es con la ciudadanía, la justicia y la construcción de un país más seguro y más igualitario.
Somos Perú:
El grupo político, Somos Perú Informó que Cuatro afiliados vinculados a delitos penales se han suspendido y procederán con su expulsión definitiva Después de seguir el procedimiento de debido. La organización aseguró que notificará estos cambios al registro de organizaciones políticas del jurado nacional de elecciones.
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Declaración de asociación de políticas populares. | Fuente: RPP News
Declaración de la Alianza de la Asociación Política para el progreso. | Fuente: RPP News
Compresa del grupo político Somos Perú. | Fuente: Somos Perú
Grupo político compunado primero. | Fuente: Perú primero
Contexto: la alerta que expone una falla estructural
El informe reveló que 35 personas con órdenes de captura, incluidos en el programa de recompensas del Ministerio del Interioraparecen en los registros oficiales del jurado nacional de elecciones como afiliados a los partidos políticos. Estos casos exponen las debilidades en los mecanismos de verificación durante el proceso de registro de la parte, así como la ausencia de filtros judiciales automáticos en el sistema electoral peruano.
Ante las elecciones generales de 2026, el informado plantea la urgencia de purificar los estándares, garantizando la transparencia en los procesos de afiliación y evitando que las personas vinculadas al crimen organizado operen políticamente desde el sistema.