Cerca del mediodía de este miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las polémicas pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social que presentan condenas por diversos delitos.
Durante la sesión de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara, antes de comenzar a discutir el proyecto que crea el ministerio de Seguridad Pública, algunos parlamentarios integrantes de la instancia se refirieron a algunos hechos de contingencia.
En ese momento, el diputado José Miguel Castro (RN), saludando a la ministra Tohá -que era una de las invitadas a participar del debate- señaló que “es importante que ellos (el gobierno) avancen en indicaciones que sí permitan retrotraer estas pensiones de gracia, y por lo tanto, hagan juicio en ese sentido, y puedan avanzar en ese proyecto”.
Frente a este comentario, la secretaria de Estado respondió que “respecto a las pensiones de gracia, yo informé ayer a la prensa, que cuando se planteó esta discusión respecto a las pensiones ya otorgadas, el Presidente nos pidió que le levantáramos un informe de cuál es la situación realmente, porque aparentemente en Chile nunca se han mirado los antecedentes penales para otorgar pensiones de gracia”.
“Entonces, es tener el panorama de cuál es la situación de las pensiones de gracia en esta materia, porque hay 18.000 pensiones de gracia”, complementó.
En ese sentido y bajo la solicitud del Presidente Boric de levantar una información detallada de todas las personas que acceden a ese tipo de beneficio del Estado y que están en una situación similar, Tohá aclaró que “no va a ser un examen exhaustivo porque nos vamos a demorar mucho, pero sí al menos hacer un muestreo y un panorama general antes de tomar decisiones”.
Durante la jornada de este martes, la ministra ya había dado conocimiento de la petición del Mandatario y se refirió expresamente a la posibilidad de una retroactividad de este beneficio. “Respecto si se pueden retrotraer o no esas pensiones, existen distintas evaluaciones. Probablemente si se retrotrajeran eso se judicializaría y solamente sabríamos en ese momento, digamos, cuál es el juicio de los tribunales respecto a si es válido o no esa decisión, dijo.
Tohá agregó que “en virtud de que está este debate instalado, el Presidente nos ha pedido que como este problema que existe respecto a los antecedentes penales, existe respecto de todas las pensiones de gracia, no solo las del estallido (social), que para analizarlo lo primero que tengamos es un levantamiento de qué tan amplio es esto y qué pasa con las otras pensiones también”.
Cabe recordar que se trata de aproximadamente 18.000 beneficiarios de pensiones de gracia por distintas materias. Las personas a las que se les otorgó una pensión en calidad de víctimas por el estallido social son 418 y entre ellos hay 40 que presentan condenas por distintos delitos. De esos 40, son 17 los que accedieron al beneficio en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y 23 en la actual administración.
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