El director jurídico de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), Cristián Romero, destacó este martes el capítulo del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que modifica diversos cuerpos jurídicos que influyen en el rumbo de los proyectos de inversión.
Una dimensión que calificó de “positiva”, ya que no sólo atiende el tema general, sino que también realiza intervenciones específicas con foco en la colaboración con entidades privadas y autorizaciones.
“Creemos que esta parte del proyecto puede tener un impacto gigantesco para acelerar o mejorar el entorno de inversión si se priorizan aquellos servicios que otorgan permisos críticos”, dijo Romero, quien fue uno de los ponentes este martes en la Comisión de Economía del Senado. , donde la iniciativa legal impulsada por el Gobierno continúa su discusión tras ser aprobada por la Cámara de Diputados.
El ejecutivo explicó que cuando se dan plazos de aprobación de hasta 15 años, esto no tiene que ver con los más de 300 permisos que existen, sino específicamente con 25 autorizaciones que afectan la ruta crítica.
“Esta parte del proyecto es invaluable, porque abre la puerta para que se puedan hacer intervenciones más allá de otros proyectos que se están tramitando para realmente intervenir en ese aspecto”, dijo.
Oficina versus Agencia
Romero también se refirió a la Oficina de Autorización Sectorial, institución que dará seguimiento a los grandes proyectos de inversión y formará parte de la Subsecretaría de Economía y Pequeñas Empresas, entre otras de sus funciones.
Al respecto, indicó que si bien sus objetivos son amplios y acordes con el espíritu de la ley, dicha unidad no tiene mayores facultades y que es una entidad acompañante, una coordinadora que brindará servicios más especializados, pero que su efecto será estar sujeta a la prestación de servicios sectoriales.
“Es decir, de ninguna manera la oficina va a poder imponer ningún criterio, ninguna solución, ninguna respuesta al servicio público”, dijo durante la sesión.
Romero también advirtió que se tramita el proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, que aborda las políticas públicas desde la perspectiva de planes y programas, y como normatividad. Ante esto, advirtió que se pueden generar “espacios de superposición” entre funciones de ambas instituciones.
“El llamado que hacemos es a tener cuidado para que haya coherencia, si se quiere mantener ambas cosas, para que no se generen decisiones contradictorias”, advirtió. Aunque precisó que “probablemente no sucedan, porque la cuestión es que esta entidad lo que hace fundamentalmente es emitir recomendaciones, la otra entidad va a tener un poco más de dientes”, dijo.
