Él Rama judicial Regresó para rechazar la solicitud hecha por la renovación popular del partido político (anteriormente solidaridad nacional) para ser excluidos de la investigación preparatoria seguida por el congresista José Luna Gálvez y otros para el caso Lava Jato
El Tercer Tribunal Penal de Apelaciones Nacionales Resolvió la mayoría de declarar la apelación presentada por la defensa legal de la renovación popular para revocar la resolución emitida por el juez Ubaldo Cillo Deza, el 6 de enero, en la que declaró “inadmisible” la solicitud de extinción de la acción penal que presentaron, el 14 de junio de 2024, de modo que la parte política dijo que la parte política fue excluida en su condición de entidad legal “de esta inversión legal.
A través de una resolución emitida el 6 de mayo, que tenía acceso a RPP, el Tribunal Superior determinado por el “voto principal” de los jueces superiores víctore Enríquez Sumernde y William Lugo Villafana, que después del análisis de los argumentos de esta apelación se concluye que “el deber de motivación de las resoluciones judiciales está satisfecho en la resolución de debido proceso, establecido en el artículo 139.5 de la Constitución“
El juez superior Arturo Mosqueira Cornejo emitió una votación en discordia en la que estaba a favor de la apelación de la apelación de la apelación de Renovación popular y que se declara la exclusión de este partido político de esta investigación preparatoria.
La defensa legal de dicho partido político presentó esta solicitud de extinción de la acción penal bajo la Ley 32054, que fue aprobada por el Congreso de la República en junio de 2024, que excluye de la responsabilidad penal a los partidos políticos, con los que las organizaciones políticas no pueden ser disueltas por actos ilícitos que se les atribuyen a sus miembros, pero que deben asumir su responsabilidad individual.
Investigación
El congresista José Luna Gálvez y otros son investigados en el Fiscalía Para las presuntas contribuciones ilegales de las compañías brasileñas, Odebrecht y OAS, para financiar las campañas electorales de su primer partido político, National Solidaridad, en los años 2011 y 2014.
El legislador también enfrenta otra investigación preparatoria para las presuntas irregularidades detectadas en el registro de su actual partido político Podemos Perú antes del Oficina Nacional del Proceso Electoral (ONPE).
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