Por 111 votos a favor, el Pleno de la Convención aprobó y remitió al proyecto de nueva Constitución el párrafo referente al pago de un “precio justo” en caso de una expropiación, norma que fue fuertemente cuestionada por convencionalistas de Vamos por Chile y por entidades como el Observatorio Judicial.
De esta forma, se establece que “el propietario siempre tendrá derecho a ser indemnizado por el justo precio del inmueble expropiado”. También se sostuvo que “el pago debe efectuarse con anterioridad a la toma de posesión física del bien expropiado y el expropiado siempre podrá reclamar la legalidad del acto expropiatorio, así como la cuantía y forma de pago ante los tribunales que determine la ley. ”.
Sobre este mismo tema, se agregó que “cualquiera que sea la causa invocada para llevar a cabo la expropiación, ésta deberá estar siempre debidamente fundada”.
Previamente, el Pleno había refrendado el encabezamiento del artículo sobre expropiación: “Nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarada por el legislador”.
El convencional Bernardo Fontaine (Indep. Vamos por Chile) señaló que “si bien establece un pago previo, no establece el pago en efectivo y permite que los expropiados recurran a la justicia”.
Pero lo que más lamentó es que “se establece el precio justo, pero ¿para quién? ¿Para los políticos que accedieron a expropiar o solo para los expropiados? De ninguna manera la persona se sentirá protegida. Porque la indemnización no se fijó a precio de mercado ni como daño patrimonial”. Afirmó que “no haberlo planteado así crea un manto de duda, porque al final sólo quien quiere expropiar sin pagar no pone como compensación el valor de mercado”.
Tras el resultado, la convencional Patricia Politzer (INN) indicó que “la Convención aseguró la propiedad privada al aprobar que, en caso de expropiación, los propietarios tendrán un pago justo, y realizado con anterioridad a la toma de posesión material. Es exactamente lo mismo que la Constitución francesa. La derecha no se conformó, votó en contra o se abstuvo”.
tierras indigenas
El pleno también aprobó y envió a proyecto el derecho a la protección preferente de los territorios indígenas. “El Estado reconoce y garantiza, de conformidad con la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos. La propiedad indígena de la tierra goza de una protección especial. El Estado establecerá instrumentos jurídicos efectivos para su catastro, regularización, deslinde, titulación, reparación y restitución.
La norma también indica que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general. De conformidad con la Constitución y la ley, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho al uso de los recursos que tradicionalmente han usado u ocupado, que se encuentren en sus territorios y que sean indispensables para su existencia colectiva.”
Ante esto, la convencional Constanza Hube (UDI) dijo que “se sigue consolidando una constitución indigenista, separatista y desigual. Por momentos parece que la palabra propiedad genera en algunos una especie de alergia o animosidad, salvo en el caso de la propiedad indígena, porque allí revive la importancia de proteger el poder de propiedad, llegando al punto de brindarle una protección especial. El 90% de los chilenos que quedan fuera ya quisieran esta protección”.
Un total de 66 procesos sancionatorios por no declarar operaciones sospechosas, los cuales afectaron principalmente a bancos, administradoras generales de fondos (AGF) y empresas de transferencias de dinero, aplicó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante 2023.
De esa cantidad sólo uno fue absuelto, nueve archivados, tres recibieron amonestación escrita y 53 fueron afectados con multas a beneficio fiscal por UF 4.155, lo que equivale a unos $ 159 millones aproximadamente.
El monto, que representa un aumento de 493% respecto del año anterior, es el resultado de las fiscalizaciones en terreno que realiza la UAF para verificar el cumplimiento efectivo de la normativa antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo por parte de las personas naturales y jurídicas conocidas como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, o sea aquellas que resulten inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente.
De los 56 sujetos sancionados con amonestación escrita o multa, 55 son de la Región Metropolitana y uno de la Región de Los Lagos.
De acuerdo con las facultades legales, la UAF puede ejecutar acciones de supervisión in situ o remotas en cualquier momento, utilizando un criterio de seguimiento de las entidades reportantes del sector privado, según los riesgos identificados a los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) a los que se exponen las actividades a las que pertenecen.
Al desglosar, siete sectores económicos concentraron el 72% de las supervisiones del año: 31 fueron a notarios, 27 a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 14 a administradoras de fondos de inversión, 14 a casas de cambio, 11 a empresas de transferencia de dinero, nueve a casinos de juego, y nueve a usuarios de zonas francas.
Las restantes 44 fiscalizaciones se concentraron en otros 10 sectores.
En el caso de los bancos multados, se trata de Santander Chile y BancoChile por el reporte no oportuno de operaciones sospechosas relacionadas con el caso Verde Austral (Pacogate), a los que se les impuso el tope legal de 800 UF (infracción leve).
Junto con las sanciones, la UAF resolvió iniciar el año pasado 118 procesos sancionatorios administrativos, lo que implicó un alza de 127% anual. Un 22% de ellos fue a empresas de factoring; un 14% a aquellas de transferencia de dinero y a las AGF; un 11%, a casas de cambio; un 9,3%, a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria y un 6,8%, a notarios.
Alzas en el registro
El director de la UAF, Carlos Pavez, destacó que las cifras de 2023 revelan que el Registro de Entidades Reportantes sumó 8.729 personas naturales y jurídicas inscritas, 4,2% más que hace un año. De estas, 8.257 pertenecen del sector privado y 472 son instituciones públicas.
Así, la entidad recibió 12.902 informes de sujetos obligados privados y públicos, un 13,2% anual).
El aumento respondió a la mayor cantidad de entidades inscritas en el servicio y el mayor reporte de bancos e instituciones públicas.
En los últimos cinco años, la UAF ha recibido 45.039 ROS.
El año pasado, además, la Fiscalía envió 184 requerimientos de información a la UAF sobre 1.681 personas naturales y jurídicas.
Las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) extranjeras hicieron 35 consultas a su par local, relacionadas con 184 personas naturales y jurídicas. En el año, la UAF remitió 23 solicitudes de información, sobre 137 personas. Todos estos intercambios de información se realizaron a través de la Red del Grupo Egmont. En 2019-2023, la UAF ha recibido 150 consultas de las UIF extranjeras sobre 1.775 personas.
El deterioro del empleo tuvo sus efectos sobre el número de personas que cotizan en las AFP en 2023.
En los primeros meses de 2024 la caída se ha seguido observando ya que el número de cotizantes llegó a 5.867.854 en febrero, lo que implicó un retroceso de 0,3% respecto de los 5.885.841 que ahorraban para su pensión en el mismo mes de 2023.
Con ello, el número de cotizantes acumula 13 meses de retrocesos, tendencia que comenzó en febrero de 2023, teniendo su último aumento interanual en enero de ese año.
Sin embargo, la baja de los últimos meses ha sido más paulatina que las que se vieron durante 2023, lo que a juicio de los expertos, podría estar mostrando signos de que los próximos meses se produciría una recuperación.
La investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes, aseguró que la disminución de febrero se traduce en aproximadamente 18.600 cotizantes menos que en el segundo mes de 2023.
“Aunque estos números indican un retroceso en comparación con el mismo período del año anterior, es importante destacar que la magnitud de la disminución es la menos pronunciada de este periodo de retrocesos”, señaló.
¿Cambio de tendencia?
La economista vislumbró un eventual cambio de tendencia en los meses que vienen, aunque con cautela. “Esto sugiere que podría haber mejoras en los próximos meses. Sin embargo, otros indicadores relacionados con el empleo asalariado muestran señales mixtas”, advirtió.
Por ejemplo, la investigadora detalló que los datos de la Dirección del Trabajo (DT) revelaron un aumento interanual de un 21,9% en los despidos por necesidades de la empresa en febrero. Esta alza llevó el total a más de 86 mil en los dos primeros meses de 2024, la cifra más alta desde 2020.
“Es necesario analizar con cautela las cifras del INE, que mostraron un repunte en la creación anual de empleos asalariados para el trimestre de diciembre de 2023 a febrero de 2024, ya que los registros administrativos, tanto de la DT como de la Superintendencia de Pensiones, indican que esta recuperación aún no es completamente clara”, planteó.
La economista recordó que si bien las proyecciones de crecimiento para este año son mejores que las de 2023, “aún son moderadas”.
Además, recordó que el Banco Central pronosticó una disminución en la inversión privada para este año, lo que afectará negativamente la creación de empleos formales, especialmente en el sector privado.
“Aunque se esperan mejores datos de actividad económica en el futuro, la recuperación del mercado laboral probablemente será gradual y paulatina, dado que este suele responder con cierto rezago a los cambios en la actividad económica”, concluyó Cifuentes.
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El precio del dólar se sumergió bajo $ 970 este jueves, luego que el cobre alcanzara nuevos máximos de 22 meses, ya que los resultados de un importante fabricante de chips dieron impulso adicional a los avances que el metal ha estado experimentando en el último tiempo.
Esto ocurrió a pesar de un ligero aumento en las compras internacionales de dólares, por signos frescos de que la economía sigue fuerte en Estados Unidos.
La divisa bajó $ 11,8 a $ 966,8 al cierre de la sesión en Chile, anotando su mayor caída en dos semanas, de acuerdo con las cotizaciones en Bloomberg. El cobre Comex escalaba 2,17% a US$ 4,46 la libra, un máximo desde inicios de junio de 2022.
El tipo de cambio se hundió a pesar de que el dollar index subía 0,2% y el rendimiento del Tesoro a dos años recuperaba los niveles de 5% que son máximos desde noviembre. Datos económicos tales como las últimas peticiones de subsidios por desempleo fueron más sólidos de lo previsto en EEUU, y más altos funcionarios de la Reserva Federal se han sumado a la retórica de no aliviar los créditos hasta ver señales consistentes de que la inflación cede.
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Cobre al rescate
“El precio del cobre probablemente está defendiendo al peso chileno”, dijo a DF el economista jefe de BICE Inversiones, Marco Correa. “Además hay que observar que el peso ya está muy castigado, y por lo tanto tenía internalizado lo peor de estos factores externos”, comentó en relación a los eventos que fortalecieron al dólar global.
Detrás de este nuevo avance cuprífero destacaron los resultados del taiwanés TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, que si recortó sus previsiones hacia el futuro, reportó una sólida ganancia en el primer trimestre.
El peso chileno fue la divisa emergente más fortalecida de la jornada, sólo acompañado por el sol peruano, algunas monedas asiáticas y el rublo ruso.
“Al final, si la demanda global es mayor a lo que se estaba esperando, va a presionar al alza al precio del cobre”, explicó Correa, recordando que el rally sigue sosteniéndose también por “la demanda de una mayor actividad a nivel global, la transición energética y ahora último la posible mayor demanda por data centers y todo lo que implica la IA”. A esto se agregan también restricciones de oferta tales como sanciones a Rusia y reducción de capacidad en fundiciones chinas.