Uno de los conceptos que debutará si se aprueba la nueva Constitución será el de pluralismo jurídico, que reconoce los ordenamientos jurídicos de los pueblos indígenas en convivencia y coordinación con el Sistema Nacional de Justicia. Se trata, como suelen coincidir los abogados convocados por el Distrito Federal este lunes, de darle espacio a las costumbres indígenas como fuente de derecho y, como tal, se alinea con la plurinacionalidad enunciada en la carta fundamental.
De ahí que la opinión mayoritaria sugiera que la ley deberá resolver la coordinación, así como los alcances de uno y otro bajo la lógica de que ambos sistemas se apegan al respeto a los derechos fundamentales establecidos por la propia Carta Magna.
Marisol Peña, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad Del Desarrollo; Tomás Jordán, profesor de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador del Observatorio Nueva Constitución; Claudia Sarmiento, profesora de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado; y José Francisco García, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica, ahondaron en el alcance de seis temas ya presentes en el texto en construcción. El ejercicio buscó responder parte de las dudas que con mayor frecuencia repiten hoy los ciudadanos.
Principales propuestas del borrador
pluralismo jurídico. El Estado reconoce los ordenamientos jurídicos de los Pueblos Indígenas, que en virtud de su derecho a la libre determinación conviven coordinados en igualdad de condiciones con el Sistema Nacional de Justicia.
Deberán respetar los derechos fundamentales establecidos por esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile sea parte. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los ordenamientos jurídicos indígenas y las entidades estatales.
Acceso a la justicia intercultural. Es deber del Estado velar por que los órganos intervinientes en el proceso respeten y promuevan el derecho de acceso a la justicia con una perspectiva intercultural.
Las personas tienen derecho a asistencia jurídica especializada, intérpretes, facilitadores interculturales y peritajes consultivos, cuando así lo requieran y no puedan hacerlo por sí mismas.
Tribunales Administrativos. Los Tribunales Administrativos conocen y resuelven las acciones dirigidas contra la Administración del Estado o promovidas por ésta y las demás materias que establezca la ley.
Habrá por lo menos un Tribunal Administrativo en cada región del país, el cual podrá funcionar en salas especializadas.
Los asuntos dentro de la jurisdicción de estos tribunales no pueden someterse a arbitraje.
La ley establecerá un procedimiento unificado, sencillo y expedito para conocer y resolver tales asuntos.
Impugnaciones contra las decisiones de la jurisdicción indígena. La Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas contra las decisiones de la jurisdicción indígena, en sala especializada y asistida por un equipo técnico asesor integrado por expertos en su cultura y derecho propio, en la forma que establezca la ley.
Consejo de Justicia. El Consejo de Justicia es un órgano autónomo, técnico, paritario y plurinacional, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto fortalecer la independencia judicial. Tiene a su cargo el nombramiento, gobierno, dirección, formación y disciplina en el Sistema Nacional de Justicia.
Sarmiento: respeto a los derechos fundamentales
En la actualidad, gráfica la abogada Claudia Sarmiento, la fuente del derecho, de donde se generan las normas, es un sistema donde existen dos órganos colegisladores: el Presidente y el Congreso, a lo que se suma la interpretación de los tribunales. Pero, en la medida en que se reconozca el plurinacionalismo, esa forma le otorgará valor a la costumbre indígena como fuente de derecho. Así nacerá un sistema de justicia, es decir, “un grupo de personas que van a decir ‘soy juez y como juez en tierras indígenas digo lo que es el derecho indígena’”. Y ese es un proceso que se va a entregar a la ley, con los lineamientos generales de la Constitución que se propone plebiscitar en septiembre. Todo, bajo la lógica del respeto a los derechos fundamentales y un escenario, donde Sarmiento estima que la Corte Suprema será la instancia que, en última instancia, unifique cuál es la última interpretación de la ley.
Jordán: la oportunidad que la Convención perdió
Entendiendo que el pluralismo jurídico se circunscribe a la costumbre de los pueblos originarios en función de cómo resuelven sus problemas, Tomás Jordán considera un error que la Convención Constitucional no haya precisado los alcances de este cambio, es decir, a quiénes afecta, las materias que domicilio y lugar a que se refiere. En el caso de Bolivia, explica que la Constitución regula que sea entre personas que pertenecen a un mismo pueblo y los temas que se traten. Lo anterior, además, bajo un paraguas que sea consistente con el respeto a los parámetros establecidos por la misma carta fundamental. “Ninguna costumbre indígena podría pasar a portar derechos fundamentales y derechos humanos”, destaca. En todo caso, no ve este concepto como uno de los más difíciles de la Constitución. En su opinión, ha habido una crítica “sobredimensionada”.
estado colonial, el punto de partida de Peña
Para Marisol Peña, el pluralismo jurídico parte de la constatación de un Estado colonial que no ha sido capaz de reconocer la existencia de culturas ancestrales con una cosmovisión compatible con la forma en que el Estado se ha organizado y decidido su convivencia. Dicho lo anterior, considera que la preocupación actual sobre el tema surge por el hecho de que este nuevo sistema o sistemas de justicia indígena estarán constituidos por costumbres ancestrales, asumiendo un plano de igualdad con el llamado Sistema Nacional de Justicia, que en el la práctica ha demostrado que “no es así”. “Esto no me parece que fluya exactamente igual de la lectura de la norma constitucional tal como es”, dice. Y, por tanto, es materia que tendría que determinar la ley, la coordinación de los dos sistemas, la cooperación, la resolución de los conflictos de competencia.
García y el factor de la interculturalidad
Aunque José García señala que la Convención podría haber puesto “límites” más claros al pluralismo jurídico en la Constitución -lo que habría dejado a “varios” respirando con tranquilidad y evitado los “excesos retóricos” de las críticas-, añade un aspecto al debate: la interculturalidad. . Es decir, más allá de la coordinación e igualdad que debe prevalecer en la convivencia del nuevo régimen, se pregunta qué sucede si los miembros de las comunidades indígenas acuden al Sistema Nacional de Justicia, cuál es el papel que tiene su derecho y cuáles son las condiciones de acceso. Esto, dice, es similar al estándar de enfoque de género que se requiere desde la perspectiva jurisdiccional. Se trata, profundiza, de conocer mejor a la persona involucrada, pero no como una acción afirmativa de resultado, sino en el sentido de darle más imparcialidad al juez que está fallando y que está fallando el asunto.
A toda máquina trabaja por estos días el equipo de la Dirección del Trabajo (DT). Y es que a una semana de la entrada en vigencia de la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas, el servicio continúa liberando dictámenes en los que aborda diversos ejes de la nueva normativa.
Así, la tarde de este viernes el organismo liderado por Pablo Zenteno publicó un pronunciamiento que aborda las implicancias de la nueva jornada laboral en los contratos de las trabajadoras y trabajadores de casa particular.
En el dictamen 236/09, el servicio comenzó reiterando que, tal como se ha mencionado en otros pronunciamientos así como también en la propia Ley de 40 Horas, la aplicación de la rebaja de jornada en ningún caso puede significar una disminución de las remuneraciones de las personas trabajadoras.
En esa línea, el documento además recalca que las modificaciones derivadas de su aplicación se entenderán incorporadas a los contratos individuales, instrumentos colectivos y reglamentos internos por el solo ministerio de la ley, sin que sea necesaria su adecuación para que los cambios produzcan sus efectos. “Lo que igualmente, opera respecto de los dos días adicionales remunerados y de libre disposición que cada mes calendario, tienen derecho las personas trabajadoras que viven en casa de su empleador”, dice el dictamen.
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“Puertas afuera”
Con relación a las personas trabajadoras de casa particular que no viven en la casa del empleador, es decir son trabajadores “puertas afuera”, el dictamen recuerda que la Ley estableció que dicho personal quedará afecto a una jornada ordinaria de 40 horas semanales.
Ahora bien: este grupo de trabajadores llegará a esa jornada con la misma gradualidad que contiene la ley a nivel general. Esto significa que, el próximo 26 de abril, su jornada ordinaria de trabajo se rebajará una hora, quedando en 44 horas; al 26 de abril de 2026, se rebajarán dos horas adicionales, quedando en 42 y al 26 de abril de 2028, se rebajarán dos horas más, llegando a 40 horas.
El documento también reitera que, si la jornada semanal se extiende hasta por 30 horas, las partes podrán acordar por escrito hasta un máximo de doce horas semanales adicionales de trabajo, no acumulables a otras semanas, las que serán pagadas con un recargo mínimo del 50% sobre el valor hora correspondiente a la jornada ordinaria.
Sin embargo, el dictamen agrega que, de no existir acuerdo entre las partes, el exceso de jornada laboral se regirá por las reglas generales, esto es, no pueden ejecutarse más de dos horas extras por día y solamente para atender necesidades o situaciones temporales específicas.
“A falta de pacto expreso para disponer de la bolsa semanal de 12 horas, se considerarán extraordinarias las horas que se trabajen en exceso de la jornada pactada, con conocimiento del empleador”, concluye la DT.
“Puertas adentro”
Ahora, respecto a las personas trabajadoras de casa particular que vivan en la casa del empleador o “puertas adentro”, el servicio recordó que la Ley estableció que este grupo, a diferencia del anterior, tendrá derecho a dos días de libre disposición en cada mes calendario, los que serán remunerados, y les permitirán ausentarse de sus labores y no podrán compensarse en dinero.
“De común acuerdo estos días libres podrán acumularse dentro de un periodo de tres meses. Al término de la relación laboral, en caso de existir días pendientes de utilizar en el respectivo mes, se compensarán en conformidad a lo establecido en el artículo 73”, cita el dictamen.
Así, el documento concluye que, a partir del 26 de abril de 2024, “los trabajadores y trabajadoras de casa particular que vivan en casa del empleador o ‘puertas adentro’, tendrán derecho a dos días libres remunerados al mes calendario, siendo el primer mes calendario desde la entrada en vigencia de la Ley en análisis, mayo de 2024”, sostiene el dictamen.
El pasado miércoles arrancó el Foro Llao Llao, el hermético encuentro de tres días que reunió a más de 100 empresarios de Latinoamérica y que contó con la participación del CEO y fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin; Andrea Pagani (Arcor), Gastón Taratuta (Grupo Aleph), Martín Eurnekian y Alberto Arizu (Luigi Bosca), entre otros.
Los invitados VIP fueron los presidentes de Argentina, Javier Milei; Uruguay, Luis Lacalle Pou y de Paraguay, Santiago Peña.
El vicepresidente de Colbún, Bernardo Larrain, fue uno de los expositores del evento. Durante la tarde del jueves expuso junto al ex ministro de Producción de Perú, Piero Ghezzi, y el CEO de Grupo Don Mario, Ignacio Bartolomé sobre “la competitividad como norte de Argentina y la región,” según expresaron desde la organización.
El lema de la sexta edición del Foro fue “reflexionar sobre la oportunidad de reinserción de Argentina en la agenda global, con un análisis sobre la situación geopolítica, los modelos de competitividad exitosos de la región, el rol del sector privado en la Argentina y en el mundo”.
El empresario chileno se debió regir al “Chatham House”, la regla que impone el hermetismo entre los asistentes y que permite a los participantes del encuentro utilizar la información obtenida en esas charlas, siempre y cuando, no se identifique su origen.
La edición 2024 se realizó en el lugar que le da su nombre, el más exclusivo hotel de Bariloche. El Foro Llao Llao nació en 2012, sin embargo, se formalizó cuando Elsztain, celebró en 2015 la reapertura del recinto tras verse afectado por las cenizas del Volcán Puyehue que cubrieron la ciudad de Bariloche. El objetivo era buscar instancias de conversación, a puerta cerrada de la prensa, para así encontrar puntos en común entre el empresariado, la política y los sectores sociales.
Una reunión protocolar con el presidente Gabriel Boric sostuvo este viernes la nueva mesa de la Cámara recién electa, encabezada por su presidenta, la diputada comunista Karol Cariola, quien llegó a La Moneda junto al primer vicepresidente Gaspar Rivas (indep.) y el segundo vicepresidente Eric Aedo (DC).
Tras la cita, Cariola señaló que le expresó al mandatario que “nuestra disposición es poder representar, por sobre todo, los intereses del país. Así se lo hemos manifestado al Presidente. Más allá de nuestras posiciones políticas particulares, de nuestras militancias, de nuestras ideologías” y, tal como lo dijo en su discurso de asunción, que “Chile, su pueblo, sus necesidades y prioridades, son también las nuestras”.
Cariola, quien el lunes 22 enfrentará una moción de censura, añadió que en la reunión, en que también participaron el ministro y la subsecretaria de la Segpres, Álvaro Elizalde y Macarena Lobos, respectivamente, se concordaron posiciones comunes en relación a temas como la priorización de las urgencias ciudadanas.
En este aspecto enfatizó lo que dice relación con la seguridad pública como un elemento clave del trabajo legislativo, pero también como “la acción política del Gobierno para darle garantía a los chilenos y chilenas de poder salir tranquilos y tranquilas a la calle y vivir una vida libre de delincuencia”.
“No vamos a tener ningún problema ni ningún tipo de objeción respecto de priorizar la agenda de seguridad, tal como lo hemos manifestado públicamente y también se lo hemos dicho al Presidente, de un trabajo mancomunado con el Ministerio del Interior, también por supuesto con la Segpres. Lo mismo en materia de seguridad social”, enfatizó Cariola.