Cinco políticos opositores venezolanos han sido inhabilitados este miércoles para ejercer cargos públicos por lapsos que van entre uno y quince años, según anunció la Contraloría General de la República de Venezuela.

El fallo, publicado en la página web del organismo, afecta a Juan Carlos Caldera, quien estará inhabilitado por un período de doce meses, mientras que Carlos Ocariz, Tomás Guanipa y los alcaldes Elías Sayeh y José Antonio Fernández López, lo estarán por 15 años.

La Contraloría no precisa los motivos de las inhabilitaciones de estos políticos que, según recogen medios locales, son potenciales candidatos en las elecciones regionales y municipales que deben celebrarse en 2025.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) condenó estas medidas “dirigidas a miembros de las fuerzas democráticas”.

“Desde el régimen insisten en seguir violando los Derechos Humanos y políticos de la dirigencia democrática y de todos los ciudadanos venezolanos, pero no podrán apartarnos de la ruta electoral con la que conquistaremos, este próximo 28 de julio, el cambio tan anhelado por los venezolanos”, declaró la Plataforma Unitaria Democrática en su cuenta de la red social X.

A su vez, el principal candidato de la oposición para las elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González Urrutia, afirmó en la citada red social su solidaridad con los afectados por esta “arbitraria” medida, “una muestra más de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho”.

Estas inhabilitaciones se suman a la de María Corina Machado, destacada candidata de la oposición, que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del 28 de julio, desde que en marzo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela le imputase una inhabilitación de 15 años.

Un gran jurado imputó a 18 personas por su presunta participación en una trama de falsos electores en Arizona para reelegir al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2020, informó el miércoles el fiscal general del estado.

Los documentos judiciales enumeran a un “expresidente de Estados Unidos”, Trump, como co-conspirador no acusado.

La acusación se deriva de los esfuerzos para revertir la victoria del demócrata Joe Biden en varios estados en 2020, basándose en las falsas afirmaciones de Trump de que había sido reelegido.

Los nombres de siete acusados están redactados en una acusación que nombra a otros 11. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, dijo en un comunicado anunciando los cargos que esos nombres se harían públicos después de que todos los acusados hubieran sido notificados de la acusación.

Rudy Giuliani, abogado de Trump, está entre los acusados, dijo su portavoz Ted Goodman, aunque el nombre del exalcalde de Nueva York está redactado.

“El continuo armamentismo de nuestro sistema judicial debería preocupar a todos los estadounidenses, ya que causa un daño permanente e irrevocable al país”, dijo Goodman.

“El alcalde Rudy Giuliani -uno de los fiscales más eficaces de la historia de Estados Unidos, que acabó con la mafia, limpió las calles de Nueva York y encerró a funcionarios públicos corruptos- se enorgullece de defender a los innumerables estadounidenses que plantearon preocupaciones legítimas en torno a las elecciones presidenciales de 2020″, agregó.

La acusación también identifica a un acusado como jefe de gabinete en 2020, el puesto que Mark Meadows ocupaba en la Casa Blanca de Trump en ese momento. Los representantes de Meadows y Trump no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los presidentes de Estados Unidos son elegidos por los electores de cada estado, que emiten votos en el Colegio Electoral, donde los votos se asignan en función de la población de cada estado.

En Arizona y en casi todos los demás estados, el ganador del voto popular recibe todos los votos electorales del estado. Para ganar la presidencia, un candidato necesita 270 votos, la mayoría del total de 538 votos electorales.

Arizona tiene 11 votos electorales, y los 11 acusados nombrados en la acusación corresponderían a las personas que pretendían ser electores de Arizona para Trump.

La noche de este miércoles, Sebastián de la Maza, fue sorprendido incumpliendo al arresto domiciliario total decretado en su contra, tras haber sido detenido luego de lanzar un perro desde el piso 12 de un edificio del centro de Santiago.

Ayer durante su formalización por los delitos de maltrato animal, lesiones menos graves e infracción a la Ley de Drogas, el Séptimo Juzgado de Garantía decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para De la Maza y fijó un plazo de investigación de 120 días.

Durante la noche de este miércoles, diversos registros en redes sociales dieron cuenta que el sujeto en cuestión hizo abandono del lugar que fijó para cumplir con la medida cautelar, en momentos que grupos animalistas realizaban una velatón para “Lalito”, la mascota que murió.

En los registros se puede apreciar cómo los vecinos lo agreden a golpes en momentos que incumplía la medida cautelar que pesa en su contra.

El periodista César Campos, quien se encontraba en el lugar, relató a La Tercera que “estábamos en la velatón, cuando él en una esquina, cerca de las 20.55 cuando los vecinos lo detectan y se dan cuenta que él estaba en una esquina. Él empieza a caminar por la vereda del frente donde estábamos nosotros”.

“Un vecino lo agarró de la mochila (…) fue circunstancial que las motos y carabineros lo detuvieran, porque este tipo se echó a correr luego de que decía que no era él. Además, este sujeto decía ‘pero si me dejaron libre’. Nadie dice eso. A él carabineros lo sacó del lugar porque si no lo iban a linchar”, agregó el comunicador, quien solicitó ayuda para realizar pruebas necrológicas al can.

De acuerdo a las grabaciones al lugar llegaron funcionarios de Seguridad de la Municipalidad de Santiago junto a personal de Carabineros, quienes sacaron a De la Maza del lugar.

El diputado Sebastián Videla (Ind.-PL) compartió uno de los registros del momento en que fue sorprendido incumpliendo la medida cautelar y anunció una querella contra el sujeto.