El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció este miércoles que levantarán cercos militares y policiales en las grandes ciudades para recrudecer la persecución contra los pandillerosa quienes las autoridades responsabilizan de la mayoría de los delitos en el país.
“Ahora viene la fase cinco, que es la parte de extracción de los delincuentes que aún quedan en las comunidades”dijo el mandatario en un acto frente a unos 14.000 militares que se sumarán a la tarea de perseguir a las pandillas.
Bukele no brindó detalles sobre cuándo comenzará a aplicar los controles ni en qué ciudades se registrarán los accesos y salidas. alegando que esto alertaría a los pandilleros.
Pero explicó que retomarán la experiencia del cerco militar instalado en el municipio de Comasagua, al sur de San Salvador, para capturar a los responsables del asesinato de un campesino de la zona. “Fue un éxito”, defendió el presidente, a pesar de a las críticas que genera su política de mano dura por organizaciones que denuncian violaciones a los derechos humanos.
En el operativo desplegado en la primera semana de octubre, más de 2.000 militares y unos 500 policías de fuerzas especiales tomaron el control de la vía de acceso a Comasagua, a unos 29 kilómetros de la capital. Las personas que entraban y salían de la cerca eran sometidas a un riguroso registro.
también usaron drones para buscar a los pandilleros que se habían refugiado en los cafetales de la zona. En dos días capturaron a unos 50 antisociales, según la versión oficial, entre ellos los presuntos asesinos del campesino.
Bukele aseguró que todas las entradas y salidas de las ciudades estarán cerradas para evitar filtraciones y que la medida también va dirigida a quienes están a cargo de “proporcionarles alimentos, armas y todo lo que utilizan para intimidar a la población”.
El 27 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el Congreso aprobó la implementación del estado de emergencia, que fue renovado por octava vez hace 10 días y que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de su derechos y el motivo de la detención, así como la asistencia de un abogado.
Sin embargo, siete organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades. Han documentado más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos -detenciones arbitrarias, hostigamientos, amenazas e incluso lesiones- durante los primeros seis meses del estado de excepción y la muerte de 80 personas bajo custodia estatal, según un informe presentado en octubre.
Las cifras del gobierno reflejan que hasta el momento del estado de emergencia 58,098 pandilleros o colaboradores de pandillas han sido capturados, entre ellos, 843 jefes de pandillas o grupos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. En sus registros, dice el Ejecutivo, se tiene constancia de 76.600 pandilleros y quedan alrededor de 26.000 por capturar.
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