Al menos Cinco policías ecuatorianos murieron este martes en una serie de ataques contra la fuerza en Guayaquil y Esmeraldas en reacción a un plan para reorganizar las cárceles del país, que llevó al presidente Guillermo Lasso a declarar estado de excepción en dos provincias.
El presidente culpó repetidamente de la violencia, incluso dentro de las prisiones, a las represalias de las bandas de narcotraficantes por los esfuerzos de su gobierno para combatirlas.
Ecuador es utilizado como punto de tránsito de drogas con destino a Estados Unidos y Europa.
Los ataques durante la madrugada del martes fueron una abierta declaración de guerra de las pandillas, en medio de una intervención de la fuerza pública en uno de los penales del país, dijo Lasso, en una intervención televisada.
“Lo ocurrido entre anoche y hoy en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que está dispuesta a traspasar la delincuencia organizada transnacional que estamos combatiendo”, dijo. “Estamos tomando medidas que los tienen preocupados, de ahí la reacción”.
En esa línea, Lasso declaró estado de emergencia en las provincias de Guayas y Esmeraldas, donde la fuerza pública intensificará sus operaciones y entrará en vigor un toque de queda a partir de las 21:00 hora local (02:00 GMT).
Lasso, quien canceló un viaje personal a Estados Unidos por los ataques, usó repetidamente declaraciones de emergencia para tratar de lidiar con la violencia.
Seis explosiones se registraron en la madrugada de este martes en diversas zonas de Guayaquil, informó la Policía a los periodistas. mientras que dos policías murieron en un ataque a una patrulla en las afueras.
Otros tres oficiales fueron asesinados en la ciudad y sus alrededores más tarde el martes, dijo el gobierno.
Fue reportado tres explosiones en Esmeraldas y siete funcionarios de prisiones fueron tomados como rehenes por internos que protestaban por los traslados.
Los oficiales fueron liberados después de negociaciones, dijo la agencia penitenciaria SNAI.
El sistema penitenciario de Ecuador ha enfrentado problemas estructurales durante décadas, pero la violencia carcelaria se ha disparado desde finales de 2020, cuando se informó de la muerte de al menos 400 personas.
El SNAI informó que trasladaron a 515 reclusos del centro penitenciario a otros penales del país. La entidad agregó que las medidas buscan reducir el hacinamiento y garantizar la seguridad de la población carcelaria.
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