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Presionada por anuncio de acusación constitucional y denuncia por prevaricación: Marcela Ríos renuncia al Ministerio de Justicia antes de completar 10 meses en el cargo

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A casi diez meses de asumir el cargo, Marcela Ríos entregó al presidente Gabriel Boric su renuncia como Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La ahora ex autoridad de gobierno tomó la decisión presionada por el anuncio de la interposición de una acusación constitucional en su contra y la denuncia por delito de prevaricación que un grupo de diputados de Renovación Nacional decidió ingresar al Ministerio Público para la Perdono a Jorge Mateluna.

Él sociólogo y politólogo asumió en marzo de 2022 en Justicia, como parte del gabinete con el que Boric asumió la Presidencia. La mayor parte de su carrera la había pasado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También es exvicepresidenta de Comunidad Mujer y autora de publicaciones como Mujeres y Política y Cuotas de Género, Democracia y Representación. Trabajó durante 14 años en el PNUD principalmente en estos temas.

En 2006, debido a presiones por la ausencia de mujeres en la instancia, se incorporó a la comisión convocada por la entonces presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno -y presidida por Edgardo Boeninger- para reformar el sistema electoral binominal que regía las elecciones legislativas.

Con menos de dos meses en el cargo, a principios de mayo, la ahora exsecretaria de Estado protagonizó un polémico episodio debido a su respuesta en entrevista con El Mercurio, cuando le preguntaron si Celestino Córdoba, condenado a 18 años de prisión por el crimen del matrimonio de Wener Luchsinger y Vivianne Mackay, fue para ella una presa política. La militante de Convergencia Social fue duramente criticada tras evitar hacer un calificativo sobre las machi. “No es mi responsabilidad pronunciarme respecto a las calificaciones específicas que tienen los casos”dicho.

En la Secom su respuesta fue mal evaluada y la misma noche del episodio publicó un tweet explicando sus dichos. Hizo lo mismo al día siguiente en el Congreso. “Me gustaría aclarar respecto al caso de Celestino Córdoba: tanto para este ministerio como para este ministro es un preso comuncondenado por homicidio culposo”, dijo, para cerrar el tema.

Posteriormente, su situación comenzó a complicarse debido al traslado de prisioneros mapuche en Angol. La oposición comenzó a preparar una acusación constitucional tras conocer que el director de Gendarmería de La Araucanía, Juan Navarrete, se reunió a puerta cerrada con el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, en una cita en la que se realizó el traslado de dos internos al Centro de Educación y Trabajo (TEC) y otra al Hospital de Angol. La reunión sucedió justo después de que el grupo radicalizado se atribuyera la autoría de un incendio provocado y amenazara al director de la prisión. La respuesta inicial de Ríos fue desmarcarse del hecho, asegurando que correspondía a las prerrogativas de Gendarmería, que le abrió un flanco.

Otro episodio polémico en su gestión, recuerdan en el oficialismo, es la entrevista que concedió a La Segunda denunciando malos tratos por parte de sectores del Senado. “Si usted fue maltratado por un senador, identifíquelo”, advirtió en esos días el senador Pedro Araya (PPD), exigiendo una disculpa pública.

La salida de Ríos había sido solicitada desde que el Senado rechazó, en un hecho sin precedentes, la postulación hecha por el presidente Gabriel Boric para que José Morales asumiera como fiscal nacional del Ministerio Público. Jorge Abbott dejó el cargo a finales de septiembre del año pasado y aún no se ha confirmado a su sucesor. Tras el rechazo de Morales, Boric seleccionó a un candidato: la jefa de las unidades Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, quien también fue rechazada, obteniendo incluso menos apoyo que Morales en la Cámara Alta. El lunes los legisladores votarán la tercera propuesta del Ejecutivo, Ángel Valencia.

En medio de una negociación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para llegar a un acuerdo con la oposición para viabilizar proyectos de combate a la delincuencia y con el tema del fiscal nacional pendiente, El 30 de diciembre, el Ejecutivo anunció la decisión de indultar a un grupo de los condenados por delitos asociados a las protestas que siguieron al estallido social del viernes 18 de octubre de 2019. Además, el beneficio fue otorgado al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna.

La oposición se retiró de inmediato del acuerdo de seguridad e inició una ofensiva contra el Ejecutivo y Ríos.

Ayudó a esa ofensiva descuido en la comunicación de los indultos. La Presidencia reportó 11 beneficiarios, sin embargo, de la cartera que en ese momento encabezaba Ríos, advirtieron sobre la inclusión de dos nombres que no fueron considerados y otros dos que debían formar parte de la lista y quedaron fuera. Finalmente, se dijo que el beneficio sería otorgado a 13 personas en total y que la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Justicia “Él envió incompletamente la lista de personas que fueron indultadas”.

“No son delincuentes”aseguró el presidente Boric por los 13 condenados que hoy están libres, e incluso acusó de “irregularidades” en el caso contra Mateluna, cuyo indulto se había negado a firmar durante el último gobierno de Michelle Bachelet, su entonces ministro de Justicia, Jaime Campos, argumentando que había No había razones humanitarias para hacerlo, argumentó.

Las declaraciones de Boric sobre Mateluna generaron una reacción inmediata del Poder Judicial. La constitucionalidad de los indultos fue cuestionada por la oposición, que anunció que estudiaría una presentación al respecto. “No descartamos que esta decisión pueda ser revisada en la Corte Constitucional”, afirmó el Senador y Presidente de la UDI, Javier Macaya. Y los antecedentes de los beneficiados motivaron críticas.

El capítulo de los indultos aún deja aristas sin resolver y las dudas aumentaron el jueves 5 de enero, cuando la cartera publicó, por transparencia activa, el decretos para los 13 presos a quienes se les concedió la libertad. El jueves 29 de diciembre se firmaron once decretos y el 30 de diciembre dos, los de Luis Castillo Opazo Y Sebastián Montenegro Cía. Ambos no fueron indultados inicialmente y no debieron estar entre los beneficiarios según la alerta que se emitió desde el Ministerio de Justicia cuando Presidencia informó originalmente la lista.

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Medvedev defiende al público chileno en Miami

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Daniil Medvedev (4°) intenta sacar en uno de los momentos claves del segundo set frente al ruido proveniente de las gradas. El ruso, ni siquiera se molesta en esperar, sino que va y lanza uno de sus potentes servicios. La situación se repite, al punto de que el juez constantemente pide a los chilenos que permanezcan en silencio mientras el rival de Nicolás Jarry se preparar para comenzar el juego.

Pese a que la escena pudo haber descontrolado al europeo, quien a lo largo de los años se ha enfrentado en reiteradas ocasiones frente al público de sus partidos, este se muestra tranquilo. No pierde el foco, ni siquiera cuando estuvo al borde la cornisa en el segundo set.

Aquello provocó que fuese imposible no preguntarle al moscovita sobre sus sensaciones del público chileno luego de vencer por 6-2 y 7-6(7) a Nicolás Jarry en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami. Con honestidad, aclaró que la atmósfera fue genial y que en ningún momento se sintió molesto por el ambiente que crearon los nacionales.

“Esperaba que fuera peor en algún sentido, que hubiera más ruido y más apoyo para él. Incluso en un momento lo sentí bastante parejo aunque probablemente no habían chilenos apoyando por mí, pero me sentí muy bien en la cancha, con una gran atmósfera. Incluso hubo momentos en que el juez pidió que la gente se calmara antes de mi servicio y yo le dije que estaba todo bien. Honestamente he vivido cosas peores, entonces fue divertido”, confesó a ESPN a un costado de la cancha principal del Hard Rock Stadium.

Allí, el campeón del US Open de 2021 y actual defensor del título en Miami, también aprovechó de analizar el duelo ante Jarry, sobre todo la evidente subida de nivel que mostró en el segundo parcial del partido. “Él mejoró mucho y tuvo grandes momentos en el segundo set. Comenzó a jugar mejor los rallies, sacar mejor, entonces fue un set muy duro. Tuvo break point en el 5-5 y en el tiebreak creo que de alguna manera ambos tuvimos altibajos pero al mismo tiempo cuando uno estaba abajo, el otro subía, así que estoy tranquilo de haberme podido mantener tranquilo y lograr ganarlo”, declaró.

Finalmente, aprovechó de anticipar lo que será su duelo ante el italiano Jannik Sinner (3°) en las semifinales. El enfrentamiento viene con historial, ya que ambos se enfrentaron en la final del Miami Open el año pasado y en la definición del título por el Abierto de Australia en enero de 2024.

Espero un partido intenso, por supuesto. Cuando jugamos tenemos muchos rallies, ambos podemos estar cansados físicamente, así que estaré ahí para mostrar mi 100%. Como no será fácil para él, yo también intentaré seguir mejorando mi juego y por supuesto conseguir la victoria”, añadió el ex número uno del mundo.

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Sofofa aprueba modificación de estatutos

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El Consejo General de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) aprobó este miércoles a la modificaciones a los estatutos de la asociación propuestos el pasado 15 de enero, una reforma global que, según la entidad, busca “fortalecer la institucionalidad y modernizar el gobierno corporativo del gremio”.

La modificación más polémica, sin embargo, aludió a la nueva definición de socios empresa, que excluye servicios profesionales tales como consultorías, auditorías, servicios de educación, asesorías legales, agencias de publicidad y comunicación, y servicios de fiscalización y certificaciones. La propuesta excluye en la práctica a las auditoras, hoy socios activos del gremio que postulan candidatos a las elecciones del Consejo General.

El resto de las disciplinas casi no tienen hoy integración. El cambio, sin embargo, no sacará a las auditoras -entre las principales están KPMG, PwC, Deloitte y EY– de toda la actividad gremial: podrán seguir en la categoría de socios institucionales, pero ya no podrán participar en las elecciones internas ni postular candidaturas.

Dada la discusión que generó la propuesta, el gremio liderado por Rosario Navarro decidió votar por separado esa reforma específica de todo un amplio conjunto de modificaciones. Y mientras la reforma global se aprobó por una amplia mayoría, la exclusión de las auditoras fue aprobada por un estrecho margen. La Sofofa declinó entregar el detalle de la votación, pero personas ligadas al gremio dicen que el resultado fue de 41 a favor del cambio y 38 en contra.

Tras ser aprobada por el consejo general, que incluye a 60 consejeros electivos y 60 consejeros gremiales, la reforma estatutaria deberá ser votada por una asamblea extraordinaria de socios. Para ello, sin embargo, se requiere un quórum de dos tercios de socios empresas. Y mientras en el gremio dicen que, en esa votación, sin fecha aún, deberá votarse todo junto -la propuesta completa, incluyendo el artículo quinto-, algunas personas ligadas al consejo sostienen que debe realizarse, igual que en el Consejo General de este miércoles, en dos sufragios separados. “No hay norma al respecto”, asegura alguien que siguió todo el proceso desde el inicio, en enero.

La presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, expresó que la “actualización es un paso importante de modernización, ya que también busca mejorar la representatividad de las empresas socias y adaptarnos a los desafíos del futuro. Estamos seguros de que estas modificaciones nos permitirán ser más eficientes, transparentes y representativos de los intereses de nuestros socios”.

Los principales aspectos modificados en los estatutos apuntan a distintas áreas de la estructura de la Sofofa. En relación a los consejeros electivos se limitará a uno sólo por empresa sin importar el período de elección y se le otorgará a la empresa que presentó al candidato original el derecho a promover un reemplazante en caso de vacantes.

Consejo general de la Sofofa aprueba por estrecho margen la exclusión de las auditoras. En la imagen, Rosario Navarro.

Adicionalmente se modificará la integración del comité ejecutivo, abriendo dos cupos a elección del consejo general, la flexibilización de los requisitos de postulación para mujeres a este mismo, y la creación del cargo de gerente general. La decisión respecto a este último, fue anunciada a principios de año, cuando se eligió para ocupar el cargo al histórico miembro del gremio, Jorge Ortúzar.

El gremio apuntó a que estos cambios se estuvieron gestando y trabajado durante varios años dentro de la organización, y han recogido las sugerencias de distintas administraciones, consejeros y socios.

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Inédito fallo de la Corte de San Miguel lleva a familiares de víctima de DD.HH. a recurrir a la Corte Interamericana

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Como “violento e indignante” por parte de distintas agrupaciones de derechos humanos fue calificado el fallo que recientemente emitió la Corte de Apelaciones de San Miguel, respecto del caso de Vicente Blanco Ubilla, dirigente vecinal de San Bernardo que fue detenido y posteriormente asesinado en 1973, durante la dictadura militar.

Y es que de acuerdo con familiares de la víctima y los abogados que los representan, no había razón para que a más de 50 años de ocurrido los hechos, el tribunal de alzada anulara la sentencia dictada en contra de agentes del Estado y ordenara retrotraer todo el proceso a etapa de sumario. Por lo mismo, adelantaron que no sólo recurrirán de queja ante la Corte Suprema, sino que también realizarán presentaciones ante la Comisión y la Corte Corte Interamericana de DD.HH.

De acuerdo con los detalles entregados por el penalista Francisco Bustos, parte del equipo querellante, se está ante una resolución inédita, puesto que en más de 15 años no se habían acogido argumentos que, para ellos, contravienen directamente la obligación que tiene el Estado de no obstaculizar la persecución de violaciones a los derechos humanos.

En concreto, como explicó, lo que la Corte hizo fue acoger lo expuesto por el fiscal judicial del organismo, que advirtió que al momento de procesar y acusar a los agentes, la ministra Marianela Cifuentes los encausó por delitos de lesa humanidad amparándose en el Estatuto de Roma, pese a que este fue adoptado con posterioridad a que se cometieran los hechos en cuestión. Por lo mismo, entonces, es que se habría acogido la tesis de que la situación lesiona el derecho a la defensa.

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIA UNO

Así las cosas, la resolución estableció: “La juez del fondo incurrió en un vicio que influye en lo dispositivo del fallo al calificar los hechos, además, como un crimen de lesa humanidad con una valoración jurídica más perjudicial para los sentenciados, sin que sus defensas hayan podido hacerse cargo de aquello en sus escritos de contestación a la acusación, desde que la imputación penal se limitó a la de un delito de secuestro calificado, con todas las implicancias que de ello se derivan para la aplicación de la pena”.

Y, por tanto, se agrega, se resolvió anular la sentencia apelada y se ordenó “retrotraer la tramitación de la presente causa al estado de sumario para pronunciarse acerca de las diligencias y sobreseimiento solicitados por las defensas de los procesados Hugo Medina Leiva y Alfonso Faúndez y de dictarse la acusación en forma”.

Frente a la determinación, Bustos detalló que “como abogados de los familiares de Vicente Blanco Ubilla y como litigantes en materias de derechos humanos, nos parece que es una resolución sumamente preocupante, ante lo cual vamos a presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema, sin prejuicio de que además vamos a hacer una presentación ante la comisión y la Corte Interamericana, porque se está desconociendo lo que se ordenó en el caso Almonacid. Aquello es que el Estado chileno no puede bajo ningún pretexto poner obstáculos para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad”.

“El Estado chileno ha suscrito todos los instrumentos internacionales e incluso ahora un tratado firmado por el ministro Cordero recientemente en La Haya. Entonces, aquí se están vulnerando diversas obligaciones internacionales y vamos a buscar revertir esta sentencia”, dijo.

11 de julio del 2023 / SANTIAGO En el Día de la Dignidad Nacional y a dos meses de que se conmemoren los 50 años del golpe de Estado, la Coordinadora Luchas y Memorias a 50 años, integrada por diversas organizaciones sociales, populares, sitios de memoria y defensores/as de derechos humanos, dan inicio a acciones en torno a los 50 años del golpe. FRANCISCO PAREDES / AGENCIA UNO

Explicó, en la misma línea que si bien el fiscal judicial había hecho otros pronunciamientos en este sentido, “la Corte en general había acogido nuestras observaciones y las de otros colegas -en causas en que no somos parte-, diciendo que en definitiva los inculpados no vieron afectado su derecho a la defensa porque ellos presentaron excepciones y, al presentarlas, se les dijo que eran delitos de lesa humanidad por tal y tal fuente. Y nosotros sí plasmamos eso en nuestra acusación particular”.

Incluso, complementó con que existe una resolución del Tribunal Constitucional (TC), a propósito del episodio “boinas negras”, que establece que el Estatuto de Roma “se debe leer como un instrumento que cristaliza la norma imperativa de derecho internacional en orden al deber de investigar, juzgar y sancionar los delitos de lesa humanidad. En realidad, entonces, cuando la ministra refiere esta norma está haciendo presente todo un corpus de derecho internacional”.

Por tanto, de acuerdo con los antecedentes expuestos por Bustos, la Corte debió haber considerado que al haber la ministra mencionado el Estatuto de Roma, estaba haciendo mención implícita a una serie de otras normas o tratados, por lo que descarta que se haya afectado el derecho a la defensa.

“La familia está sumamente indignada, ellos no podían creer esto, porque ellos sabían que se podían modificar las condenas, pero que acá se obligue a hacer todo de nuevo, es algo muy violento”, cerró el abogado que se desempeña en el equipo encabezado por Nelson Caucoto.

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