Economia
Presupuesto 2025: Hacienda negocia con gobernadores modificaciones a las trabas y así agilizar su ejecución
Con esperanza y altas expectativas.
Así que espera la Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) los anuncios que hará el Gobierno sobre el contenido del Presupuesto del sector público del próximo año, en medio de las negociaciones que han sostenido con el Ejecutivo para flexibilizar la regulación y así agilizar el presupuesto ejecución del Gobierno Regional (GORE).
En la Ley de Presupuesto de este año se establecieron mayores controles y restricciones al uso de algunos recursos por parte del GORE, en el marco del caso Acuerdos. Esto ha resultado en A julio de 2024, la ejecución a nivel nacional de los Gobiernos Regionales alcanzó solo el 36%. Al mismo mes de 2023, el nivel de gasto fue de 51,7%, mientras que el promedio de ejecución a julio entre 2010 y 2024 es de 49,4%.
Dadas las bajas cifras, el presidente de Agorechi y gobernador de Valparaíso, Rodrigo MundacaSe reunió con autoridades del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto (Dipres) y la Contraloría, buscando soluciones al problema que atraviesa todas las regiones.
De hecho, a mediados de año se formó un grupo de trabajo con Teatinos 120 para abordar el tema. Por supuesto, los resultados concretos se verán una vez que se conozca el contenido del tesoro.
Mundaca indica que en materia de Presupuestos espera que “la ejecución en sí no implica procesos adicionales e innecesarios que no agreguen valor en términos de control”. Asimismo, añade que la idea es que no se generen problemas que obstaculicen los programas y proyectos, “ya que el objetivo principal es llegar a tiempo a los ciudadanos”.
La autoridad regional -que aspira a la reelección- afirma que los cambios que ha propuesto van dirigidos para “lograr una rápida apertura presupuestaria que permita iniciar la ejecución en enero de 2025 y no como ocurrió en 2024, cuando prácticamente se inició en el mes de marzo, retrasándose todo”.
Otros cambios tienen que ver con el rol del Consejo Regional (Núcleo) en el proceso de ejecución presupuestaria, para que su aporte en términos de control sea efectivo en dicho proceso. Además, llama a incorporar a los procesos a bomberos e instituciones de educación superior, para que la transferencia de recursos para apoyar su desempeño se realice en los tiempos que requieren.
Respecto a las expectativas de las conversaciones con la Dipres, Mundaca explica que este año han tenido un “diálogo franco y constante, y esperamos que gran parte de las propuestas presentadas por los Gores se incorporen a las glosas presupuestarias, dado que son todo lógico para mejorar el gasto, su ejecución y mantener o incrementar los procesos de control en el uso de los recursos”.
Destaca que también se han reunido este año con la Contraloría “compartiendo criterios comunes en el proceso de ejecución presupuestaria, identificando aquellos procedimientos incorporados en la Ley de Presupuesto que agregan valor a la calidad del gasto y a su correcto uso y asignación”.
Para el gobernador de Magallanes, Jorge Moscas, Los puntos clave a resolver por la autoridad central son también la apertura presupuestaria, “porque en 2023 pudimos empezar a gastar en enero, pero este año sólo a finales de marzo” y también un “uso más rápido de los recursos de emergencia, ya que hoy por decreto autorizaciones llegan dos o tres meses después de la emergencia y autorizaciones presupuestarias más eficientes, considerando los montos y proyectos aprobados”.
“Con los procesos actuales, deben pasar dos veces por el Core, Hacienda y Contraloría, un tiempo promedio de procesamiento de seis meses”, agrega Moscas.
Mientras que el gobernador de Los Lagos, Patricio Vallespín, Sostiene que lo que pasó con algunos Gores respecto a cuestiones sobre transferencias de recursos a instituciones privadas generó “regulaciones excesivas en la Ley de Presupuesto que no son consistentes con un ente descentralizado al establecer un control excesivo”.
Califica estas disposiciones como “un conjunto de restricciones exageradas y limitaciones inapropiadas como para las contribuciones a los Bomberos o la Teletón y para el uso del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que es para pequeñas organizaciones que postulan a proyectos por $3 millones o $4 millones”.
Vallespín añade que “Son obstáculos completamente inadecuados” pero se muestra optimista de que tanto el Gobierno como los parlamentarios corregirán estas situaciones en el Presupuesto 2025, porque a su juicio “Claramente están yendo más allá de los poderes de una entidad descentralizada como los Gores”.
