La compleja situación presupuestaria denunciada por los Gobiernos Regionales (GORE) fue el principal motivo para que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados convocara este lunes al ministro del ramo, Mario Marcel, y a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez.
En el encuentro, ambas autoridades fueron cuestionadas por parlamentarios del oficialismo y de la oposición sobre la situación en la que se encuentra el GORE, quienes afirman que han sufrido retrasos en la ejecución de fondos debido a recortes de gastos o falta de autorizaciones para gastar del gobierno. Gobierno. Central.
El primero en tomar la palabra fue Marcel, quien subrayó que por el momento el escenario jurídico del GORE no es diferente al de otros organismos de la administración central, por lo que deben estar sujetos a las mismas reglas de control presupuestario y austeridad que los demás. instituciones.
Eso podría cambiar, dijo, con el proyecto de ley de ingresos regionales, instando a los legisladores a retomar la discusión de esa iniciativa legal.
“Con la reforma constitucional que estableció la elección directa de gobernadores se establecieron áreas de competencia como el desarrollo de la promoción de actividades productivas y el desarrollo económico, cultural y social, entre otras”, dijo el ministro.
Sin embargo, agregó que “cuando los municipios se transformaron en Gobiernos Regionales no se modificaron las competencias presupuestarias del GORE, propias de un Gobierno Regional con mayor independencia de la administración central y con un CORE deliberativo en materia de gasto. Lo anterior fue entregado a la Ley de Presupuesto”.
Por ello, desde 2021 se han incorporado modificaciones a las competencias del GORE a través de las glosas de la Ley de Presupuesto anual, incluyendo en 2024 una serie de restricciones en el marco de las controversias sobre las transferencias de dinero público a fundaciones vía convenios.
Tres explicaciones
A su vez, Martínez destacó que a noviembre el GORE tiene un saldo presupuestario a su favor de más de $310.000 millones, que es la diferencia entre los ingresos que ha recibido este año ($1.214.495 millones) y los desembolsos que ha realizado. ($903.700.810 millones).
Con esto, descartó que los Gobiernos Regionales se encuentren en una situación de déficit de recursos o que haya transacciones detenidas por recortes de gasto o autorizaciones pendientes de Santiago.
“El ajuste fiscal no puede ser la explicación del impago de una factura. El ajuste fiscal ya se hizo”, afirmó.
Junto a lo anterior, agrupó el retraso en la ejecución de los recursos en tres motivos.
El primero está relacionado con la administración presupuestaria, ya que hay GORE que no están reconociendo ingresos presupuestarios propios, como el litio o las regalías en las regiones del norte.
El segundo tiene que ver con la gestión de caja, ya que muchos GORE no separan correctamente sus cuentas para identificar el espacio presupuestario, explicó.
Mientras que la tercera causa son las autorizaciones legales, que están relacionadas con restricciones incluidas en el tesoro para este año 2024 en el marco del caso Acuerdos y que frenan la ejecución presupuestaria.
