El procesamiento de la ley de presupuesto del sector público ha comenzado. En el sector educativo hay malas noticias: el gasto en la propina de la educación superior continúa aumentando, a pesar de que las nuevas instituciones han entrado en la política, ni la inscripción de beneficiarios ha aumentado significativamente. Hay un aumento relevante en el gasto en el apoyo a la gestión de la educación pública, pero se deja la educación privada subsidiada a la izquierda, que es mayoritaria y la más preferida por los padres.
El punto ahora es avanzar a lo que ha sido una práctica en las últimas erarias fiscales: la negociación de un “protocolo de acuerdo” entre la oposición y el gobierno, específicamente en términos de educación, con el objetivo de desbloquear la discusión.
En la ley presupuestaria procesada a fines de 2023, el protocolo se concentró en la prevención de una crisis en el gesto como se observó en la región de Atacama, con 80 días de parálisis. El diseño de los estándares para la transferencia del nuevo LIP se estableció en el protocolo. El propósito era evaluar el cumplimiento de dichos estándares en cada servicio local antes de que tuviera que tomar el control de las escuelas públicas de su territorio. Después de dos años de aplicación, esta idea fue, en mi opinión, exitosa. No solo permitió posponer la implementación de servicios que no estaban en condiciones de ser transferidos sin afectar a los niños, sino que también se acuerdan con un método que disminuyó la tensión política asociada con la demora.
El año 2024, por otro lado, el protocolo se concentró en el sistema de admisión escolar. Se creó una tabla de trabajo que funcionó para dar la modificación al SAE, y se suspendió la tarea para el azar (“Tómbola”). Pero todo salió mal. La tabla de trabajo sugirió menos que los cosméticos, ya que fue dirigido y compuesto, principalmente, por adherentes SAE. La propuesta del gobierno fue aún menos ambiciosa. ¿Y la tarea para el azar? Fue esencialmente reemplazado por la derrota de los estudiantes y el identificador de las escuelas, que también corresponde a una asignación … aleatoria. En este protocolo, también se tomaron otros compromisos, como procesar la flexibilidad necesaria de la ley de concesión de escuelas preferenciales, que no se cumplieron.
La evidencia es mixta, pero debemos tomar enseñanzas. La ley presupuestaria no debe usarse para modificar aspectos permanentes (como SAE), sino para hacer que los aspectos contingentes sean más flexibles (como el calendario de transferencia). Los protocolos, negociados al final del procesamiento y normalmente con un uso político importante, no son la forma de diseñar políticas públicas. Es probable que este año, dado el contexto electoral, los conflictos entre la oposición y el gobierno se unan a presiones más intensas de grupos de intereses particulares, como las universidades estatales. Si se revisa la solución de un protocolo de acuerdo, que también será otro gobierno que debe implementarlo, la integridad y la sostenibilidad de las políticas públicas deben estar protegidas y no introducir más incertidumbre en el sistema.
Por Daniel Rodríguez MoralesDirector Ejecutivo de Acción Educar
