El presupuesto para el próximo año es un fiel resumen de lo que la izquierda, encabezada por el Frente Amplio, viene impulsando en materia educativa desde que el propio Presidente irrumpió en la escena pública como líder estudiantil. Un ejemplo de poner recursos en el lugar equivocado.
En 2026, casi todo el aumento del gasto contemplado para educación se explica por dos cuestiones: $172 mil millones se destinarán a incrementar los recursos para la educación superior gratuita y $158 mil millones para avanzar en la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública, los SLEP. Dos reformas caras, que prometían mucho y han conseguido poco. La primera, la educación gratuita, se introdujo con la excusa de mejorar la equidad en el acceso a la educación superior, pero casi diez años después no sólo no ha cumplido ese objetivo, sino que ha estancado los recursos disponibles para las universidades y deteriorado su autonomía bajo el control estatal. Y el segundo – el SLEP -, que prometió revitalizar la educación pública, no ha logrado garantizar mejores condiciones para la gestión de las escuelas y liceos en comparación con la administración municipal.
Pero eso no es todo. Se trata de reformas que también han limitado el progreso en los desafíos más urgentes del sistema educativo. Restringiendo la disponibilidad de recursos para, por ejemplo, mejorar la calidad de la atención en la educación infantil, una etapa clave en el desarrollo infantil, que en los últimos años ha visto una caída en su cobertura y para la que se sigue posponiendo la obligatoriedad del reconocimiento oficial. O reforzar el apoyo a las escuelas, en un contexto de crecientes exigencias por parte del propio Estado. Así es como el presupuesto de 2026 reduce el gasto en subsidios escolares (-390 mil millones de dólares) y las transferencias para financiar guarderías y guarderías (-24 mil millones de dólares). Ambas cifras, calculadas después de reajustar el presupuesto base por inflación, algo elemental que el gobierno convenientemente no hizo.
En definitiva, lo que nos muestra el presupuesto 2026 es el gobierno gestionando su propio legado, no sólo el de estos cuatro años, sino el resultado de las reformas que se introdujeron hace años en respuesta a las consignas que instaló desde las calles y el Congreso. Reformas que no han cumplido sus objetivos, que han traído nuevos desafíos al sistema educativo y que han restringido los espacios para abordar lo que debería haber sido una prioridad y que hubiera permitido avanzar en calidad y mayor justicia.
Puertas publicitarias de las elecciones presidenciales, al próximo gobierno le espera una verdadera hazaña: sin holgura fiscal, pero con la responsabilidad de afrontar el panorama contradictorio en materia educativa. ¿Preservará el legado o buscará revertir –o al menos detener– esta verdadera paradoja educativa?