La jornada de este martes, el directorio nacional del Colegio de Profesores asistió a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde presentó unaserie de propuestas concretas para ser incluidas en la ley de protección a la labor docente, tras considerar que los proyectos presentados en este sentido carecen de la especificidad necesaria para hacer frente a la realidad que vive el profesorado.
En este sentido, el presidente del magisterio, Mario Aguilar, valoró la buena recepción por parte de los integrantes de la comisión para legislar sobre la materia, aunque advirtió que es necesaria “una legislación eficaz, no nos sirve una ley meramente declarativa, que ya existe en distintos cuerpos legales, se necesitan normas que den cuenta de la realidad del trabajo docente, que sean normas pertinentes y a la vez efectivas, que logren dar protección real al profesorado”.
En su intervención en la instancia, Aguilar explicó que “si bien se han presentado dos iniciativas parlamentarias, nos parecen insuficientes para lo que se requiere hoy, no cuentan con la especificidad que se necesita. No agregan mucho a lo que existe y lo que existe no es suficiente”.
En este sentido, detalló que la ley Karin -que sanciona el acoso y violencia en el trabajo- “contiene aspectos interesantes, pero no las adecuaciones específicas del trabajo docente. Trae avances respecto a la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo, pero debería pasar por un proceso de adecuación a la realidad de los establecimientos educacionales y ser incorporada directamente en el Estatuto Docente, estableciendo funciones y responsabilidades claras”.
Así, presentó una serie de propuestas ante la comisión para ser incluidas en la legislación, como que “los sostenedores elaboren protocolos de prevención que incluyan medidas para identificar riesgos, informar y capacitar a las y los docentes; medidas de resguardo para proteger la privacidad y honra de los involucrados y prevenir denuncias falsas; informar semestralmente los canales para denunciar los incumplimientos, que detallen los procedimientos que se deben seguir garantizando la confidencialidad, imparcialidad y perspectiva de género”.
Asimismo, Aguilar agregó que es necesario que se “establezcan procedimientos de investigación; aplicación de sanciones, plazos para la adopción de medidas o sanciones y el derecho de las y los docentes de impugnar dichas decisiones ante el tribunal competente”.
Además, el líder del gremio propuso “aumentar las sanciones según la gravedad de la agresión al docente; agregar la imposibilidad de archivar los casos si no cuenta con la aprobación o el acuerdo de quien ha sido la víctima y aplicar un protocolo a los funcionarios de Carabineros respecto a las agresiones a docentes, que tengan el tratamiento especial requerido porque muchas veces tienden a minimizar las lesiones”.
Por último, Aguilar solicitó “celeridad para esta ley, que se le dé la prioridad que corresponde, que el Mineduc y otros entes del Estado se involucren activamente para que lo más pronto posible podamos decir que tenemos una ley que nos protege”.
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