Los gremios de los sectores aeronáuticos, turísticos y comerciales del país han expresado su rechazo de la reciente iniciativa del Congreso de la República, lo que aumenta la aprobación del proyecto de ley 2210-2021-CR y acumuló 2956-2022-CR.
Esta propuesta buscaría permitir la intervención del estado para fijar los precios de los boletos de aire, lo que podría generar distorsiones serias del mercado y afectar a millones de pasajeros.
Desde la industria aeronáutica se ha advertido que, en las últimas décadas, el sector ha evolucionado hacia un modelo de flexibilidad y personalización de las tasas. Este sistema permite a los pasajeros acceder a boletos más asequibles y personalizar sus viajes de acuerdo con sus necesidades, eligiendo entre servicios básicos y opciones adicionales.
Gracias a este esquema, el número de pasajeros en Perú creció de 18 a 40 millones entre 2011 y 2019, mientras que las tasas de vuelos nacionales e internacionales se redujeron en un 40 %.
Sin embargo, el proyecto legislativo podría alterar esta estructura forzando servicios adicionales en tarifas básicas, como la selección de asientos y el equipaje de cabina de hasta 10 kilogramos. Esto haría los boletos más baratos, dañando a los pasajeros que buscan opciones más accesibles.
Según los datos del sector, aproximadamente el 70 % de los viajeros optan por tasas económicas sin servicios adicionales, lo que refleja una clara preferencia por la libertad de elección.
Los gremios también han criticado el hecho de que el proyecto se ha aprobado previamente sin un análisis técnico riguroso o consulta con entidades especializadas como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) o el Instituto Nacional de Defensa de Competencia y Protección de Propiedad Intelectual (INDECOPI).
Cabe señalar que Indecopi, en ese momento, desestimó la propuesta y reafirmó que la selección de asientos es un servicio adicional que debe pagarse por quién lo requiere.
Dada esta situación, los sindicatos instaron al Congreso y al poder ejecutivo a reconsiderar la medida y descartar el proyecto. Argumentan que su aprobación podría afectar la conectividad, el turismo y el desarrollo socioeconómico del país, haciendo acceso al transporte aéreo para millones de peruanos y alejándose del sector de las mejores prácticas internacionales.
