El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, expuso este lunes ante el Presidente Gabriel Boric los avances del proyecto de ley que elabora junto a la cartera de Hacienda para poner fin al sistema de financiamiento con Crédito con Aval del Estado (CAE) en la educación superior.
Tras participar en el comité político en La Moneda, el secretario de Estado explicó que se abordaron los aspectos de la reorganización de la deuda educativa y la construcción de un nuevo financiamiento de la educación superior. “Hemos presentado el diseño del proyecto, sus componentes y respondido preguntas”, señaló.
Cataldo dijo que la iniciativa, cuyo envío al Congreso se prevé para después del 18 de septiembre y antes que termine ese mes, está en su etapa final de “diseño técnico político”.
“Se termina el CAE, eso va a ocurrir; y considera la eliminación de la participación de la banca, ya que incluso la propia banca no se siente cómoda con el CAE”, expresó el ministro de Educación.
Junto con evitar entrar en el detalle del proyecto, Cataldo adelantó que las soluciones específicas las están viendo con Hacienda y que están mirando cuál es el esquema de solución a la deuda educativa que se presenta por grupos de estudiantes o egresados con deuda.
Consultado si es una condonación universal o caso a caso, planteó que “los mecanismos serán dados a conocer en su momento”, pero reiteró que se está “buscando una solución para todos” y que serán en función de las realidades de cada cual, “porque lo que buscamos es que el proyecto sea progresivo y justo, por eso debe ser con una mirada de los que están en mejores condiciones respecto a los que están en peores condiciones”.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, agregó que la idea es que el proyecto se fundamente no solo en cumplir un compromiso programático, sino que “el CAE no es sostenible ni para las personas endeudadas ni fiscalmente para el Estado”.
La secretaria de Estado dijo que la iniciativa en estudio “busca desbancarizar el sistema del financiamiento de la educación superior, sacar a la banca privada de esta ecuación; atender a las distintas realidades de los deudores, eso se basa en principios de progresividad y justicia, y creación de un nuevo sistema de financiamiento justo y sostenible”.
En esta misma lógica, confirmó que no es una solución universal, sino que “hay diferenciación efectivamente, porque las realidades son distintas, hay gente que no terminó la carrera, no tiene empleos, es de más bajos recursos, por tanto, la solución no es homogénea, pero sí justa y progresiva”.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
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