La creación de un nuevo sistema que sustituye al Crédito Avalado por el Estado (CAE), dando origen al régimen público de Financiamiento de la Educación Superior (FES), también ha puesto el foco en el alto costo que la universidad gratuita genera en las arcas fiscales. , ya que el nuevo esquema permitirá a los beneficiarios de esta póliza acceder también al FES.
Hoy la cobertura estudiantil gratuita alcanza al 60% de la población más vulnerable, y la Ley establece que su extensión a otros deciles de ingresos depende principalmente de la situación de las arcas fiscales.
El proyecto que crea el FES es responsable de la inminente activación del gatillo que lo extiende a deciles superiores, postergando dicha meta y generando importantes ahorros fiscales.
El informe financiero, elaborado por la Dirección de Presupuesto (Dipres), advierte que en 2027 se alcanzaría el detonante que ampliaría la cobertura gratuita, ya que los ingresos tributarios estructurales como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) alcanzarían ese año el 23,5 %. y 24,5% en 2029.
“Esto ampliaría los deciles libres a nuevos deciles en los años 2028 y 2030, respectivamente, los cuales se pospondrían con las nuevas cifras propuestas”, señala el informe.
Dado lo anterior, en el articulado del proyecto de ley presentado ayer a la Cámara de Diputados se modifican las cifras que permitirían incrementar la cobertura en los próximos años, determinándolas ahora como un nivel de los ingresos estructurales del Tesoro en proporción del Producto Interno Bruto PIB tendencial no minero.
Así, se modificaron los niveles de ingresos que activan el aumento de la cobertura, del 23,5% del PBI al 29,5% para 2027; y del 24,5% al 30,5% en 2029.
Lo anterior, dice la Dipres, implica que no habrá gasto anual adicional a lo que ya se considera en becas o CAE, cercanos a $40.000 millones y $100.000 millones, respectivamente.
Este año, el gasto fiscal relacionado con la universidad gratuita superaría los 2.100 millones de dólares, lo que explicaría más de la mitad de los recursos asignados a la educación superior.
Impacto en la sostenibilidad
El artículo 37 del proyecto de ley también aborda cuestiones relativas al compromiso con la sostenibilidad fiscal del nuevo sistema, relacionado con la proyección de flujos financieros de largo plazo.
Así, propone que la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y el Servicio Ingresa publiquen cada tres años un informe actuarial que proyecte los flujos financieros de largo plazo del instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior.
Si se detecta que se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, el citado informe deberá contener propuestas de ajustes al instrumento que se consideren necesarios para adecuar dichos flujos financieros de largo plazo, señala el artículo.
